El laboratorio Elea solicitó el ingreso al proceso preventivo de crisis (PPC) en medio de un escenario de caída en las ventas internas combinadas con un alto endeudamiento en dólares. El Ministerio de Producción y Trabajo confirmó que en los próximos días se realizará una audiencia entre las partes para analizar la situación y la posibilidad del acuerdo. Para ello será necesario que la empresa negocie las condiciones con la Asociación Agentes de Propaganda Médica (Aapmra). Elea estaría estudiando reducir entre 100 y 120 empleos de su plantilla. De esta manera, el laboratorio con ochenta años de actividad en el país, se suma a la larga lista de compañías que debieron acogerse al preventivo de crisis, una etapa anterior a la aplicación de despidos y suspensiones. En lo que va de 2019 hubo ya 30 empresas con pedido de apertura del PPC a la Secretaría de Trabajo, según el informe que envió Jefatura de Gabinete al Congreso.

La producción de medicamentos e insumos médicos fue una de los sectores protegidos, a partir de la ley de genéricos, dentro de la matriz productiva hasta 2015. El sector creció en promedio por encima del 6 por ciento anual, por encima del promedio nacional de la actividad manufacturera. El último informe del Indec de la industria farmacéutica da cuenta de que la facturación total del sector creció 31,7 por ciento el año pasado respecto de 2017, casi 16 puntos porcentuales por debajo de la inflación del período (47,6 por ciento), lo que implica un caída en términos reales en la venta de medicamentos, pese a que se trata de productos de casi nula elasticidad.

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones y pensiones retrajo la venta de medicamentos, donde muchos terminan optando por uno u otro remedio ante la imposibilidad de adquirir todos lo que le fueron recetados. Para la industria farmacéutica implicó también una etapa de recesión, con aumento desmedido de costos, atraso en los pagos y fuerte endeudamiento.

En ese marco se inscribe la situación del laboratorio Elea, pese a que hasta hace unos meses mantenía planes de expansión. La empresa posee plantas industriales de producción orientadas a salud femenina, cardiología, oncología, neurociencias y venta libre, con marcas masivas como Nopucid, Caladryl o Evatest. La firma que encabezan Hugo Sigman, Luis Gold y Daniel Sielecki adquirió a mediados de 2017 el laboratorio Phoenix, con lo cual su plantilla laboral se había incrementado de 800 a 1200 empleados. Sin embargo, en su presentación ante la cartera laboral para el pedido del preventivo de crisis acusó tres años de balances negativos, con lo cual solicita despedir al menos un 5 por ciento de su plantilla de empleados, aunque el objetivo es al menos reducir en un centenar de puestos la nómina.

El procedimiento que obliga a la compañía y al gremio a sentarse a negociar fue presentado el miércoles pero recién fueron notificadas las partes ayer. Desde el gremio critican que fue una crisis autoinfringida porque con la compra de Phoenix la cartera de ventas del laboratorio quedó sobredimensionada. Por ejemplo, Elea tenía 120 visitadores médicos, similar a otros laboratorios grandes nacionales, y con la compra de Phoenix pasó a tener 370. También alega que, mientras se presenta en crisis, sigue ampliando su capacidad productiva en una nueva planta que está construyendo en Villa de Mayo para aumentar sus exportaciones. A partir de ahora, la secretaría de Trabajo deberá reunir a las partes para negociar una salida, mientras tanto la firma no podrá despedir trabajadores.

El pedido de Elea se suma a los casos de Carrefour y Femsa, entre otras grandes empresas, que iniciaron el 2019 con pedidos de procedimiento preventivo de crisis. El número de firmas ya supera las 30 empresas bajo este paraguas legal. "En los últimos tres años el impacto negativo de la actividad económica se hizo sentir en un número importante de empresas que entraron en procesos preventivos de crisis (246 casos), concurso preventivo de acreedores (805 casos en CABA y PBA) y quiebras (2177 casos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires)", según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de datos de la Secretaría de Trabajo. Es el valor más alto de adhesión a este tipo de programas desde 2005, aunque en ese momento se enfocaban en sostener el empleo con subsidios estatales a los salarios. "Actualmente los PPC están oficiando sólo de protocolo administrativo para autorizar despidos", detalla el CEPA.