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Por un misterio de Internet (o no) un informe público de las Naciones Unidas producido en el 2006 estuvo inhallable durante varios días en la web. El ejercicio habitual de hacer click en el enlace correspondiente daba mensaje de error e indicaba un número, el 404. Página/12 obtuvo una copia en PDF. Su contenido quizás explique la anomalía. Es el relato oficial de la ONU sobre malos tratos y las torturas a los encarcelados en la prisión norteamericana de Guantánamo. Como justo los Estados Unidos pidieron al Reino Unido la extradición de Julian Assange, la presunción en medios diplomáticos y judiciales es que el informe de la ONU se convierta en un argumento de defensa: ser extraditado a los Estados Unidos supondría un destino aberrante para el fundador de Wikileaks.
El texto dice en una de sus conclusiones: “Los intentos del gobierno de los Estados Unidos de redefinir la ‘tortura’ en el marco de la lucha contra el terrorismo para permitir el uso de determinadas técnicas de interrogatorio que no se permitirían con arreglo a la definición de tortura aceptada a nivel internacional son sumamente preocupantes”. Y agrega que esas técnicas “constituyen tratos degradantes” con “grandes dolores o sufrimientos”, que se suman a “la incertidumbre sobre la duración de la detención”, al “aislamiento prolongado” y a la “violación del derecho a la salud”.
El informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue presentado por funcionarios de alto nivel, todos ellos relatores de cuestiones especiales: Leila Zerrouigui (detención arbitraria), Leandro Despouy (independencia de magistrados y abogados), Manfred Nowak (tortura), Asma Jahangir (libertad de religión y creencias) y Paul Hunt (derecho al disfrute en salud física y mental). Fueron asesorados por especialistas como el holandés Theo van Boven, un jurista clave en la pelea contra los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina y luego en la construcción de las herramientas para investigar esos crímenes.
La prisión, supuestamente para presos de alta peligrosidad, recibió los primeros detenidos en 2002 y está dentro de la base ubicada en el territorio nunca devuelto a Cuba desde que los Estados Unidos dominaron la isla tras la guerra de independencia de España.
El gobierno de George Bush se irritó en su momento con las actividades del grupo de trabajo sobre Guantánamo. Les ofreció visitar la prisión pero no los autorizó a entrevistar prisioneros. Los relatores se negaron a aceptar el convite en esas condiciones y obtuvieron su información por testimonios de ex prisioneros, denuncias ante organismos de derechos humanos y documentación.
Como candidato, Barack Obama utilizó el informe en su campaña de 2008. Una de sus promesas fue terminar con el campo de concentración de Guantánamo. Ya como presidente ratificó ese objetivo ante la ONU, aunque solo pudo cumplirlo parcialmente. En ese período intercambió correspondencia con el grupo de trabajo sobre Guantánamo, y sobre todo con el argentino Despouy, que trabajó ad honorem en el informe mientras integraba la Auditoría General de la Nación.
En todo momento las autoridades norteamericanas rechazaron las acusaciones de que la prisión se basara en el trato degradante de la condición humana y en la tortura. Pero la recomendación contenida en el párrafo 96 del informe de 2006 sustraído estos días de Internet dice sin vueltas: “El Gobierno de los Estados Unidos debe clausurar el centro de detención de la bahía de Guantánamo sin más demora”.
En este tablero las revelaciones de Assange, a partir de 2010, confirmaron la extracción de prisioneros desde Irak y Afganistán, para usar el sustantivo típico de la jerga de los secuestros y los traslados a otro rincón del mundo. Y además de confirmar las extracciones, los miles de documentos divulgados por Assange provocaron la intensificación de las denuncias sobre la ilegalidad de los procedimientos.
Una vez que Assange se asiló en la embajada de Ecuador en Londres, en 2012, Despouy declinó hacer una referencia específica pero habló de los principios del asilo. En una entrevista concedida a este diario el 20 de agosto de ese año dijo: “Siempre este tipo de problemas plantea cuestiones que se resuelven no de manera arbitraria pero sí con una parte discrecional, es decir relacionada con criterios y decisiones concretas que pueden ir en un sentido o en otro. Veamos el fondo de las cosas: Assange pidió asilo luego de percibir que podía ser blanco de una persecución. Y esa persecución estaría relacionada con su compromiso fuerte por la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de los ciudadanos a ser informados. Son dos grandes principios que resguardan la difusión de los cables diplomáticos estadounidenses a través de Wikileaks”. Añadió que “el asilo es un principio del derecho internacional y que tiene dos costados, uno diplomático y uno territorial, pero debe concederse de manera completa por parte de un país democrático”.
La prisión de Guantánamo fue puesta en funcionamiento después del derribo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
El informe de la ONU estableció que “las obligaciones que incumben a los Estados Unidos en virtud de las normas internacionales de derechos humanos se refieren también a los detenidos de la bahía de Guantánamo”. También recordó que “no todos los derechos admiten suspensión ni siquiera en circunstancias excepcionales o durante un conflicto armado que amenace la vida la nación”. Entre los que no pueden ser suspendidos figuran el derecho a la vida y “la prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”, tal como figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En 2002 el Pentágono (Ministerio de Defensa de los Estados Unidos) aprobó tormentos como el aislamiento, el uso de posturas en tensión, la colocación de capucha en los interrogatorios, el retiro de la ropa, la privación de luz y estímulos auditivos y la explotación de fobias para causar estrés. Luego otro memorando del Departamento de Defensa cambió algunas de esas formas de interrogar, al menos en los papeles, pero dejó en pie la alteración de los horarios de sueño o la privación directa del descanso, el aislamiento y la manipulación del entorno cambiando la temperatura o introduciendo un olor desagradable.
Después de entrevistar a antiguos detenidos, los expertos de la ONU llegaron a la conclusión de que los sufrimientos habían sido graves y estaban configuradas las condiciones para hablar jurídicamente de tortura.
Para el grupo de trabajo, la situación se agrava por el hecho de que en Guantánamo el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos “hace el papel de juez, fiscal y abogado de defensor”, que viola el derecho a un juicio justo.
Y advierte que una de las irregularidades graves fue que algunos prisioneros eran vueltos a trasladar desde Guantánamo a países donde su integridad física corría peligro. Como si hablaran por anticipado de Assange.
