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El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer la detención del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, quien es también la mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner. La movida de Marijuan, asentada en una delirante interpretación de las escuchas telefónicas de los diálogos entre CFK y Parrilli, trata de ir imponiendo la idea de la detención de la ex presidenta y de sus colaboradores. Marijuan utiliza como argumento una de las escuchas que figuran en la causa con un tramo en el que supuestamente CFK le dijo a Parrilli que hay que apretar a jueces y fiscales para que llamen a declarar a Antonio “Jaime” Stiuso. Es obvio que esa frase –si es que existió– apunta a presentar escritos, hacer presentaciones judiciales, ya que el kirchnerismo no tenía ningún poder en la justicia ni capacidad de presión a mediados de 2016, cuando se grabaron aquellas conversaciones. Para colmo, Marijuan intenta la detención en una causa de escasa relevancia, porque lo que el juez Ariel Lijo le imputa al titular de la AFI es no haberle entregado a los fiscales un informe, sin precisiones, sobre la ubicación del prófugo Ibar Pérez Corradi.
Maniobra
La jugarreta del trío judicial-político-mediático parece básica. El domingo, se difundieron nuevos y supuestos tramos de las escuchas telefónicas hechas a Parrilli y a CFK por orden de Lijo. La intervención se hizo entre junio y septiembre de 2016, cuando Pérez Corradi ya estaba detenido y Parrilli hacía siete meses que había dejado su cargo en la AFI. La filtración demostró, además, que los diálogos entre la ex presidenta y su colaborador no tenían nada que ver con el objeto procesal del expediente, o sea el supuesto encubrimiento de Pérez Corradi. La prueba es que Lijo no transcribió ninguna escucha en el procesamiento, sino dos entrevistas radiales que le hicieron a Parrilli.
En la transcripción de una de las escuchas del fin de semana se menciona –no se escuchó el audio– que la ex presidenta le dice a Parrilli: “hay que terminar con este psicópata. Llamalo a Martín y decile que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a Stiuso”. El reclamo de la ex mandataria tenía que ver con que hubo ocho denuncias penales contra el ex jefe de Operaciones de la SIDE y ningún juez avanzó en los respectivos expedientes. Se trató de denuncias por contrabando, enriquecimiento ilícito, ocultamiento de información, espionaje ilegal y otros delitos. Y obviamente lo que reclamaba CFK es que se hagan presentaciones en las respectivas causas para que lo llamaran a indagatoria a Stiuso, algo que no ocurrió hasta ahora.
En su pedido de detención de ayer, Marijuan invoca esa escucha para decir que demuestra la capacidad de Parrilli para influir y presionar a la Justicia, lo que le permitiría torcer la causa en la que fue procesado. En el escrito, Marijuan dice textualmente: “los acontecimientos que surgieron en las escuchas ponen en evidencia que Oscar Parrilli puede llevar adelante acciones que comprometan el accionar judicial”.
En verdad se demuestra lo contrario. En primer lugar, que Parrilli no tiene capacidad de presión porque le dicen que se lo pida al tal Martín. Y en segundo lugar, ningún juez llamó a declarar a Stiuso, lo que también demuestra la escasa influencia en el aparato de Comodoro Py de CFK, Parrilli e incluso el tal Martín.
Pero la mecánica está clara: el fin de semana difundieron esa segunda tanda de escuchas para justificar el pedido de detención del lunes.
Cargo
El otro argumento esbozado por Marijuan es que “el haber detentado un cargo de inteligencia tan importante como así otros en el ámbito del Poder Ejecutivo al máximo nivel de su estructura administrativa le brinda sin duda alguna la más amplia posibilidad de injerencia sobre distintos estamentos de seguridad incluso en otros poderes del Estado permitiéndole interferir la investigación en curso”.
En este texto, el fiscal intenta instalar, sin presentar prueba alguna, que Parrilli tiene capacidad de influir en un expediente que tiene que ver con la búsqueda de Pérez Corradi hace un año y tres meses, en noviembre de 2015. Más aún, teniendo en cuenta que el ex titular de la AFI dejó el cargo también hace un año y dos meses.
Es evidente que la capacidad de influencia en Comodoro Py la tiene Cambiemos, la AFI, el aparato mediático y la trama judicial que lidera Ricardo Lorenzetti, responsable de las escuchas y de la filtración ilegal de esas escuchas.
Procesamiento
La jugada de Marijuan para detener a Parrilli tiene la forma de una apelación al procesamiento dictado por Lijo en la tarde del lunes. El magistrado se manifestó expresamente en contra de la prisión preventiva señalando que “corresponde destacar que el Dr. Oscar Isidro Parrilli se encuentra en libertad y no se advierten indicios de que éste fuera a darse a la fuga o pudiera entorpecer de algún modo la presente investigación”. Marijuan se opuso ayer a este planteo y la decisión la tendrá que tomar la Sala II de la Cámara Federal que de la mano de Martín Irurzun –hombre de Lorenzetti– y Eduardo Farah –a quién siempre se vinculó con Stiuso– resolverán seguramente en marzo.
