La fiscal Gabriela Boquin denunció que el Correo Argentino, del Grupo Macri, desvió sumas millonarias –al menos 35 millones de pesos-- hacia estudios jurídicos, consultoras y empresas de publicidad dirigidas o pertenecientes a personas vinculadas al actual Gobierno y al propio directorio de la empresa, provocando una “pérdida de activos”  cuando lleva 17 años sin pagarle su deuda al Estado, hoy superior a 4.000 millones de pesos. Lo notable, además, es que Correo es una empresa que declara desde 2003 que no tiene actividad alguna. Sin embargo, tenía misteriosos ingresos de dinero que fueron retirando, por ejemplo, el estudio del actual diputado Pablo Tonelli, el de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia y el de Jaime Kleidermacher, representante legal histórico de los Macri, entre los más conocidos. Se supone que era por asesoramiento en el contexto del expediente del concurso de acreedores. Sin embargo, hay un límite para esos pagos, que de todos modos la fiscal considera injustificados. El dictamen pide que se investigue el papel del secretario de Modernización, Andrés Ibarra, que fue director y apoderado del Correo, intervino en la designación de abogados que representan al Estado y tiene injerencia, desde su función,  en el destino del caso.

“La extensión del trámite ha posibilitado el vaciamiento progresivo de la concursada (Correo). Merced a numerosas erogaciones que van desde el pago de cifras millonarias en conceptos de honorarios profesionales por asesoramiento legal concursal hasta pagos a estudios jurídicos los cuales forman parte del propio directorio del Correo. Se agregan consultoras, empresas de publicidad vinculadas con los letrados de la concursada (…) deben agregarse otros egresos por importantes sumas, a favor,  en su gran mayoría, de consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con los letrados de la concursada, sus directores y/o apoderados”. Esto, dice Boquín, se debe analizar a la luz de la ley de Concursos y Quiebras como si fueran giros ordinarios, pero no existían como tales. También se hicieron pagos por “montos elevadísimos” como “anticipos al directorio”, lo que viola las normas societarias.

Boquín es la fiscal que denunció a comienzos de 2017 que el acuerdo que intentó firmar el Correo de los Macri con el Estado, en junio de 2016, era “ruinoso y abusivo”, porque implicaba la condonación del 98,87 por ciento de la deuda. La empresa y el Estado, que parecen dos caras de la misma moneda en este caso, provocaron dilaciones de todo tipo y hasta ahora no se volvió a firmar un nuevo acuerdo para saldar la deuda. Para peor, la empresa Correo reclama que le paguen a ella distintas resarcimientos por consecuencias de la expropiación de la empresa. Hay en paralelo una causa penal en trámite, que analiza las responsabilidades del entones ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad,  y de Juan Moccoroa, el director de asuntos jurídicos que había ido a firmar el convenio ante la Cámara Comercial. También quedaron imputados los representantes de la empresa Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa.