Mientras los repudios a la candidatura del abogado Carlos de Casas como comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguieron llegando desde diversos espacios, el  gobierno nacional mantuvo el silencio acerca de los antecedentes de su postulante por segundo día consecutivo. La Secretaría de Derechos Humanos “no está haciendo declaraciones” sobre ese tema, señalaron a PáginaI12 desde el organismo que dirige Claudio Avruj. En el Gobierno, sin embargo, insisten extraoficialmente en que la propuesta llegó por el lado del radicalismo. Algunos, incluso, dan por perdidas las gestiones ante la CIDH, luego de que  se conociera el currículum del abogado –informado en detalle por este diario– que incluye la defensa de un acusado por delitos de lesa humanidad.  

“No es posible nombrar en ese cargo a un hombre que defiende a los represores para justificar lo actuado durante la dictadura”, opinó ayer el premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, quien en declaraciones al programa de radio A los botes, consideró que la decisión de la candidatura de de Casas no es  casual: “El Gobierno no se equivoca. Tiene una política que es minimizar y también demoler paso a paso la política de los derechos humanos”, determinó, en la misma línea en la que expresaron su repudio otros referentes de organismos de Derechos Humanos. Según informó Pérez Esquivel, diferentes agrupaciones se reunirán hoy para “pensar los pasos a seguir”. 

Pese a que el activista negó que el gobierno nacional consulte a los organismos sobre éste “o cualquier” tema, informó que hoy concertaría una reunión con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Desde la secretaría confirmaron la posibilidad de encuentro, pero aclararon que era “con la Comisión Provincial por la Memoria para hablar de tema Malvinas y otros, no se mencionó la candidatura de de Casas”. 

 La postura que sigue eligiendo el gobierno nacional sobre el tema sigue siendo la indiferencia. Fuentes del organismo dirigido por Avruj informaron a este diario que no harían comentarios al respecto, aunque señalaron que si bien la candidatura “pasa” por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “se hace efectiva a través de la Cancillería. Además, aclararon que la propuesta de enviar a De Casas como comisionado ante la CIDH provino del radicalismo y que “está abierta a todas las impugnaciones que quieran” en relación de las críticas que hicieron referentes de organismos de derechos humanos y distintos espacios políticos. El bloque de Diputados del Frente para la Victoria presentó ayer su impugnación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH (ver aparte).    

Quien sí habló ayer fue De Casas. En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, negó haber sido “defensor de represores”, pero no desmintió su rol de abogado defensor de Enrique Gómez Saa, un oficial del Ejército que estuvo procesado por el secuestro y las torturas cometidas contra tres personas durante la última dictadura militar. “Nunca defendí torturadores, soy defensor de los juicios por la memoria. Pero con estas críticas ahora parece que el represor soy yo”, sostuvo ayer. Estas declaraciones fueron destacadas por  fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos a modo de “salvar el desconocimiento” que presuntamente “hay sobre el tema”.  

En el artículo de tapa de la edición del domingo de este diario, Horacio Verbitsky informó que, como defensor de Gómez Saa, De Casas logró la suspensión del proceso horas antes del inicio juicio al argumentar que su defendido padecía un estado “confusional”. Además de acusar al periodista de ser un “activista” que “se dedica a denostar personas” y de autoconsiderarse “apto” para ocupar el puesto ante la CIDH, De Casas aseguró que defendió a Gómez Saa porque “fue echado del Ejército por oponerse a la dictadura” y porque “ninguna de las víctimas pudo reconocerlo”. Pero reconoció que “por problemas de salud” Gómez Saa no pudo ser juzgado. No hizo ninguna mención a los otros elementos de su carrera que ponen en duda su ideoneidad para ser comisionado ante la CIDH, como sus críticas a la ley nacional que desincriminó el desacato y su opinión sobre el Derecho como emanación de Dios y no del ser humano, entre varios otros aspectos enumerados por Verbitsky.