El español Darío Rivas, impulsor de la querella argentina contra los crímenes de la dictadura franquista, falleció ayer a los 99 años en Buenos Aires. Rivas fue el responsable, junto a otras dos personas, de que la Justicia argentina comenzara a investigar la dictadura española gracias a una querella interpuesta en 2010 con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente.
Los tres pioneros que iniciaron el proceso con sus firmas contaron posteriormente con el apoyo de más de 100 asociaciones españolas y tienen como amparo la legislación internacional de Naciones Unidas sobre justicia universal, que habilita a los órganos judiciales de un Estado para la investigación de crímenes cometidos fuera de sus fronteras.
Darío Rivas fue, como gran parte de los integrantes de la querella, víctima de una dictadura que asesinó a su padre, Severino Rivas, alcalde de una pequeña localidad de su Galicia natal, al poco de iniciarse la Guerra Civil española (1936-1939). Rivas padre fue fusilado el 29 de octubre de 1936 por “traición a la patria”. En una entrevista otorgada a este diario en 2011, el querellante describió a su padre como socialista de corazón. “A él le gustaba ayudar a los pobres y practicaba el socialismo del corazón, no como estos caudillitos de la sociedad española que dicen que son socialistas y no lo son. ¿Qué es ser socialista? ¿Zapatero es socialista? ¿El, que no hace nada para que se juzguen los crímenes de Franco? El socialismo hay que practicarlo con el corazón, no hablando. Si no, es una farsa”, había afirmado.
En 2005 consiguió exhumar a su padre de la fosa común en la que estaba enterrado, según reconoce la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), fundada en España en el año 2000. Rivas siguió con su lucha por la memoria y cinco años después de encontrar a su padre llevó la causa a Argentina, donde residía desde los 9 años, y donde se encontró con el apoyo de abogados y jueces como la jueza María Romilda Servini de Cubría. La magistrada solicitó a España los nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que formaron parte de la dictadura de Francisco Franco, además de información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas, según la ARMH.
Con base en estos datos, en 2014 Servini de Cubría ordenó la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante el franquismo, alguno de los cuales tienen actualmente cargos de responsabilidad en empresas o en la propia policía. Sin embargo, todavía no se hizo justicia.
En la citada entrevista de 2011, Rivas había explicado qué quería que se logre con la denuncia presentada. “Hay 113 mil cuerpos desaparecidos, 30 mil niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones. En el cementerio de Zaragoza se fusilaron 1500 contra el paredón. Es una vergüenza. Quiero que se juzgue al franquismo. Eso sería agarrar a los que queden vivos y hacer que Franco quede en la historia como un dictador y un criminal de lesa humanidad, y no en un mausoleo turístico del “Valle de los Caídos”. (Nota de la redacción: el año pasado el gobierno de Pedro Sánchez decretó la exhumación de sus restos y el futuro traslado a un cementerio común). Rivas insistió en esa línea: “Que los cadáveres se recuperen para ser entregados a sus familias como héroes, y no como víctimas, porque no murieron producto de un accidente, fueron asesinados por un dictador. Muchos españoles piensan que si hay cuerpos en fosas comunes, “por algo será”. Yo no quiero que ese pensamiento exista. Me recuerda lo que escuchábamos acá en la dictadura: “Algo habrán hecho”.