El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex colaboradores Roberto Baratta y José López, y dictó falta de mérito a empresarios indagados, entre ellos el primo presidencial Angelo Calcaterra y Jorge “Corcho” Rodríguez, en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento. Los procesamientos sin prisión preventiva incluyeron embargos de ocho millones de pesos para los ex funcionarios por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública”, a raíz del direccionamiento de la licitación para adjudicar las obras. Este consorcio estaba integrado por las firmas Odebrecht –la constructora brasileña protagonista del escándalo del Lava Jato– Iecsa, Comsa y Ghella. En Tribunales cuestionaron la interpretación del magistrado en cuanto a que encontró pruebas “de una maniobra que se organiza y ejecuta a ambos lados del mostrador, pero sólo halló elementos de uno de esos lados”. Además, en uno de esos lados hay una empresa muy vinculada al presidente Mauricio Macri al momento de la maniobra que se investiga.
En ese sentido, el juez hizo la salvedad que espera la llegada de información desde la justicia de Brasil vinculada al Lava Jato para avanzar en la línea de la investigación relativa al supuesto pago de coimas, algo que hasta ahora no dio por probado y por eso dictó falta de mérito a todos los empresarios indagados. Llamativamente, en cambio, Martínez De Giorgi sí dio por probado que “funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, responsables –en razón de su cargo, del proceso licitatorio y la ejecución de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en el período investigado–, dirigieron su accionar en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas” del consorcio empresario. “Todo ello bajo la órbita y el amparo de Julio De Vido, por entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, y Roberto Baratta, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión” del organismo. Así, quedaron procesados por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública”, una decisión que incluyó además al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
Martínez de Giorgi también procesó por negociaciones incompatibles al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y en sus casos se les sumó el delito de dádivas con embargos de diez millones de pesos. Curiosamente, el juez sí vio responsabilidades a nivel gerencial en los casos de los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa, a quienes embargó con cinco millones de pesos. “Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas” por parte de esos integrantes de las firmas, sostuvo el fallo. Sobre la falta de mérito al empresario ex titular de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y a Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros, la decisión se basó en la falta de pruebas por el momento de la existencia de sobornos. “No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no fue posible corroborar”, sostuvo el juez.
Sin embargo, las pruebas recolectadas hasta ahora por la fiscalía ponen en evidencia el pago de sobornos, tales como los 5 millones de dólares fugados al principado de Andorra con firma de Santiago Altieri, integrante de Iecsa. Además, aunque la declaración de Manuel Vázquez como arrepentido no tiene valor porque aún no fue homologada, hay una filmación en la que dice que pagó 20 millones de dólares, y que él y Sánchez Caballero arreglaron con Jaime.
