Las propuestas de reforma fiscal de la Fundación FIEL, recientemente contratada por el Ministro de Hacienda, conllevan una profunda ignorancia sobre la economía política de la actividad periodística y audiovisual. 

Luego del endeudamiento público récord y la desactivación de incentivos a la industria decidido en 2016, si el presidente Mauricio Macri avanzara con el ideario del Ministro recaudador de Nottingham, Nicolás Dujovne, y del preboste medioeval Daniel Artana para reunir recursos en un único barril sin fondo, destrozarían el delicado sistema que durante décadas permitió crecer a nuestro cine, y sobrevivir a PYMes productoras de noticias y contenidos de radio y TV. 

El 4 de febrero, el diario La Nación anunció que FIEL fue contratada por Hacienda para avanzar en una reforma tributaria integral. Su propuesta de “sinceramiento del IVA” y otras medidas están expresadas en el Informe 123, “El sistema tributario argentino. Análisis y evaluación de propuestas para reformarlo” (agosto 2015, link en el sitio web del think tank talibán). 

Bajo la idea general de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 19%, el informe de FIEL coordinado por Artana, enhebra otro objetivo: eliminar todas las exenciones a actividades o regímenes de tasa reducida. Además de impactar en servicios de educación y salud, esto afectará a los medios de comunicación.

El Informe reconoce que “el crecimiento del comercio mundial de servicios y el aumento en el e-commerce, son actividades más difíciles de controlar para el fisco” (pág 17). Esto lo venimos advirtiendo con la falta de regulación al audiovisual digital y el desinterés de hacerlo respecto de las plataformas como Netflix, Cablevisión Play, o los crecientes negocios con publicidad que no tributa (YouTube o Facebook).

Además de ignorar la fuga hacia el exterior de recursos en publicidad y abonos, que impacta en la sostenibilidad de los medios argentinos, los autores de la propuesta ahora piensan dinamitar el sistema de financiamiento público existente.

El planteo de terminar con “tasas diferenciales para atender objetivos de equidad”, llevaría a derogar las leyes 26.982 y 27.273 que redujeron la alícuota de IVA a diarios, revistas y publicaciones periódicas digitales y de información en línea.

También proponen eliminar impuestos “de bajo potencial recaudatorio, o que tienen asignación específica”. Entre ellos: 

  • El impuesto de 4% a la telefonía celular. (...) 
  • El impuesto de 10% a las entradas de cines y videogramas grabados (…)
  • El impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad.” (págs. 17 y 44 Informe FIEL Nº123).

Como elefantes en un bazar se llevan puestos los sistemas históricos de fondeo y redistribución de recursos para la radio, la televisión y el cine, vigentes desde hace décadas. De este modo desfinanciarían totalmente a las actividades y a los organismos reguladores, algo que ni se animó a hacer el superministro Domingo Cavallo desde 1991 en adelante.

El sector del cine luchó para recuperar en 2002 la autarquía del Incaa como ente público no estatal, que asigna y redistribuye sus fondos. Esos fondos habían sido manejados desde el Ministerio de Economía a partir de 1996. Ahora, si prospera la idea que compró el Gobierno ¡ya no habrá fondos para administrar!

Eliminar el “impuesto a los servicios de comunicación audiovisual” sería romper al Incaa, a la Radio y Televisión Pública, a los Institutos Nacionales del Teatro, de la Música, a la Defensoría del Público, derogar al Fomeca para medios comunitarios  (ley 26.522, arts. 94 a 97).

Y la quita de asignación específica del 10% de las entradas de cine (porción del IVA que se deriva al sector, ley 17741), no implica cambios para espectadores ni exhibidores, porque iría al “barril sin fondo” de la recaudación general. Pero sí resultaría otra pérdida irrecuperable para el Incaa y la industria del cine y la TV. 

La eximición de obligaciones fiscales específicas (entre el 5% y el 1%) a los multimedios, cableras y telefónicas, rompería la base de planes de Fomento y de Servicio Universal (ley 27.078). 

Quizás los tecnócratas promotores de este “paper”, al hacer gruesos cálculos de macroeconomía no dimensionen sus daños, en tiempos de “comunicaciones convergentes”. Dentro del Gobierno, es otra afrenta para políticos y funcionarios de comunicación, cultura y audiovisuales, y para los redactores de aquel anteproyecto de ley prometido por DNU.

Justo en estos días, Axel Kuschevatsky recordó que el cine y las series de TV están fuertemente subsidiados en Norteamérica… pero acá, ¿cambiamos?

* Docente e investigador FSOC-UBA/Undav.