La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y dispuso la falta de mérito del CEO de Techint, Paolo Rocca, en la causa de las fotocopias de los cuadernos, al tiempo que reprendió al juez de primera instancia, Claudio Bonadio, por hacer “caso omiso a exhortaciones” de ese tribunal de alzada. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I del tribunal de apelaciones, le encomendaron también al juez federal “la inmediata elevación a juicio de los tramos ya concluidos” y “resolver las cuestiones pendientes”. En la misma resolución, los camaristas confirmaron las prisiones preventivas del ex ministro de Planificación Julio de Vido y de su segundo, Roberto Baratta, y ordenaron liberar al secretario del ex viceministro, Nelson Lazarte.
Otra de las decisiones adoptadas por el tribunal fue el cambio de calificación del delito atribuido al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina en la causa de las fotocopias de los cuadernos: lo sacó de la asociación ilícita y le atribuyó cohecho pasivo (recepción de sobornos), que tiene una pena menor.
En paralelo, confirmó los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda del ex secretario presidencial, el fallecido Daniel Muñoz, y del resto de los acusados por maniobras de lavado de dinero.
El tribunal también ratificó el procesamiento de Isidro Bounine, ex secretario de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández, pero le revocó la prisión preventiva dispuesta por Bonadio.
Los camaristas mantuvieron la situación procesal de los involucrados en las supuestas maniobras de lavado de dinero, a las que describieron como una fase posterior a la recolección del dinero ilegal descripta en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
En la resolución sobre Rocca, los jueces Bruglia y Bertuzzi le dictaron la falta de mérito, que implica que no consideran que haya pruebas para sobreseer o para mantener el procesamiento, aunque continúa la investigación. Así contradijeron la afirmación de Bonadio, que cuando procesó al empresario señaló que por “el cargo que ostentaba no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados (a funcionarios) por el grupo económico al cual pertenecía”. No fue suficiente para los camaristas: “La responsabilidad de Rocca, cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding, carece del sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso”, argumentaron. También quedó en el camino el pedido de prisión preventiva contra Rocca que habían formulado los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli y que no había sido sostenido por el fiscal de Cámara Germán Moldes.
El edificio donde están las oficinas del grupo Techint aparecía en las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, el arrepentido chofer del Ministerio de Planificación, como uno de los sitios en los cuales se realizaron entregas ilegales de dinero.
En el marco de la causa, Bonadio dispuso primero la detención del ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta, quien fue liberado tras aportar información, como acostumbró hacer el juez con los empresarios a los que quería llevar a declarar como arrepentidos. Luego indagó y procesó al director de la compañía, Luis Betnaza. La versión de los directivos es que los pagos realizados por Techint a ex funcionarios eran para que intercedieran ante el gobierno venezolano y éste aceptara pagarle al Grupo Techint un resarcimiento por la expropiación de Sidor.
Bruglia y Bertuzzi también resaltaron que “resulta indispensable proceder cuanto antes a la elevación a juicio oral de la totalidad de las etapas/tramos que ya se encuentran concluidas en estas instancias, sin perjuicio de continuar con las investigaciones instruidas en los otros legajos”. Hacia el final del fallo, los camaristas le llamaron la atención a Bonadio: “Advertimos también que el juez ha hecho caso omiso a exhortaciones de este tribunal en cuanto a atender determinadas situaciones procesales”. En ese sentido, le recordaron algunas cuestiones pendientes, como “el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa de Máximo Kirchner” y el llamado a “profundizar las líneas de investigación relacionadas con diversas firmas, cuyos representantes aún no han sido convocados, tales como Perales Aguiar SA, Cartellone SA, Juan Carlos Relats SA o el grupo Eskenazi”.
