La Ley bonaerense de licencia para víctimas de violencia de género (14.893) para trabajadoras de la administración pública está a punto de reglamentarse después de casi tres años de espera. Es sumamente importante porque las trabajadoras abusadas, maltratadas, violentadas podrían faltar al empleo para denunciar a su agresor, hacerse pericias, llevar a sus hijos o hijas al hospital, ir a la psicóloga sin que las faltas queden marcadas como huellas en su contra que le quiten presentismo, les rebajen el sueldo o las estigmaticen como locas a través de la licencia psiquiátrica.
La norma fue propuesta por la diputada (mandato cumplido) Valeria Amendolara y fue aprobada en 2016. Pero todavía no se puso en marcha. La Ley establece la “licencia para mujeres víctimas de violencia destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública bonaerense cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan”. Y otorga “un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud para acompañar la constancia de haber realizado la correspondiente denuncia”. El tiempo de la licencia no está delimitado, sino que depende de la gravedad y particularidad del caso. Y establece que no tiene que afectar el sueldo de la trabajadora.
En una reunión de gremios estatales, las áreas de Género de la Secretaría Legislativa y Administrativa de la Cámara de Diputados, la Dirección de Personal y asesores de diputados se consensuaron criterios para iniciar la convocatoria y selección de profesionales que integrarán el equipo de atención interdisciplinario para acompañar a las sobrevivientes de machismo. “Se trata de un espacio de escucha y orientación para resolver la violencia tanto en el ámbito privado como laboral”, agregó la secretaria de la Asociación de Trabajadores/as del Estado (ATE), Alicia González.
