El lunes próximo, las Asociación Madres de Plaza de Mayo escribirá un nuevo capítulo de su historia de resistencia. Para ese día, un juez Comercial, a instancias de un pedido hecho desde el Ministerio de Justicia de la Nación, está previsto un virtual allanamiento a la sede de la organización. ¿La excusa? Hacer un inventario del Archivo Histórico de las Madres, lo cual supondría la apropiación de todo el material de 42 años de lucha por los derechos humanos. Las Madres denuncian el hecho como parte de la “persecución” del gobierno de Mauricio Macri y, una vez más, llamaron a resistir.

El primer intento de esta nueva avanzada del gobierno nacional contra las Madres ocurrió el jueves 4 de abril por la mañana, cuando un grupo de escribanos se presentó invocando una orden del juez Comercial 13, Fernando Javier Perillo, para inventariar el vasto material que está en la sede de la organización, en Hipólito Irigoyen 1584, frente a Plaza Congreso.

El pedido formal lo hizo el interventor del Instituto Universitario Nacional de de Derechos Humanos (Iunma), Javier Buján, quien fue designado en ese puesto por el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se dispuso la intervención de esa institución.

El Iunma es la ex Universidad de las Madres que formalmente cambió de nombre desde que el Congreso sancionó en 2014 la ley que lo declaró instituto universitario. La intervención fue dispuesta en junio de 2017 y el agraciado para el cargo fue Buján, quien en su condición de rector reclamó ante el juzgado de Perillo el acceso al material del Archivo de las Madres basándose en la ley que creó la universidad.

Sin embargo, este pedido tiene al menos cuatro irregularidades. La primera es que Buján hizo ese pedido en su condición de “rector” del Iunma, un cargo que está vencido y que, por lo tanto, debe ser legitimado o no por una asamblea universitaria. La segunda es que la presentación fue hecha al juzgado de Perillo, en el marco de la causa de la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo dictaminada por ese mismo magistrado y no en una distinta que requiera el acceso el archivo.

La tercera es que existe un fallo de la Cámara Comercial que resolvió que, a pesar de la quiebra de la fundación, la Asociación Madres de Plaza de Mayo tiene la potestad sobre su sede y del material que se encuentre allí. Y la cuarta es que la notificación de Perillo para hacer el “inventario” del archivo histórico fue hecha en menos de 12 horas y por mail, siendo que una medida de ese tipo debe ser notificada con 72 horas de anticipación.

Así y todo, hace una semana y media Perillo envió a un grupo de escribanos a la Casa de las Madres. Y como el ingreso les fue impedido, hasta hubo una invocación a las fuerzas de seguridad. No obstante, el comisario asignado se negó a actuar porque no había indicación de ingreso compulsivo al edificio.

Ante este escenario de resistencia, el “inventario” no se pudo hacer. Entonces, el magistrado envió una notificación en la que avisa que el próximo lunes 15 de abril, a las 11, volverán a golpear las puertas de la organización.

No es la primera vez que un sector de la Justicia avanza contra la organización de derechos humanos. En agosto de 2016, el juez Martín Di Giorgi intentó detener a Hebe de Bonafini en la sede de la institución, pero hubo una masiva reacción popular que lo impidió.

La Madres denuncian que detrás de ese supuesto “inventario” hay “una avanzada del gobierno nacional y sus operadores judiciales” para “apropiarse del archivo histórico, el más grande de Latinoamérica en su tipo”.

“La amenaza está latente desde que las Madres de Plaza de Mayo calificaron al presidente Mauricio Macri como ‘el enemigo’”, indicó la organización a través de un comunicado en el que convocó a la comunidad a estar desde la mañana de ese día en su sede “para demostrar que aunque intenten avanzar contra las Madres, el pueblo se unirá en un solo grito: no pasarán”.