La firma agroindustrial Viluco ratificó ayer en una audiencia con el gremio el despido de 116 empleados de su planta de Frías, en Santiago del Estero, a quienes ofrece una indemnización de 50 por ciento del monto que corresponde y en cuotas. Todavía los empleados no fueron formalmente notificados, según su comisión interna. La firma intenta escudarse en el proceso preventivo de crisis (PPC) que solicitó la semana pasada, pero que fue rechazado por el sindicato y, según fuentes gremiales, la Secretaría de Trabajo no convalidaría por falta de acuerdo. Sin embargo, la empresa irá por la vía de los despidos y con la oferta de indemnización que establece el artículo 247 del PPC. “Hace cinco años que viene presentando preventivo de crisis, pero recién el año pasado es que comenzó a frenarse la producción por las políticas económicas nacionales. Pero el objetivo es flexibilizar el empleo y quedarse con mayoría de trabajadores tercerizados”, explicó a PáginaI12 el delegado gremial Luis Paz. La empresa reclama que se actualice el precio del biodiesel para seguir operando. 

El gobierno de Cambiemos logró en apenas tres años llevar el país de ser potencia en la producción de biodiesel al cierre y despidos en las plantas industrializadoras del grano. La eliminación/reducción de retenciones en los principales cultivos, sumado a la fuerte devaluación de la moneda, estimuló la exportación de commodities en desmedro de su industrialización local. Esto tiene como resultado un aumento interno en el precio –que se iguala al internacional– encareciendo los costos de las empresas de biocombustibles. 

Para proteger las 30 pymes de este sector rige una regulación que establece un precio sostén que las petroleras deben pagar por el bioetanol con el que se corta el gasoil en una participación de 10 por ciento. Las empresas insisten en que se actualice ese precio, el cual la Secretaría de Energía debe hacerlo mensualmente. En febrero el dólar estaba en 38 pesos y en abril tocó los 44,96 pesos, lo que provocó un desfasaje para las pymes que compran el aceite de soja y metanol para producir el biocombusible. Estas materias primas representan 95 por ciento de la estructura de costos. El cimbronazo devaluatorio pone en jaque no sólo la producción sino los 1600 empleos que genera esta actividad en Santiago del Estero, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

“Sabemos cómo la política nacional afectó a las empresas de biodiésel de todo el país. Estamos teniendo problemas con plantas en Bahía Blanca, San Luis y Rosario. Son cinco que ya presentaron el preventivo de crisis. La mayor exportación de la producción de soja complica aún más al mercado interno y deja sin trabajo a muchos empleados del sector”, explicó Luis Paz a este diario. 

Viluco, ubicada al sudoeste de Santiago de Estero, pidió el lunes de la semana pasada a la Secretaría de Trabajo acogerse al preventivo de crisis y, a la par, anunció formalmente su intención de despedir a 116 de sus 200 empleados. La empresa argumentó que con la quita del diferencial arancelario del 3 por ciento que había entre el poroto de soja y los subproductos, el grupo tucumano Lucci, que conduce Viluco, dejará de procesar el poroto y comprará el aceite de soja que luego convertirá en biodiesel. “Se queda así con unos 80 empleados, de los cuales más de la mitad están tercerizados. Es la flexibilización laboral que plantea este Gobierno”, insistió Paz. 

La firma confirmó que esos 84 empleados que quedan estarán destinados a la unidad de producción de biodiesel. Además dejará de operar el segmento dedicado a la molienda de soja y la producción de alimentos balanceados. El fin de semana tuvo lugar la segunda marcha en repudio a los despidos Viluco y trascendió una misiva, de principio de mes, del gobernador Gerardo Zamora en la que solicita audiencia con la Secretaría de Energía, en conjunto con la empresa y con las cámaras pymes regionales de biocombustible. “Si a la empresa no le dan respuesta desde la Secretaría de Energía, Viluco estaría anunciando el cierre definitivo de la actividad en Santiago del Estero”, adelantaron a sus empleados desde la empresa. En la audiencia de ayer con el gremio de aceiteros la dirección de Viluco confirmó que seguirá adelante con los despidos, aunque no llegaron los telegramas y el plan de pagos bajo el PPC, de media indemnización, todavía no fue aprobado. “Nosotros ya lo rechazamos; ahora queda la definición de la Secretaría de Trabajo”, concluyó el delegado gremial.