La propuesta oficial del abogado Carlos Horacio de Casas –defensor de represores, como reveló PáginaI12– para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue impugnada por los diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) ante el Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA). A la vez, el diputado radical Ricardo Alfonsín reclamó una explicación del Gobierno sobre la designación de De Casas, cuyo nombre fue propuesto desde su propio partido. Libres del Sur pidió que la canciller Susana Malcorra y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se presenten en el Congreso para “explicar la capacitación profesional y ética del candidato a la CIDH”. “El nombramiento de De Casas se inscribe en una política que apunta a la libertad de los genocidas presos y a legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en la represión interior”, sostuvieron desde el FIT. “Es la lógica del gobierno de Macri en su evidente y proverbial desprecio por los derechos humanos”, se sumó Alberto Fernández, del Frente Renovador.   

Impugnado

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la Comisión Interamericana debe estar compuesta por ‘personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos’. Sin embargo, el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional no cumple con estos requisitos”, dice la misiva que los legisladores del FpV-PJ dirigieron a la OEA y en la que solicitan que “rechace su designación”.

Los diputados también enviaron una carta al presidente Mauricio Macri en los mismos términos. “A la ausencia de una trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la región debe sumarse el hecho de que De Casas se ha desempeñado como defensor de un acusado por crímenes de lesa humanidad. En efecto, De Casas ha defendido al represor Enrique Blas Gómez Saa, actualmente impune por razones de salud. Gómez Saa fue integrante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y tiene pendiente un juicio oral por privaciones abusivas de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 contra tres víctimas: Oscar Martín Guidone (estudiante), Martín Ignacio Lecea y Roberto Edmundo Vélez (militantes del Partido Comunista)”, indicaron los legisladores en las cartas de impugnación elevadas a Macri y la OEA, con la firma del jefe de la bancada, Héctor Recalde, Diana Conti, Teresa García, Julio Solanas, Luana Volnovich y otros diputados del FPV-PJ.

Prontuario

En el gobierno de Cambiemos tienen otra valoración del abogado De Casas. “Tiene amplia experiencia en materia de derecho penal, garantías del debido proceso y derechos humanos, educación, responsabilidad social empresaria, responsabilidad de jueces, fiscales y abogados y asesoramiento en general de organizaciones de la sociedad civil”, dice el currículum vitae que la comisión permanente de la Argentina ante la OEA adjuntó el 31 de enero a la candidatura oficial de De Casas como comisionado en la CIDH.

“Ha actuado internacionalmente en derechos humanos ante la CIDH (Washington DC) y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra). En esos casos ha trabajado tutelando los derechos de periodistas perseguidos y sentando precedente a nivel interamericano en materia de plazo razonable para la prisión preventiva”, agrega sin mayores detalles el CV con que el Gobierno candidateó a De Casas en la OEA.

El domingo pasado, en este diario, Horacio Verbitsky reveló detalles de esos casos. En 2004 se presentó “conjuntamente con el abogado Carlos Varela Álvarez, quien sí tiene experiencia ante la CIDH y que en la década de 1990 fue el abogado defensor del traficante sirio de armas Monzer Al Kassar. Se trata del caso 12.553, por violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el derecho a la libertad durante el proceso judicial, el derecho a ser oído en condiciones que garanticen el debido proceso y el derecho a un juicio justo e imparcial de los banqueros uruguayos del Opus Dei Jorge, José y Dante Peirano Basso, quienes fueron acusados por insolvencia societaria fraudulenta”, describió. 

“En 2015, De Casas volvió a la CIDH, esta vez en compañía de los abogados Lucas Gómez y Javier Teitelbaum y de su socio en el estudio, Ignacio A. Boulin Victoria, quien sí obtuvo un diploma en Derechos Humanos en la American University de Washington y fue pasante en la CIDH. Solicitaron medidas cautelares en resguardo de la vida de Damián Pachter, quien cerca de la medianoche del 18 de enero de 2015 informó en las redes sociales que el cuerpo sin vida del ex fiscal general Natalio A. Nisman había sido hallado en un charco de sangre en el baño de su departamento, cosa que había sucedido dos horas antes. Luego de ello viajó a Israel alegando que había sido amenazado. A ninguno de sus compañeros de trabajo en la web del diario Buenos Aires Herald le había hablado de la presunta amenaza”, agregó Verbitsky sobre la segunda actuación de De Casas ante la CIDH.  

Repudio

“Es la lógica del gobierno de Macri, que demuestra un evidente y proverbial desprecio por los derechos humanos. Lo hizo en declaraciones cuando habló de ‘guerra sucia’, cuando dijo desconocer la cantidad de desaparecidos, cuando tolera a un negacionista como (Juan José) Gómez Centurión en su cargo y se desentiende de la detención de Milagro Sala en Jujuy”, dijo a PáginaI12 el dirigente massista Alberto Fernández. 

La diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau se sumó al repudio. “Sinceramente, parece que estamos siendo testigos del último insulto a los valores democráticos por parte del Gobierno. Uno más que, junto a lo de Gómez Centurión, se suma a una larga lista que nos avergüenza y entristece, y nos hace pensar si el objetivo último del Gobierno no es demoler la política de derechos humanos en la Argentina, una política de Estado que comenzó Raúl Alfonsín y se construyó progresivamente durante décadas. En este momento, necesitamos más que nunca una sociedad activa y consciente en la defensa de la memoria histórica”, dijo a este diario.

Libres del Sur adelantó que sus diputados trabajan en un pedido de interpelación a Malcorra y Garavano. “Queremos  que expliquen la capacitación profesional y ética del candidato a la CIDH”, afirmaron.

Desde el FIT se pronunciaron ante este diario sus legisladores porteños. “El nombramiento de De Casas se inscribe en una política que apunta a la libertad de los genocidas presos y a legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en la represión interior. En definitiva, Gómez Centurión y (Darío) Lopérfido no fueron exabruptos”, sostuvo Marcelo Ramal. “Con la designación de De Casas como representante de Argentina en la CIDH queda claro que la posición de Macri es la de Gómez Centurión”, sumó Gabriel Solano, también del PO.

Socios

Alfonsín rompió el silencio de los socios en la alianza oficialista Cambiemos. “El Gobierno debe aclarar a los argentinos si son ciertas o no las informaciones que se vierten sobre la persona propuesta para integrar la CIDH. Es necesaria una explicación clara sobre el tema, para que los argentinos, eventualmente, no sean víctimas de falsas informaciones”, señaló el todavía convaleciente Ricardo Alfonsín. El diputado de la UCR recordó que “de acuerdo a la información, el letrado en cuestión es Carlos Horacio de Casas, de Mendoza, que defendió a un ex integrante de la infantería de Montaña que hacía inteligencia durante la dictadura”, datos que también reveló Verbitsky en este diario, dando cuenta de los vínculos políticos del candidato, propuesto por el ex titular de la UCR y ex senador mendocino Ernesto Sanz. “Sin exagerar, los años ‘80 transformaron a los argentinos en ejemplo para el mundo de heroicidad y coraje por haber enjuiciado a los responsables del terrorismo de Estado. Espero que a mi partido, lejos de juzgar inapropiada esta solicitud de aclaración, por el país y por Cambiemos, se sume a ella”, planteó el hijo del ex presidente radical Raúl Alfonsín.