En octubre de 2008, el entonces juez Baltasar Garzón buscó investigar las desapariciones de las víctimas del franquismo hasta 1950, aunque luego fue apartado de la causa. El juicio del ex magistrado alcanzaba temporalmente hasta mediados del siglo XX, pero no tenía en cuenta los crímenes cometidos hasta 1977. En España se le ha dado más relevancia a la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, pensada para sacar de la cárcel a los presos políticos y, tal como dice el escrito, amnistiar a los funcionarios y policías que cometieron delitos gravísimos en su país durante la dictadura de Francisco Franco. Pero según la jurisdicción internacional una ley local o nacional no tiene el mismo peso de acuerdo a la gravedad de los crímenes. Fue así como en 2010 comenzó la denominada “querella argentina”, proceso abierto en la Argentina por la jueza María Romilda Servini de Cubría contra los responsables de los crímenes durante el régimen franquista en España, donde 100 mil personas permanecen desaparecidas. La causa abarca varios delitos tipificados en el Código Penal (desde el asesinato hasta la desaparición forzada de personas, también torturas y trabajos forzados) y fija el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 (ésta última es la fecha de las primeras elecciones libres tras la muerte del dictador) ¿Podría esta causa desembocar en el último gran juicio contra una dictadura fascista del siglo XX?

  Esa es la pregunta que se hicieron el alemán Dietmar Post y la española Lucía Palacios, directores del documental La causa contra Franco: ¿El Nuremberg español? El film –que tuvo su première mundial en la Berlinale 2018 y que el año pasado recorrió toda España–, podrá verse por primera vez en la Argentina este viernes a las 18 en el Centro Cultural Paco Urondo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (25 de Mayo 201), con entrada gratuita, y luego tendrá un recorrido por el interior del país. En el C.C.Paco Urondo habrá un debate posterior del que participarán Dietmar Post; uno de los abogados de las víctimas, Máximo Castex, y Adriana Fernández e Inés Holgado, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina (ARMH). Tras la realización de Los colonos del Caudillo –su primer acercamiento a lo que dejó la dictadura franquista–, esta dupla de cineastas ahora pone bajo la lupa uno de los sucesos más oscuros de la historia española reciente: el exterminio ejecutado durante el golpe, la Guerra Civil y la posterior dictadura encabezada por Francisco Franco. Y también la tarea en la Argentina, en base al principio de jurisdicción internacional, para sentar en el banquillo de los acusados a franquistas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Se trata de un principio que permite investigar este tipo de delitos si el país donde se han cometido se niega hacerlo. 

  Para entender la dimensión de lo que significó esa etapa histórica basta con escuchar el testimonio de Josu Ibargutxi, que representa a las víctimas del franquismo en el País Vasco: “España es, después de Camboya, el país del mundo con más enterramientos en cunetas y cementerios”, explica Ibargutxi en el audiovisual. El film contiene un valioso material de archivo proveniente de The Robert H. Jackson Center (donde se encuentra el registro de los Juicios de Nuremberg) y el Archivo Nacional Torre de Tomabo (Lisboa), entre otros. Se le suman diversos testimonios de familiares de víctimas, historiadores, abogados, antropólogos, representantes de organismos de DD HH e incluso el testimonio de la jueza argentina. 

El documental es un relato cronológico de los hechos. Primero, aborda los casos de las víctimas de la primera fase del golpe de Estado. Allí se ve a un señor muy mayor, Antonio Narváez, de 81 años, que saluda a la jueza Servini en España y con unas carpetas en su mano, le señala: “Tengo aquí todo lo que he podido recuperar, más la denuncia. Fuimos muchos los que quedamos desamparados”. También se lo ve a Darío Rivas, quien fue el primer querellante de la causa por su padre, el alcalde de Castro Rei (Lugo), fusilado en 1936. Testimonia junto a ellos Ascensión Mendieta, hija de un republicano que fue asesinado después de la guerra (y hecho desparecer en una fosa común). La hija logró enterrar a su padre 78 años después de su asesinato. También estremece el relato de Lidia Falcón, quien fue torturada salvajemente por la policía política de Franco.   

Del otro lado, los cineastas lograron entrevistar al político José Utrera Molina, antes de que falleciera en abril de 2017. Servini había emitido en 2015 una orden de detención internacional contra este hombre –que fue integrante del ministerio de Trabajo, y ministro de Vivienda de Franco– para tomarle declaración. Se le acusaba de convalidar la pena de muerte de Salvador Puig Antich, integrante del grupo anarquista Movimiento Ibérico de Liberación. Utrera Molina nunca respondió a los requerimientos de la jueza argentina, pero sí recibió a los directores del documental. “Yo no tengo nada que ver con eso, quien firmaba era el jefe de Estado, yo no me enteré de nada de eso, y no firmé nada, y si lo hiciera lo diría porque tengo sentido del deber”, les espetó. Y fue más impune aun: “Esto es una patraña oscura, realizada por miembros de la extrema izquierda, apoyada por gente como Garzón para tratar de enturbiar un período de vida española”. 

La causa contra Franco es un documental valioso –sobre todo como documento histórico– y esencial en la búsqueda de justicia: expone los motivos por los cuales es imprescindible llegar a la verdad. Es también un film que pone en primer plano las experiencias desgarradoras que sufrieron las víctimas del franquismo, del cual también se menciona especialmente sus vínculos con el nazismo. Son narraciones que estremecen y que trascienden la geografía de la Península Ibérica. Justamente, uno los dramas relatados basta para sintetizar el dolor, pero también la esperanza: el de los hermanos Kalzada. Elisa Kalzada fue testigo del bombardeo de Guernica. Posteriormente, los falangistas asesinaron a su padre, que era concejal del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1937. Su hermano Julen se hizo sacerdote y fue encarcelado y torturado en los 60. Elisa también fue torturada por la Guardia Civil –así se denomina a la policía en España–. Una frase de Julen, al comienzo del documental, bien puede funcionar como cierre: “Quizás no llegaremos a Nuremberg, pero por lo menos ahora hay una oportunidad de que lo que hicieron con los nazis (juzgarlos) se haga aquí con los franquistas”. ¿Será justicia?