Hace días, con motivo de la aberrante decisión del gobierno del Ecuador de dar por terminado el asilo diplomático de Assange, se ha llamado la atención sobre la situación institucional de ese país hermano, aunque sin precisar que se trata del derrumbe democrático y de la quiebra del Estado de Derecho más grave y escandaloso de toda la región.
Lenin Moreno que, por cierto, fue candidato por la fuerza política de Correa y que actualmente se halla en medio de graves acusaciones por actos de corrupción, una vez electo y en el poder decidió traicionar a Rafael Correa, perseguirlo judicialmente, y pedir su extradición y captura internacional. Bélgica negó la extradición e Interpol rechazó el pedido, reconociendo la naturaleza de persecución política de esas medidas. Esto no impide que sospechosamente se reiteren hostigamientos al ex-presidente y a sus familiares por las calles de Bruselas, ante la mirada azorada de los belgas.
Del mismo modo, Moreno se las arregló para poner en prisión (en condiciones inhumanas) al vicepresidente que integró su fórmula y fue electo junto a él por el pueblo ecuaotriano, al que no destituyó, sino que declaró vacante el cargo por ausencia, dado que, obviamente, estando preso no podía desempeñar sus funciones.
Lenin Moreno convocó una consulta popular el 4 de febrero de 2018, en la que se lo habilitaba a remover y reemplazar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un organismo propio de la Constitución ecuatoriana, integrado por siete miembros y que tiene poderes fundamentales para una democracia plural: designa al procurador general, al defensor del Pueblo, al defensor público, a la Fiscalía General y al contralor general del Estado, como también a los miembros del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y, sobre todo, a los del Consejo de la Judicatura, conforme al art. 208 de la Constitución del Ecuador.
Además de estas atribuciones, ese Consejo investiga corrupción, formula recomendaciones para el ejercicio de las acciones judiciales por actos de esa naturaleza, tiene personería para actuar en esas causas judiciales y, en caso de condena, se decomisan los bienes de propiedad del condenado.
Este referéndum en favor del otorgamiento de la suma del poder a Moreno fue convocado violando las reglas constitucionales, que exigen un previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, lo que no tuvo lugar, porque era por descontado que ese tribunal no habría de habilitar al presidente a removerlo a su gusto, como sucedió luego.
Como era de esperar, en razón de la precariedad y hostigamiento de la campaña por el “no” y de los medios concentrados a su favor, el resultado de la consulta, aunque no por mayoría muy amplia, fue favorable a Moreno, con cual quedó habilitado para designar un Consejo “provisorio” a su gusto, aunque con las mismas facultades que el verdadero y constitucional.
En otras palabras, Moreno asumió la suma del poder público a través de sus cómplices nombrados en ese consejo transitorio y con pleno apoyo de los medios concentrados al servicio –como siempre– de los peores intereses antipopulares.
Como si esto fuese poco, el consejo “transitorio” se atribuyó la facultad de revisar todos los nombramientos hechos por su predecesor constitucional, sin cumplir con ninguno de los procedimientos constitucionales, como el juicio político. En la otrora difundida jerga “de facto” de nuestra región, esto significa que puso “en comisión” a todos los funcionarios que no respondiesen a sus designios, por mucho que gozasen de garantías constitucionales de inamovilidad o procedimiento especial de remoción.
En uso de esas atribuciones que nadie le dio, el consejo provisorio (o sea, los amigos de Moreno) removió a quienes consideraba indeseables. El presidente de ese mamarracho (Julio César Trujillo) es un personaje que no siente ninguna vergüenza en manifestar púbicamente su parcialidad y abierto odio al expresidente Correa, pues declaró que podría sucederle lo mismo que al general Eloy Alfaro, el viejo líder liberal y presidente que fue encarcelado y asesinado por una turba en 1912.
Como es obvio, el consejo provisorio no perdió la oportunidad de designar al fiscal que acusa a Correa y, por ende, rápidamente nombró a los miembros de un nuevo consejo de la judicatura “encargado” (a sus amigos) y que, a su vez, promovió el nombramiento de la jueza que procesa y pide la extradición de Correa.
Por otra parte, este “pseudoconsejo” de la judicatura (o mamarracho de segundo grado) se atribuyó la facultad de juzgar la conducta de todos los jueces y, por ende, mantener bajo amenaza a los que no respondan a los mandatos del titular del poder supremo. En medio de esta hecatombe institucional, el “supremo” también removió a los jueces de la Corte Constitucional, obviamente sin acudir a los procedimientos constitucionales.
Como si todo lo anterior no fuese suficiente, el consejo de amigos del presidente también nombra y remueve al contralor general del Estado, que audita todos los entes públicos y privados que manejen fondos públicos. El nuevo “contralor funcional” (amigo de Moreno) se ha atribuido el poder de dictar órdenes de embargo por cifras astronómicas contra cualquier funcionario y ex-funcionario por supuesta responsabilidad civil, que responden al curioso nombre de “glosas”. Son víctimas de estos embargos incluso legisladores de la oposición y cuantos quieran hacer denuncias contra el actual régimen, si alguna vez pasaron por la función pública.
Este brevísimo pantallazo sobre lo que sucede en Ecuador ratifica lo afirmado al comienzo: se trata del escándalo institucional más grave de toda la región y, sin embargo, los órganos políticos regionales (OEA) y el propio sistema de Derechos Humanos guardan el más absoluto silencio frente a este escandaloso derrumbe de la democracia ecuatoriana, en que el “caso Assange” no fue más que un capítulo esperado.
Esta autocracia ecuatoriana, como máximo ejemplo de derrumbe de una democracia, la pone en riesgo de imitación en todo el continente, sin que los órganos jurídicamente competentes para tomar decisiones se molesten. Pero más allá de las indiferencias burocráticas, los guiños funcionales al poder transnacional y los monopolios mediáticos, los pueblos se mueven: la fuerza política de Correa, contra viento y marea, acaba de ganar las elecciones municipales.
Guido Croxatto: UBA-Conicet, director del Tribunal Experimental en Derechos Humanos Rodolfo Ortega Peña (UNLa).
