A la viuda del comisario Hernán David Martín le negaron, en principio y por considerar “prematuro” el pedido, la posibilidad de actuar como “particular damnificado” en la causa en la que se investiga el tiroteo ocurrido el 29 de marzo en Avellaneda, como resultado de un enfrentamiento entre policías de la Bonaerense y la Federal. Sandra Ojeda, la viuda de Martín, a través de sus representantes legales, intenta demostrar la inocencia de su esposo respecto del cargo de “extorsión” en el que está comprendido junto con otros integrantes de la fuerza. Pero lo más fuerte es que quiere probar que el oficial de la Bonaerense “fue ejecutado de siete balazos por la espalda”, por parte de los agentes de la Policía Federal, vestidos de civil, que le dispararon. Los federales justificaron su actitud afirmando ante la Justicia que Martín escapaba para evitar que lo detuvieran cuando intentaba cobrar una coima de 170 mil pesos.
La defensa de Martin va a insistir ante el Juzgado de Garantías para que se le permita a Ojeda ser querellante en la causa y poder acusar a los dos federales que dispararon contra su marido. La noche de los hechos, en la estación de la Shell en Avellaneda, el comisario Martín estaba a bordo de un Toyota Etios blanco. En fuentes allegadas a la causa, PáginaI12 pudo determinar que habría “muchos y gruesos interrogantes sobre cómo ocurrieron los hechos y sobre la actuación de los policías federales, en particular los dos que fueron heridos durante el enfrentamiento”.
Además de apelar la negativa a reconocerla como querellante, la defensa de la viuda de Martín pretende que el caso pase al fuero federal para que sea investigado como “delito de acción pública”. Lo que pretende Ojeda es que se investigue como “un homicidio simple y no que se lo analice como si se tratara de un homicidio cometido en el marco de un buen y legal accionar de la Policía Federal. Según las fuentes, el reclamo se fundamentaría en “una serie de incongruencias que están señaladas en el acta de procedimiento, dado que se advierten algunas contradicciones con elementos que pueden ser observados con claridad en las imágenes de las cámaras de seguridad” de la estación de servicio.
Uno de los puntos es que “en el acta se dice, según la declaración de los federales, que Martín chocó con su auto a los dos agentes que intentaban detenerlo, cuando en la filmación se observa que eso no ocurrió”. La investigación, que no avanzó hacia el total esclarecimiento de los hechos, a pesar de que ya tiene 1200 fojas, cuenta también con algunas constancias cuando menos curiosas.
Se afirmó que el sobre con los 170 mil pesos –que se habría sumado a otros 30 mil recibidos con anterioridad por los bonaerenses–, le fue entregado al capitán Eduardo Angel Franicevich, uno de los imputados, integrante de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús, igual que Martín. Sin embargo, en el acta se mencionaría que la suma hallada en el lugar del hecho fue de “dos mil cuatroscientos pesos, en un billete de mil, uno de 500, tres de 200 y cuatro de 100”, pero como la persona que denunció la extorsión habló de 170 mil pesos “se tomaron fotocopias color de los billetes originales para representar los fajos de dinero correspondientes a una suma semejante”. De ser así, efectivamente, quedan dudas de si el dinero se entregó realmente o si nunca llegó a manos de los bonaerenses, porque la Federal hizo su aparición y la supuesta entrega fue sólo un señuelo, una trampa para atraparlos.
De todas maneras, el punto central que intenta impulsar la viuda de Martín es el del “fusilamiento” de su marido, que recibió siete disparos, cinco en el tórax y dos en la cabeza, todos por la espalda. Los federales afirmaron que persiguieron a Martín y le dispararon porque estaba huyendo, porque “no acató la voz de alto” de la policía. La defensa del comisario fallecido argumentará que “puede ser lógico que no haya escuchado la advertencia y que se haya defendido, porque quienes lo interceptaban eran personas vestidas de civil y con el pelo largo”, al estilo de las brigadas policiales encubiertas que muchas veces, a lo largo de la historia reciente, han cometido asesinatos de personas inocentes. “Martín pudo pensar que se trataba de un intento de robo”, sería la réplica de quienes afirman que es inocente y que fue asesinado.
Los letrados de Ojeda, según las fuentes consultadas por este diario, tratarán de fundar sus argumentos en algunos datos controvertidos del expediente que lleva la fiscal de Avellaneda María Soledad Garibaldi. En el enfrentamiento entre Martín y los federales, dos de ellos resultaron heridos; uno de gravedad, el cabo primero Claudio De Carlo. Todo indica que él fue uno de los que dispararon contra Martín, de manera que como corresponde en una investigación judicial, se secuestró el arma utilizada. Lo curioso es que el arma no fue retenida en el lugar del hecho, como corresponde, sino que fue enviada luego a la Fiscalía, cuando De Carlo ya estaba internado en el Hospital Churruca.
El arma que fue incorporada a la causa es una Glock calibre 40, cuando se esperaba que fuera una pistola 9 milímetros. Lo único cierto en este caso es que todavía es necesario determinar quiénes eran los buenos y quiénes los malos, algo necesario tratándose de un caso en el que la coima venía de la droga o de la trata.
