Estados Unidos entregó ayer a la Argentina la última tanda de documentos secretos desclasificados sobre la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Se trata de la mayor desclasificación hecha en la historia de ese país y está compuesta por 45 mil páginas que incluyen material aportado por el Departamento de Estado y por 14 agencias de seguridad e inteligencia como el FBI, la CIA y la que depende del Pentágono. Los cables aportan información concreta que será útil para el avance de los procesos judiciales y también dan cuenta de la visión y la información que los funcionarios de Estados Unidos tenían acerca de lo que pasada durante la última dictadura argentina, así como de las internas entre las dictintas facciones de las Juntas militares. Varios de los papeles entregados ayer revelan parte de la trama del terrorismo de Estado que a nivel regional se denominó Plan Cóndor. “Ahora, es necesario que el Estado argentino procese la información para aportar a la reconstrucción de la verdad y a las investigaciones judiciales en curso”, sostuvieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la alianza Memoria Abierta, dos de las organizaciones impulsoras del pedido.
El contenido
Una primera lectura de los documentos realizada por el National Security Archive, de la Universidad George Washington, permite advertir que hay datos concretos que servirán como prueba en los juicios que se están llevando a cabo. Por ejemplo:
* 26 de octubre de 1975. El agregado legal en Buenos Aires, Robert Scherrer, reporta la detención y ejecución del líder de Montoneros, Marcos Osatinsky. El cable informa que Osatinsky fue arrestado y torturado por las fuerzas de seguridad del entonces gobernador Raúl Lacabanne y que las autoridades “escenificaron” su muerte, para que parezca que fue asesinado cuando intentaban rescatar a un agente supuestamente secuestrado por Montoneros. Para esconder la evidencia de los abusos, el personal de seguridad de Lacabanne secuestró el coche fúnebre que transportaba el cuerpo de Osatinsky desde Córdoba hacia Tucumán. “El objetivo era evitar que se realizara una autopsia”, dice el informe.
* 3 de diciembre de 1976. La CIA reporta que “comandantes militares poderosos”, como el jefe del I Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason y el comandante de Campo de Mayo, General Santiago Omar Riveros, junto con la cabeza de la Policía Provincial de Buenos Aires (PPBA), coincidieron en que “es tiempo de dejar de ser tan suaves con los terroristas en el país y comenzar una guerra total contra ellos”. Desde la PPBA fueron más lejos: “Hasta nuevo aviso, no queremos prisioneros para el interrogatorio, sólo cadáveres”, sostuvieron, según el documento desclasificado recientemente.
* 16 de agosto de 1977. La CIA obtiene el acuerdo entre los países integrantes del Plan Cóndor, con detalles sobre el financiamiento, la dotación de personal (donde recomiendan la inclusión de al menos una mujer, la logística), el entrenamiento y la selección de objetivos del escuadrón de la muerte “Teseo” para asesinar “subversivos” en el exterior. El cable detalla que la base de operaciones de “Teseo” será instalada en la Argentina y que cada país miembro deberá donar “$10,000 para costos operativos”. Los gastos para los agentes de las “misiones de asesinato” se estiman en $3500 por persona, por 10 días, más “un adicional de $1000 por única vez para el abastecimiento de ropa”.
* 21 de julio de 1978. El resumen del Departamento de Estado sobre violaciones de derechos humanos en Argentina cita la tortura de un psicólogo, confinado a una silla de ruedas debido a la polio, que fue “interrogado con picana eléctrica con el único propósito de obtener información sobre uno de sus pacientes”. El mismo informe revela que los militares argentinos utilizaron inyecciones de un potente anestésico, Ketalar, en las víctimas capturadas que luego fueron “eliminadas en los ríos o en el océano”.
* 12 de abril de 1979. El informe de la CIA revela que el líder Montonero Norberto Habbeger, desaparecido en Brasil en 1978, “fue ejecutado a fines de noviembre o principios de diciembre de 1978 por orden del Jefe de la sección de contrainteligencia del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino (SIE)”.
* 21 de mayo de 1983. Este documento informa que, solo unos meses antes de la transición a la presidencia democrática de Raúl Alfonsín a fines de 1983, el aparato de seguridad continuó con su programa de asesinatos. Utilizando eufemismos para la tortura, el informe indica: “A principios de abril, seis o siete fueron detenidos y ampliamente interrogados. Luego fueron asesinados”. Además, el cable señala que la información obtenida en esa operación “llevó a la captura de Raúl Yaeger, quien después de ser interrogado, fue asesinado en un tiroteo organizado en Córdoba el 30 de abril”.
“Por el volumen de la documentación, advertimos que se requieren importantes recursos para procesarla y personas capacitadas e informadas sobre la historia argentina a fin de poder extraer información que contribuya al avance de las investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad en curso”, manifestaron desde el CELS y Memoria Abierta en un comunicado conjunto. En ese sentido, exhortaron al Estado argentino a que “contribuya en estos aspectos para que la desclasificación permita fortalecer el proceso de memoria, verdad y justicia”.
El escrito de las organizaciones puede leerse como un recordatorio de que esta entrega histórica de material desclasificado, que recibieron ayer en Estados Unidos el ministro de Justicia, Germán Garavano y el embajador argentino Fernando Oris de Roa, se inició por el reclamo sostenido de los organismos de derechos humanos.
La primera desclasificación, llevada adelante en 2002, implicó la apertura de 4677 cables y otros documentos que mostraban que funcionarios estadounidenses estimularon la represión. El ex presidente Barack Obama inició una segunda, de más de mil páginas, que fueron publicadas en 2016. La desclasificación de ayer es la etapa final de una iniciativa emprendida por el gobierno de Estados Unidos de publicar los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Argentina entre 1975 y 1984 y, además de aportar información útil para el avance de los casos, revela información clave para comprender el funcionamiento del terrorismo de Estado a nivel regional.
Informe: Sibila Gálvez Sánchez.
