Para el presidente Donald Trump es una demostración de fuerza. Para el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, también es una demostración, pero de servilismo. Son las categorías con las que parece moverse la nueva diplomacia de Washington en la región. La expulsión del jefe de Wikileaks, Julian Assange, de la embajada ecuatoriana en Londres para que sea extraditado por Washington, desnuda estas dos caras de la estrategia que ejecutan el vice Mike Pence y su amigo, el secretario de Estado –o canciller– Mike Pompeo.
Pompeo es un ultraconservador, ex jefe de la CIA, quien, según un larguísimo informe de The New York Times, es admirador y amigo de Joel C. Rosenberg, “un autor de gran éxito de ventas y una poderosa fuerza en el movimiento evangélico”. De padre judío y madre cristiana, Rosenberg vive en Jerusalén. Algunos de sus libros tratan sobre las profecías del fin del mundo.
En el 2013 le preguntaron en Fox News al mentor de Pompeo si la guerra en Siria podría llevar a las profecías del fin del mundo, de los libros de Isaías y Jeremías, a lo que respondió muy seriamente: “no lo sabemos con seguridad, aunque es posible porque estas profecías aún no se han cumplido”.
En un discurso en la Iglesia Summit, en Kansas, Pompeo denunció que “vivimos en una América donde adorábamos a otros dioses y la llamábamos multiculturalismo y respaldaba a la perversión y se la llamaba un estilo de vida alternativo”. Hacía referencia a los pueblos originarios y a los homosexuales, con lo cual generó una fuerte polémica.
Esta persona, que está a cargo de la diplomacia norteamericana, convocó a Elliot Abrams, un desaforado anticomunista de la Guerra Fría, responsable de agresiones militares ilegales y operaciones de espionaje y desestabilización en Centroamérica, para colaborar en asuntos latinoamericanos. El viernes, cuando se conocía la expulsión de Assange de la embajada ecuatoriana, Pompeo terminaba una gira de 72 horas que abarcó Chile, Perú, Colombia y Paraguay. El objetivo general de este paseo relámpago fue confirmar la ofensiva contra Venezuela y Cuba.
Ante la detención de Assange, los medios corporativos, en vez de explotar contra esta agresión que pone en riesgo lo que se supone es su propia función, han buscado la forma de encubrirla. Dos principios democráticos elementales como el derecho de asilo y la libertad de expresión fueron atropellados con esta acción del gobierno ecuatoriano promovida por Washington.
Estos medios tratan de disimular las presiones norteamericanas y al mismo tiempo victimizan a la víctima. Acusan a Assange de “traicionar” el derecho de asilo al opinar sobre la situación de otros países. Moreno, ex vice de Rafael Correa, a quien traicionó a poco de asumir, dijo que antes de echar a los perros a Assange, se había “preocupado por garantizar que no fuera enviado a ningún país donde pudiera sufrir torturas o la pena de muerte”.
Mediante WikiLeaks, Assange reveló miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, donde denunció torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de Estados Unidos en lugares como Irak, Afganistán o Guantánamo y recibió por ello reconocimientos internacionales como el de Amnistía Internacional. Y por la misma razón se ganó el encono de Washington. El asilo que le concedió en su momento el presidente Rafael Correa estaba fundado en las normas que regulan el derecho de asilo. De hecho, esos fundamentos mantienen su vigencia, lo que hace tan grave la decisión de Moreno.
A pesar del esfuerzo para ocultar ahora la presión que ejerció Washington, lo real es que en abril de 2017, el entonces fiscal general de los Estados Unidos –equivalente al ministro de Justicia– Jeff Sessions describió la extradición de Julian Assange como una “prioridad”. Y el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, denunció a Wikileaks como “una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.”
Todo el mundo aplaudió a Assange cuando difundió las atrocidades que se cometían en Irak y Afganistán y luego el espionaje realizado por las agencias estadounidenses de inteligencia a otros gobiernos. El periodista informático australiano se convirtió en una figura paradigmática en todo el planeta, incluso para una gran parte de la opinión pública norteamericana. De ese fenómeno surgió luego el consorcio mundial de periodistas de investigación que difundió las cuentas offshore en Panamá, –los Panama papers– como las de Mauricio Macri. La extradición de Assange solamente tiene una explicación ejemplarizadora: No hay que meterse con el patrón de la vereda.
El ex juez español Baltasar Garzón asiste a la defensa de Assange. Tiene una mirada muy crítica sobre esta medida. Pero además aporta una mirada más abarcadora sobre las políticas de derechos humanos de la gestión Donald Trump.
Entrevistado por el periódico on line Eldiario.es señaló que “Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Hace unos días retiró el visado a la fiscal del TPI Fatou Bensouda que, junto a sus colaboradores, indaga desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004, en crímenes de guerra cometidos en Afganistán”.
Los personajes como Pompeo que impulsan estas acciones que violan los derechos humanos, son los que presionan a los gobiernos conservadores de América Latina para que participen en una ofensiva regional contra Venezuela y Cuba.
La ola conservadora que expulsó a los gobiernos populares de la primera década del milenio en Ecuador, Argentina y Brasil instaló presidentes de derecha que tienen, con sus diferencias, algunos elementos en común.
Tanto Lenín Moreno como Mauricio Macri y Jair Bolsonaro entienden la inserción de sus países en el mundo a través de una política que en los ‘90 se definió un poco en broma como de “relaciones carnales” con la Casa Blanca. Moreno es capaz de atropellar el derecho de asilo como ofrenda al presidente norteamericano Donald Trump. Incluso aún cuando se trata del derecho de asilo en defensa de la libertad de expresión. Macri concedió la instalación en tiempo récord de tres bases militares norteamericanas. Y Bolsonaro visitó recientemente Estados Unidos y se convirtió en el primer presidente extranjero en realizar un insólito paseo guiado por las instalaciones de la CIA. Son concesiones extremas y al mismo tiempo gratuitas porque ninguno de los tres consiguió nada.
Estados Unidos hizo que Brasil no compre más trigo a un país vecino como la Argentina y se lo compre a ellos que están a miles de kilómetros. Washington le impuso una cuota al acero que importa de Argentina y le encajó a Macri la carne porcina norteamericana que nadie quiere en el mundo por la enfermedad que tienen los cerdos de ese país.
Argentina pierde cada vez que negocia con el gigante del Norte igual que Ecuador, que se apropió del edificio de la Unasur. Pero eso sí: Estados Unidos les facilitó la relación con el Fondo Monetario Internacional y sus préstamos condicionados.
Esta relación plena de exagerados gestos de subordinación es común a los tres presidentes. Otro elemento en común es la guerra jurídica organizada por servicios de inteligencia relacionados con sus iguales estadounidenses, más las grandes corporaciones de medios y la cooptación de un sector del Poder Judicial. Los ex presidentes de Argentina, Ecuador y Brasil han sido perseguidos judicialmente como estrategia para difamarlos o arrinconarlos y derrocarlos.
Lula está preso en Brasil sin que le hayan probado ningún delito. Correa está prófugo en Bélgica porque le dieron dos días para presentarse en un juzgado de Quito, lo que era materialmente imposible. Y Cristina Kirchner tiene más de diez causas penales en su contra. La cantidad, solamente demuestra la intención persecutoria de hacer show y escándalo.
Los tres presidentes tienen en común esa vocación subordinada a Washington y surgieron del uso de la guerra jurídica impulsada desde allí como herramienta para combatir a gobiernos populares que ellos denominan populistas. Tienen el mismo origen y hasta podría decirse, el mismo linaje, el mismo apellido.