La crisis de los opiáceos comenzó a principios de la década de 2010 a través del uso de fármacos con receta médica, como oxicodona y otros analgésicos derivados de la morfina. Para el Departamento de Estado, EE.UU. sufre su mayor “crisis de droga desde los 80”, una epidemia que llevó a Donald Trump a declarar la emergencia sanitaria en 2017, el año en el que 45.000 personas murieron por este tipo de sobredosis.
Hay dos crisis entrelazadas: por un lado la aparición del Fentanilo, una sustancia cincuenta veces más potente que la heroína y muy difícil de dosificar, con mucha circulación en el mercado negro. Otra gran cantidad de muertes están relacionadas con una prescripción indebida de medicamentos opiáceos y el uso de sus derivados.
El Gobierno de Trump ha hecho punta en la retórica basada en impedir el flujo de drogas que llega a Estados Unidos (principal país consumidor) provenientes en su mayoría de México. Al declarar la emergencia aseguró que el famoso muro frenaría la entrada de drogas, pero nada dijo del problema de las muertes por medicamentos legales consumidos con y sin receta dentro del territorio norteamericano. Lo que el discurso de la guerra contra las drogas no menciona es que la crisis es binacional: México y Estados Unidos afrontan un mismo fenómeno que se manifiesta de modos diferentes de un lado y otro de la frontera. La contracara de las sobredosis son los índices de violencia que en México alcanzan niveles inéditos: sólo en 2017 hubo más de 28 mil víctimas por homicidio doloso registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de ese país.
A estas cifras hay que sumarles una paradoja: mientras en los dominios de Trump trepan las muertes por sobredosis, en el resto del mundo hay muy poco acceso a medicamentos para el dolor, que utilizados con seguimiento médico mejoran la calidad de vida de quienes sufren enfermedades crónicas o terminales. Son distintas caras de una misma emergencia humanitaria de la que se dio cuenta en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass) en 2016. Un informe aportado por un comité científico para esta sesión especial indica que si bien muchas drogas controladas son consideradas “indispensables” para tratar condiciones de salud y aliviar el sufrimiento humano, “en más de 150 países se informa que el tratamiento para el dolor es insuficiente, lo que representa aproximadamente el 80 por ciento de la población mundial”.
