El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, investiga todas las conexiones del prefecto principal Marcos Antonio Luffi, detenido desde el lunes. Durante la tarde de este miércoles circuló el interrogante de si fue el uniformado de la Prefectura que se reunió con Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso Ciccone, quien públicamente admitió que quien lo convenció de dar el paso para declarar como arrepentido fue un integrante de esa fuerza. En Dolores, descartan que el prefecto detenido haya podido jugar semejante rol porque en su declaración ante Ramos Padilla se lo vió como una persona limitada, que no tiene mando, que pasa buena parte del tiempo embarcado. Eso indica que la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) usaba al prefecto o su nombre o su nombre de usuario para operaciones de gran envergadura y también para que fuera el vehículo de informes muy detallados que aparecieron en la casa del falso abogado Marcelo D’Alessio. En paralelo, ayer también siguió declarando el fiscal Juan Ignacio Bidone que quiere ser aceptado como arrepentido. Todo indica que el trámite se está demorando de manera intencionada. 

En cuanto al prefecto Luffi no pudo explicar nada durante su indagatoria. Desconoció los informes, dijo que no confeccionó ninguno y manifestó que no sabe quién los hizo. Es más, indicó que pasaba mucho tiempo en los navíos y confirma la sospecha que detrás de Luffi está la estructura de la AFI.  

El juez Ramos Padilla allanó el lunes el edificio Guardacostas y, en particular, la oficina en la que trabaja Luffi. Se encontró ahí con varias computadoras que fueron secuestradas, en las que verificó la particularidad de que otros uniformados que trabajaban en esa dependencia también tenían decenas de documentos con el usuario “Luffi”. En total se encontraron 1.500 documentos con el nombre de usuario “Luffi”. Lo que busca el juez es el origen de los detallados informes encontrados en la vivienda de D’Alessio sobre salidas y entradas del país de distintas personas, entrecruzamientos telefónicos, situación económica de los investigados y hasta seguimientos hora por hora: “A las 15 entró a tal lugar, a las 16 se reunió con tal persona”, según describió uno de los funcionarios judiciales que vio esos informes sobre personas que hasta el momento no figuraban en la causa. 

Todas las computadoras y los materiales secuestrados se peritarán el lunes y se supone que se determinará el origen de la documentación. Es decir cuál fue la verdadera usina de los informes que luego sirvieron para extorsionar, coaccionar y concretar el espionaje ilegal. Hubo empresarios, como Mario Cifuentes, al que quisieron quitarle la empresa y lo intimidaron describiéndole cuándo su esposa e hijo salían de su casa. O el caso de la abogada Giselle Robles, ex defensora de Leonardo Fariña, a quien también seguían e intentaron robarle el auto dos veces según confesó el ex espía Rolo Barreiro. Parte de esas operaciones se hicieron con informes enviados a D’Alessio o a otros integrantes de la banda desde el usuario “Luffi”. 

Durante la tarde de este miércoles surgió la versión de que fue Luffi quien se reunió con Vandenbroele para convencerlo de que se arrepienta en octubre de 2017. Fue público que el abogado y empresario negoció su declaración con alguien de la Prefectura y que luego el uniformado fue con Vandenbroele hasta el Ministerio de Seguridad, donde se terminó la negociación para que declare contra Amado Boudou. Un elemento llamativo es que en ese momento se habló de que Vandenbroele pidió un millón de dólares por declarar como arrepentido. El abogado y empresario lo negó de forma categórica, pero queda la duda si el dinero no fue una jugada de la organización que actuó como intermediaria, tal vez la que integró, entre otros, D’Alessio. Esa banda ya demostró que extorsiona y saca dinero de todos lados. 

En aquellos días de septiembre y octubre de 2017, Vandenbroele destituyó a su defensor, Germán Soria, y designó una abogada, Liliana Cobas, que 48 horas más tarde, reunida con el prefecto y con Vandenbroele, logró el primer acuerdo con Patricia Bullrich. 

En Dolores quedó ayer la impresión de que Luffi no fue el uniformado que estuvo en esa operación y que se concretó en un departamento de Puerto Madero. “No tiene envergadura para jugar en un caso donde se pretende involucrar a un ex vicepresidente”, confiaron quienes lo escucharon. Pero lo que se está investigando es el trasfondo de la operación. Lo que se percibe es que una estructura de inteligencia usó a Luffi, con o sin su conocimiento. El razonamiento indica que esa estructura, entre otras cosas, incidió en causas judiciales, algo que se vio con claridad con la forma en la que le dictaron a Leonardo Fariña lo que tenía que declarar como arrepentido. Eso significa que dicha estructura, que tenía un pie en la Prefectura, también pudo haber actuado con Vandenbroele. No son mecánicas muy diferentes y el espíritu fue el mismo: direccionar expedientes contra el anterior gobierno usando arrepentidos. Es una investigación abierta.

Muy cerca de donde declaró Luffi, hacía lo propio el suspendido fiscal Bidone. Fue la segunda jornada de su declaración ante el fiscal Juan Pablo Curi, que es quien lo tiene que aceptar como arrepentido. Al anochecer se pasó a un cuarto intermedio, redondeando una jornada extraña: estuvo siete horas en la fiscalía pero sólo declaró tres. A la salida, Bidone dijo que colaboró porque pensó que D’Alessio era de la AFI. Todo el proceso ante el fiscal Curi llama la atención. La audiencia con Bidone recién se iniciará el lunes, pero la defensa del fiscal, a cargo de Diego Alvarez Bognar, debería evaluar qué va a hacer si Curi no acepta el acuerdo o si todo sigue dilatándose.