El Poder Ejecutivo se opuso a través de una presentación judicial a que la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco siga ocupando un cargo en el tribunal después de que cumpla 75 años, el 7 de diciembre próximo. Highton presentó un amparo sobre fin de año ante el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico en el que le pide que la habilite para seguir en funciones después de la edad jubilatoria. Se aferra, para eso, al antecedente de su colega fallecido Carlos Fayt, quien siguió como supremo hasta los 97 años gracias a un fallo de la vieja mayoría automática del menemismo que declaró nula la cláusula de la Constitución Nacional que en 1994 estableció el requisito de obtener un nuevo acuerdo del Senado para seguir con la toga puesta después de los 75. Si Highton efectivamente se va, el gobierno de Cambiemos tendría la posibilidad de designar a una nueva jueza o juez supremo. En 2015, cuando el gobierno kirchnerista pidió que Fayt, de 97 años, dejara su lugar en la Corte, el radicalismo y el PRO lo defendieron a capa y espada. “No hay democracia posible sin división de poderes”, tuiteó en es momento Mauricio Macri.    

Un dato curioso es que en un reportaje con PáginaI12 publicado el 2 de noviembre de 2014 Highton decía textual: “En principio, me voy a ir antes de los 75 o a los 75. Tengo 71. Mi idea es cumplir con la Constitución”. Explicaba también que su caso era distinto al de Fayt, porque él había sido nombrado en 1983, por el presidente Raúl Alfonsín, mucho antes de la reforma constitucional (1994) que fijó la edad límite para jubilarse. En cambio ella fue designada en 2004, por Néstor Kirchner y lo que quería decir es que a ella le tocaban las reglas más recientes. El escrito presentado por el Ministerio de Justicia en representación del Estado dice, con un toque de ironía en medio de una prosa bien técnica, que cuando la jueza juró en la Corte lo hizo por la Constitución vigente “sin reparos ni reservas”. 

Al presentar su amparo, Highton invocó la llamada “doctrina Fayt”: un fallo de la Corte de 1999 donde una mayoría de sus propios compañeros, sin excusarse, declaró la nulidad del inciso 4, párrafo tercero, del artículo 99 de la Constitución Nacional, con el argumento de que los constituyentes se habían extralimitado en sus facultades reformadoras ya que ni en la ley que establecía la necesidad de reforma ni en el Núcleo de Coincidencias Básicas estaba previsto modificar el régimen de inamovilidad de los jueces. Pero el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, dice que fijar una edad para jubilarse no afecta la “inamovilidad”, en todo caso es un límite al régimen vitalicio. Insiste en que con un nuevo acuerdo del Senado los jueces supremos después de los 75 años pueden continuar en su cargo. Cita ejemplos de otros países de la región donde los jueces de las cortes tienen mandato limitado en el tiempo y recuerda que la cartera judicial ha tenido ambas posturas: la de cuestionar la continuidad en ciertos casos, uno de los cuales está a discusión precisamente de la Corte actual, que es el del camarista Leopoldo Schiffrin, y la de desistir el reclamo y permitir que el juez siga en el cargo, como hizo durante la gestión de Julio Alak en el kirchnerismo respecto del fallecido juez supremo Enrique Petracchi, quien había conseguido un amparo. Cuando fue el debate en torno a la jubilación de Fayt, que tenía 97 años, quienes son representantes del actual gobierno, desde el Presidente para abajo, sostuvieron que debía permanecer en su puesto.   

Ahora la decisión está en manos del juez contencioso Lavié Pico, que debe evaluar las presentaciones de la jueza y del Estado. Este último plantea que aunque crea “improbable” que conceda el amparo, se reserva la posibilidad de llevar el reclamo hasta la propia Corte, como para que no queden dudas de que pese a las variadas experiencias, su objetivo es oponerse a que la jueza continúe en 2018. 

En el máximo tribunal pos menemismo hubo dos jueces que dejaron la Corte a los 75 años. El primero fue Augusto Belluscio, otro de los jueces nombrados por Alfonsín. El segundo fue Raúl Zaffaroni, quien al renunciar poco antes de su cumpleaños le entregó una carta a Cristina Fernández de Kirchner en la que le decía que creía que los cargos vitalicios son propios de los sistemas monárquicos. Elegía un contexto especial para decirlo: cuando comenzaba a crecer la discusión pública por la edad a la que Fayt seguía cumpliendo funciones en la Corte. 

Highton, especialista en derecho civil, se caracterizó en sus años de jueza suprema por mantener posturas tendientes a proteger los intereses del Estado en los fallos; se cuidó con frecuencia de firmar votos que pudieran generar o incentivar perjuicios económicos para las arcas públicas y fue reticente a la favorecer a las corporaciones empresarias. Es la encargada, hoy, de la Oficina de Violencia Doméstica y la de la Mujer. Fue cuestionada por el nombramiento de su hija, “Elenita” Nolasco, al frente de la secretaría de Relaciones del Consumo del tribunal, por la que sus colegas Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Fayt fueron denunciados penalmente.  

En un máximo tribunal de cinco miembros, que es la composición legal actual, si Highton se va Mauricio Macri tendría oportunidad de nombrar otro juez, además de los dos que ya logró incluir, que son Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.