Por unanimidad, el Senado sancionó este miércoles la ley que incorpora el acoso callejero como un modo de violencia de género, además de introducir su definición en la Ley 26.485, conocida como Ley de Protección Integral a las Mujeres. Referentes y organizaciones feministas calificaron como “un avance” la sanción de la norma pero advirtieron sobre la necesidad de que se apruebe también el proyecto “complementario” que plantea su agregado como delito al Código Penal.

La nueva ley define a la “violencia contra las mujeres en el espacio público” como “aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

Por otro lado, la ley indica que el Instituto Nacional de la Mujer deberá abrir una línea gratuita, articulada con las provincias, que pueda ser utilizada como contención, información y asistencia a las mujeres víctimas de acoso. Además, la ley ordena a las fuerzas de seguridad a “actuar en protección” de las víctimas.

El proyecto había sido presentado por la ex diputada Diana Conti (FpV) y había avanzado hasta su media sanción en aquella cámara hace un año y medio, en septiembre de 2017. “Esa ley se gestó cuando el acoso callejero empezó a tener relevancia pública como hecho indeseable. El debate se centró, en ese momento, en la discusión si debía ser delito o no. Y la opción fue incluirlo como una de las formas de la violencias contra las mujeres. Desde ese punto de vista, es un paso más adelante en la concientización de que el no es no y que todas y todos merecemos respeto”, consideró Conti, en diálogo con PáginaI12.

“Hoy en día, el Congreso está debatiendo si incluir o no el acoso callejero como delito. Vamos a ver qué surge de ese debate. Yo empezaría considerándolo como una contravención, para que en lugar de penar se puedan adoptar medidas reeducativas para aquellos que objetivizan a la mujer y la someten a la violencia”, agregó.

Analía Kelly, de la organización Mumalá, también calificó a la nueva ley como un “avance”, ya que “era una de los faltantes más serios de la ley, teniendo en cuenta que el 93 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso callejero en su vida”. 

“Para quienes estuvimos involucradas desde el principio, esta es una noticia muy bienvenida, sobre todo porque siempre nos decían que no había chance de que saliera una ley que contemplara el acoso callejero”, opinó Verónica Lemi, fundadora de Acción Respeto. La nueva ley, sin embargo, “no es suficiente, porque no establece ningún tipo de sanción. Quisiera ver efectivamente cómo se van a llevar a cabo las medidas de prevención y capacitación”, advirtió la activista.

Juliana Santarosa, directora de esa organización, también festejó la nueva normativa, al tiempo que aclaró que “no es tan completa” como la que está en debate en Diputados y que plantea su agregado al Código Penal como una variante de los delitos contra la integridad sexual que será castigado con una multa y con la concurrencia obligatoria a talleres de concientización. 

La activista trans Daniela Ruiz, por otro lado, cuestionó la norma por no contemplar al colectivo LGBT y a las personas trans. “Muchas de nosotras somos las más acosadas en distintos ámbitos y me pregunto qué pasará cuando alertemos sobre esta situación, si seremos tomadas en cuenta o solamente se mofarán de nosotras”, dijo la directora de la compañía teatral trans Siete Colores.