En la tarde de ayer, Parrilli, cuyo abogado es Roberto Boico, ya adelantó que recusará a esa sala. También el ex funcionario recusó a Lijo, a Bonadío y a Marijuan.
Expediente
La causa en la que se pide la detención de Parrilli gira alrededor de un informe de la AFI sobre el prófugo Pérez Corradi. El 5 agosto de 2015, el fiscal Juan Ignacio Bidone recibió a un testigo de identidad reservada quien aportó datos sobre el supuesto paradero de Pérez Corradi en Ciudad del Este, Paraguay. Bidone tardó 20 días en pedir asistencia a la AFI, aunque mientras tanto empezaron a trabajar en la búsqueda del prófugo tanto la Gendarmería como la Policía Federal.
El 3 de septiembre de 2015, Parrilli designó dos agentes de la AFI para que rastreen a Pérez Corradi en base a los dichos del testigo, quien sobre todo mencionó que el narco podría estar viviendo en un edificio llamado El Progreso, de Ciudad del Este, y que estaría en pareja con una mujer llamada Gladys Delgado. El testigo también aportó un teléfono.
El 16 de noviembre, los dos agentes entregaron un informe señalando que detectaron un Facebook que podría corresponder a Gladys Delgado, quien aparecía allí en pareja con un tal Pablo Martínez.
Lo que se le cuestiona a Parrilli es que este último informe debió entregarse a los fiscales. Y lo que Parrilli responde es que no tenía ningún sentido darle a la justicia un informe sin precisiones. De manera que ordenó a los dos agentes que sigan trabajando la pista y que vinculen el Facebook con una dirección IP.
Lo cierto es que menos de un mes después de ese informe, Parrilli dejó su cargo porque cambió el gobierno. Antes de salir de la AFI hubo una reunión con las nuevas autoridades en las que se les informó del estado de la investigación: los responsables de la búsqueda siguieron en sus cargos, tanto el jefe de Contrainteligencia como los dos agentes.
Lo que argumenta Lijo es que si Parrilli hubiera entregado el informe en noviembre, tal vez se hubiera podido detener a Pérez Corradi, no en el edificio El Progreso, donde nunca estuvo, pero en sí en el Hotel Convair de Ciudad del Este. Con ese argumento débil e hipótetico, el magistrado dictó un procesamiento por encubrimiento.
Prófugo
Una atenta lectura del expediente podría llevar a la conclusión de que deberían estar procesados el fiscal Bidone y las nuevas autoridades de la AFI, que fueron mucho más lentos en sus medidas de búsqueda de Pérez Corradi. Pero la cuestión es política.
En primer lugar, porque para Cambiemos toda la expectativa estaba puesta en que Pérez Corradi viniera a la Argentina y se despachara en la Justicia con largas acusaciones contra el kirchnerismo. La intentona no sólo se frustró sino que terminó siendo un disparo en el propio pie. Pérez Corradi no pudo acusar a nadie. Apenas esbozó una imputación contra Aníbal Fernández, pero sin prueba alguna y diciendo que se lo dijo Sebastián Forza, asesinado en el Triple Crimen de General Rodríguez. Obviamente Forza ya no podía sostener los dichos de Pérez Corradi.
Pero lo asombroso es que el narco se despachó contra dos figuras emblemáticas para Cambiemos. En primer lugar, Pérez Corradi dijo que la jueza Sandra Arroyo Salgado, hoy alineada con el macrismo, le pidió una coima de medio millón de dólares para dejarlo en libertad en 2012. Por supuesto, no aportó prueba alguna. Y en segundo lugar la emprendió contra el asesor presidencial Ernesto Sanz. Dijo que el dirigente radical cobró 200.000 dólares para impulsar el juicio político contra el ex juez federal Federico Faggionato Márquez. El dinero fue pagado –según Pérez Corradi– por el llamado rey de la efedrina, Mario Segovia.
Con semejantes acusaciones, el trío mediático-judicial-político sacó a Pérez Corradi de la escena. No volvió a la tapa de los diarios. Hoy el ex prófugo está procesado por tráfico de efedrina, por lavado de dinero y por enviar un opiáceo a Estados Unidos. En la causa más importante, la del Triple Crimen, se le dictó la falta de mérito.
Es Cristina
Así como la política dominó todo el caso Pérez Corradi, también la política juega el papel primordial en la secuela de ayer. Se hicieron escuchas cuando el prófugo ya estaba detenido, se dictó un procesamiento por encubrimiento por un informe en el que no había precisiones ni elementos decisivos para detener al prófugo, y ahora se intenta detener a la mano derecha de la ex presidenta en base a una interpretación descabellada de las escuchas. El objetivo es amortiguar los malos resultados económico-sociales, poner en la agenda la detención de los dirigentes del Frente para la Victoria y, en especial, de CFK. Es lo mismo que sucede en Brasil con Lula: quieren detenerlo para que no sea candidato. Todo apunta a evitar un regreso de lo que el aparato mediático-judicial-político llama “los gobiernos populistas”.
