El Gobierno no logra cerrar el paquete de medidas para atacar la inflación. La posibilidad de un acuerdo de precios genera cortocircuitos dentro del propio gabinete y con los aliados radicales. Primero se dejó trascender que se evaluaba una ampliación del programa Precios Cuidados y luego se mencionó la idea de trabajar en el congelamiento de 40 productos de primera necesidad hasta las elecciones de octubre. Sin embargo, las diferencias internas postergaron hasta el momento cualquier tipo de definición. Incluso trascendió ayer que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, había presentado su renuncia debido a las disputas cotidianas que mantiene con algunos de sus pares. Al mismo tiempo, industriales de la alimentación y supermercadistas hicieron saber su rechazo a las medidas de intervención directa que están en carpeta.
Luego de agotar el recetario de políticas ortodoxas para bajar la inflación, el Gobierno dejó trascender el fin de semana que evaluaba congelar los precios de una canasta de 40 productos de primera necesidad, al menos hasta las elecciones. Desde el sector supermercadista reconocieron haber recibido llamados desde la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Ignacio Werner, para avanzar en esa dirección, tal como vienen reclamando los gobernadores radicales, con el mendocino Alfredo Cornejo a la cabeza, quien incluso llegó a elaborar un paquete de medidas que le presentará hoy al presidente Mauricio Macri. También trascendió que el gobierno estaba evaluando un congelamiento en las tarifas de servicio público por lo que resta del año, lo que generó resistencias dentro del propio gobierno. Finalmente fue nada menos que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien buscó poner paños fríos, aunque sin desautorizar a sus socios radicales.
“El congelamiento de precios regulados resulta fuertemente regresivo, genera una alta carga fiscal que los torna insostenibles y produce distorsiones en la oferta y la demanda de los servicios; en el largo plazo, la inflación termina siendo más alta”,sostuvo Peña, dejando en claro que no habrá congelamiento en la tarifa de servicios públicos. Sin embargo, con respecto a la precios de los alimentos el funcionario sostuvo en el Congreso que “desde la Secretaría de Comercio Interior no se habla de control de precios, sino de acuerdos voluntarios con empresas para generar precios de referencia para el consumidor, en eso consiste Precios Cuidados”. En la misma línea se había expresado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien había asegurado que no se tomará “ninguna de las medidas que fracasaron en el pasado”. Desde la cartera de Producción y Trabajo que comanda Dante Sica aseguraron a PáginaI12 que están trabajando en el tema pero “aún no hay nada definido”.
Mientras los radicales meten presión para avanzar con más controles, las empresas también hacen valer su poder de lobby para tratar de limitar el paquete de medidas en estudio. “No hay duda que habrá desabastecimiento, es lo que pasó siempre. El cliente verá productos baratísimos, pero le dirán que no hay más. Simplemente porque la industria deja de fabricar productos con los que va a pérdida, o no los entrega”, declaró Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados cuando le preguntaron que consecuencias traería un control de precios.
Para evitar situaciones de desabastecimiento se necesita de una fuerte decisión política, pero el Gobierno todavía parece no tener del todo claro en qué dirección avanzar. Cuando el precio de los alimentos se aceleró en los primeros meses del año, incluso por encima de la inflación promedio, el Poder Ejecutivo se mostró faltó de reacción y ni siquiera hubo palabras de algún funcionario cuestionando, por ejemplo, el desabastecimiento provocado por Mastellone de la leche fluida La Armonía, la única incluida dentro del programa Precios Cuidados.
Los radicales fueron los primeros que comenzaron a presionar para recuperar la iniciativa impulsando algún tipo de acuerdo de precios, pero, según trascendió el fin de semana, recién se decidió avanzar cuando el asesor presidencial Jaime Durán Barba registró el malhumor social en sus focus group. Según admitieron en el Gobierno, el consultor llegó, a través de estudios cualitativos, a la conclusión bastante obvia de que existía un creciente malestar social vinculado a la pérdida del poder adquisitivo que impedía a la gente acceder a bienes de consumo que antes podía comprar sin mayores dificultades, incluso alimentos. Ese registro, que no es muy dificil de percibir en la calle, fuera de los focus group, hizo que el Gobierno comenzara a trabajar en las posibles medidas para mejorar el humor social, con miras a las elecciones de octubre. Entre las posibilidades estudiadas hay medidas para moderar el impacto de las tarifas y para fomentar el consumo.
