Las organizaciones sociales van a anunciar hoy nuevas medidas por el  incumplimiento de la Sedronar del compromiso de aumentar el presupuesto destinado a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (Caacs). Se trata de centros de apoyo y recuperación para jóvenes con consumos problemáticos como el paco. El programa es una política pública que depende del Estado, pero las casas son gestionadas por los movimientos populares, que trabajan en cada lugar con un equipo mínimo de psicólogo, asistente social, talleristas y un referente territorial conocedor del barrio. Hay doscientas Caacs que en todo el país reciben a unos 15 mil jóvenes, pero su presupuesto permanece congelado desde 2017.

En diciembre pasado, el titular de la Sedronar, Roberto Moro, firmó un acuerdo con los movimientos –también de la Pastoral Social– en el que prometió aumentar los fondos en un 40 por ciento. 

La recomposición iba a concretarse en marzo; sin embargo, el mes pasó el sin que el aumento se efectivizara. 

La semana pasada, luego de una movilización de reclamo a la sede de la Sedronar, el secretario Moro –firmante del compromiso– les comunicó a los referentes sociales que el aumento no iba a ser posible “dado el contexto económico y social”. El funcionario agregó que las Caacs sólo recibirían un 10 por ciento de recomposición. Esta posibilidad fue rechazada y los funcionarios dijeron que hablarían con el Ministerio de Hacienda para ver si conseguían algo más. Así se llega a esta semana. 

“Este es un programa que hemos construido con muchos años de lucha. Vemos que la problemática del consumo en nuestros compañeros y compañeras es consecuencia de la política económica de hambre y pobreza. Hoy en nuestro país uno de dos pibes de 14 años es pobre; hay una gran posibilidad de que ese pibe caiga en el consumo, empujado por la exclusión. Por eso peleamos por sostener las Caacs, pero estamos funcionando con menos de 70 pesos por pibe. Así no se pueden sostener”, explicó a PáginaI12 Sebastián Morreale,  coordinador nacional de Vientos de Libertad (las casas del Movimiento de Trabajadores Excluidos). 

Vanesa Escobar, de la Red Puentes (del MP La Dignidad) completó el panorama: “No recibimos actualización del programa desde noviembre de 2017. Con un año de inflación tan brutal, seguir sosteniendo el mismo presupuesto que en 2017 es, básicamente, vaciar el programa. Todo aumentó en 2018 y sigue aumentando en 2019. Con el subsidio pagamos el alquiler de las casas, los salarios de los trabajadores, pagamos los insumos diarios como la comida para los pibes y la medicación que necesitan, todos los gastos para los trámites que implican recuperar derechos y ciudadanía, viáticos... todo aumentó, pero la plata que nos asignan para el programa no. Es una vergüenza que Moro ofrezca un 10 por ciento de aumento en la situación que está viviendo el país”.

Los centros trabajan a puertas abiertas, con asistencia voluntaria, sin umbral de admisión. La idea es que las personas accedan a un circuito de contención y cuidados, con acompañamiento legal si tienen causas judiciales abiertas, ayuda para tramitar un subsidio habitacional si están en situación de calle, terapia psicológica, atención de la salud. Se busca dar una respuesta integral, y en red con otras instituciones como hospitales y paradores.

En las organizaciones cuentan que el congelamiento del presupuesto afecta cuestiones muy básicas como la comida. En las Caacs garantizan el almuerzo y una colación, y para seguir sosteniéndolo están recurriendo a estrategias como hacer peñas o rifas, que por supuesto son ingresos no sólo mínimos sino salteados. También han perdido talleristas que no tienen forma de sostenerse económicamente. 

El programa de las Casas de Atención y Acompañamiento fue creado por el gobierno anterior, durante la gestión del cura Juan Carlos Molina, y está destinado a los consumos problemáticos en los sectores populares, que tiene características propias, vinculadas a la pobreza. Además del paco, reciben muchos casos de consumo de alcohol con pastillas y de chicos que inhalan pegamento o nafta. De ellos, la mayoría está en situación de calle.

Las organizaciones tienen una mesa de coordinación que esta tarde va a definir medidas de acción. Forman parte del programa, entre otros, Vientos de Libertad (CTE), Red Puentes, los Hogares de Cristo, Ni un pibe menos por la Droga (de la Corriente Clasista y Combativa), las Casas del Pueblo (Movimiento Evita) y El Patio (del Comedor Los Pibes).