El Gobierno relanzó a comienzos de mes un proyecto de reforma laboral. Presentada como una iniciativa para combatir la informalidad, la propuesta recupera elementos flexibilizadores previstos en el fallido intento de reforma de hace dos años. El texto que ya comenzaron a analizar los senadores contempla beneficios fiscales y legales para los empleadores que precarizan trabajadores, una reducción de las indemnizaciones para los asalariados informales y una nueva rebaja en las contribuciones patronales. Un reporte elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martin indica que la incitativa tendrá un impacto limitado sobre la reducción del trabajo no registrado. “El proyecto altera la noción de equilibrio: todas las ventajas son para el empleador. Además la propuesta afecta los recursos de la seguridad social”, advierte el reporte.

Los cambios previstos a la indemnización especial para los trabajadores precarizados contraen los montos vigentes entre 70 y 80 por ciento. “El proyecto de ley reduce a una mínima expresión la compensación económica que le corresponde al trabajador por las condiciones ilegales en las que fue empleado”, advierte el reporte del Cetyd-Unsam. Pero el alcance de la medida no se limita a una rebaja en la indemnización sino que menguará el alcance del mecanismo como herramienta disuasoria para la contratación irregular ya que, según explican los investigadores, reduce los incentivos para que el trabajador le de curso una acción judicial.

El régimen de regularización del empleo no registrado consiste, por su parte, en otorgar una amnistía para aquellos empleadores que tengan en sus plantillas trabajadores no registrados. Los beneficios contemplan la extinción de la acción penal frente a los delitos tributarios respecto de los recursos de la seguridad social cometidos por el empleador y liberación de las sanciones y multas por falta de regularización de la relación laboral. Asimismo, prevé la exclusión del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales cuando la empresa estuviera incluida y la condonación de la deuda por falta de pago de las contribuciones y aportes. 

El proyecto enviado al Senado introduce además una exención generalizada de las contribuciones que realizan los empleadores al sistema de seguridad social. “Plantea una reforma inédita porque subsidia el total de las contribuciones patronales durante 2 años para todas las nuevas relaciones laborales que se efectivicen a lo largo del año desde que se implemente la ley”, sostiene el informe. Los expertos del Cetyd-Unsam cuestionan que el proyecto ofrece el beneficio a empleadores que reduzcan sus dotaciones. Además, advierten que la reducción de las contribuciones para las nuevas relaciones laborales incentivará la rotación laboral para contar con el mayor número de trabajadores alcanzados por el descuento. 

“La combinación de estos dos fenómenos provocará, además de un peligroso proceso de desvinculaciones, una marcada generalización de la reducción de las contribuciones en el universo de los asalariados registrados privados, lo cual impactará severamente en la recaudación del sistema de seguridad social”, expresa el informe. 

“Reproduce la falacia de considerar la reducción de los derechos laborales y la disminución de las cargas como  forma de generar empleo y solucionar la crisis económicas”, advierte un informe elaborado por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas.