Una tormenta institucional sacudió hoy a Brasil luego de que la máxima corte del país decidió aplicar la censura contra dos portales de noticias vinculados al mercado financiero y el allanamiento de la casa de un general retirado aliado del presidente Jair Bolsonaro, acusado de conspirar contra el tribunal.
El caso provocó la reacción contra la Corte de parte del arco político, pero también movió los cimientos del poder militar que forma parte del gobierno del ex capitán Bolsonaro, abiertamente crítico al perfil “garantista” de parte del Supremo Tribunal Federal (STF). Pero todo se archivó en las pocas horas, con ribetes de escándalo institucional, cuando la fiscal general, Raquel Dodge, acusó a la Corte de haber actuado fuera del procedimiento, es decir, de hacer la instrucción sin el Ministerio Público.
El juez del Superior Tribunal Alexandre de Morais ordenó ayer ocho allanamientos contra “fake news” u operaciones de prensa contra el presidente del máximo tribunal, Antonio Dias Toffoli, luego de que mandara censurar una nota supuestamente inverosímil a los portales digitales Crusoé y O Antagonista, propiedad de la agencia financiera Empiricus. Además, bloqueó las redes sociales de los investigados por “contenidos de odio y subversión del orden público”. Estos medios divulgaron información calificada en poder de los fiscales de la Operación Lava Jato de Curitiba sobre una declaración que vinculaba a la empresa Odebrecht con Toffoli, en la cual no se detecta ni se habla de asuntos ilegales.
“Lo que está pasando va más allá de la censura”, fustigó el vicepresidente y general Hamilton Mourao. Uno de los allanamientos fue en la casa de un general retirado, Paulo Chagas, quien contó sobre el operativo en las redes sociales. Chagas es un conocido crítico de la Corte y fue candidato del presidente Bolsonaro a gobernador del Distrito Federal de Brasilia.
Dirigentes parlamentarios de la oposición y el oficialismo denunciaron censura por obligar a borrar, so pena de tener que pagar unos 30.000 dólares diarios, la notas sobre Toffoli.
El caso se enmarca en las disputas de doctrina crecientes entre la Operación Lava Jato –fiscales de primera instancia, Policía Federal y el hoy ministro Sérgio Moro– y parte del Supremo Tribunal Federal, que le puso un freno a los poderes extraordinarios con los que goza el equipo anticorrupción desde 2014.
