La política exterior quedó al margen del Plan 27 de Octubre, la batería económica que vence el día de las elecciones generales. Hace dos semanas Jaime Durán Barba le transmitió a Mauricio Macri su conclusión de los focus groups: “De acá a octubre lo único que importa es ganar”. Traducción: “Manchemos la santidad ultraliberal con descuentos que no hicimos antes y congelemos precios pero ganemos, porque la inflación nos liquida”. Como se nota menos que las pymes en proceso de extinción y las góndolas que meten miedo, entretanto el Gobierno se dedica a fumigar Unasur y destruir el Mercosur.
A 28 años del Tratado de Asunción que formó el mercado común con los vecinos, la intención del Gobierno es liquidar el voto directo para el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, creado en 2005 e inaugurado en 2007.
Con Unasur el Gobierno fue drástico. Macri resolvió retirar a la Argentina por decreto. Lo cuestionó la oposición. “Se trata de una decisión estratégica sobre integración regional que debe ser aprobada por el Congreso según el artículo 75 inciso 24 de la Constitución Nacional”, dijo el ex canciller Jorge Taiana, flamante responsable internacional del Partido Justicialista.
El artículo 75 trata de las atribuciones del Congreso. El inciso 24 dice al final, sobre los tratados de integración: “La denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
El PJ, con la firma del presidente del PJ José Luis Gioja y la de Taiana, emitió un comunicado en el que dijo que denunciar el tratado “resulta contrario al interés nacional e inconveniente en el actual contexto regional y mundial donde las instituciones y mecanismos de bloques adquieren una relevancia estratégica para colaborar y coordinar desarrollos conjuntos que potencien la integración y la coordinación política” para garantizar la paz y la estabilidad democrática.
Las medidas de liquidación o pérdida de funciones para Unasur, Mercosur y Parlasur tenderían, según Gioja y Taiana, a “una creciente intrascendencia de la región en el escenario internacional, a la vez que agudizan la dependencia de potencias extrarregionales y la pérdida de autonomía para la toma de decisiones soberanas”.
Molestias
Los candidatos al Parlasur, en la boleta nacional, vienen pegados al candidato a Presidente. Para Cambiemos, esto significaría alejar visualmente a Macri de María Eugenia Vidal, que todavía no cayó tanto como su jefe en imagen pública.
“Macri no envía la ley para tratar la supresión de la elección directa porque teme perder, y sigue dañando la institucionalidad”, dijo a PáginaI12 Oscar Laborde, diputado Parlasur y uno de los coordinadores de Mundo Sur, un grupo especializado en política exterior. “Cualquier modificación al Protocolo Constitutivo del Mercosur o de sus agregados esenciales debe ser ratificada por los parlamentos, según lo establece el propio Mercosur.”
Por lo que pudo saber este diario, la molestia por el freezer alcanza a miembros de Cambiemos. No pasan por un momento de euforia María Luis Storani, Lila Puig de Stubrin y Gabriel Fidel de Mendoza. Tampoco está contento el peronista cambiemita Osvaldo Mércuri. El veterano dirigente banfileño está vinculado tradicionalmente a las cuestiones del Mercosur.
El ex ministro de Justicia Jorge Vanossi, de origen radical y hoy en el Frente Renovador, refutó la constitucionalidad de la suspensión de elecciones directas. En una carta dirigida a sus colegas parlasures de todos los bloques, el constitucionalista dijo que el artículo 99 impide modificar cualquier materia electoral por decretos de necesidad y urgencia, recordó que las leyes que modifiquen el régimen electoral deben ser aprobadas por la mayoría absoluta del total (es decir, no de los presentes en una sesión), que los tratados y convenciones “tienen jerarquía superior a las leyes” y remarcó la fuerza del inciso que prohíbe cualquier facilismo para huir de tratados en vigor.
El decreto del Gobierno decidió que este año no se elijan por voto directo representantes ante el Parlasur. Pero la acordada extraordinaria número 7 de la Cámara Nacional Electoral, máxima instancia de la justicia en materia de comicios, coloca la elección de los parlasures en la secuencia de este año. Incluso fija como fecha el 3 de diciembre de 2019 para que la Cámara reciba los resultados de la elección. En la lista de cargos nacionales a elegir los parlasures (19 por distrito nacional único y 24 por distritos provinciales y de la CABA) figuran nada menos que luego del presidente y el vice.
El gobierno argentino fue más allá. Aprovechando que tiene la presidencia transitoria del Mercosur impulsó la mengua del Parlasur. El presidente del cuerpo, el uruguayo del Frente Amplio Daniel Caggiani, dijo que frenar la elección directa que ya ejercen la Argentina y Paraguay en lugar de incentivarla y completarla para todos los socios representa “una herida importante”. Se agrega a “lo que se vivió en los últimos años con el proceso de algunos países de salir de la Unasur, la creación del Prosur por otro, el debilitamiento del Mercosur no solo como zona de libre comercio sino como mercado”.
Al margen de las consideraciones diplomáticas de fondo, para Caggiani, el canciller argentino Jorge Faurie violó las normas del Mercosur cuando no consultó al Parlasur para establecer los cambios. Caggiani dio que Faurie ni siquiera recibió a la conducción del Parlasur que le había pedido audiencia.
La única iniciativa de política exterior coordinada con Brasil en los últimos tiempos fue el vaciamiento de Unasur. La cancillería brasileña comunicó el retiro de Unasur en beneficio de Prosur, el Foro para el Progreso de América del Sur que integran desde el 22 de marzo Brasil, la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay y Perú. En vez de afrontar la crisis venezolana para buscar discretamente canales de apaciguamiento como antes habían hecho con otras (Bolivia y Ecuador) los miembros conservadores dejaron Unasur para aislar a Caracas.
Mauricio Macri parece confiar en que la crisis económica tape, con su urgencia, la destrucción de mecanismos integradores cuando faltan solo ocho meses para el fin de su mandato. Si además sus asesores llegaran a pensar que puede vulnerar la Constitución porque los temas institucionales no pesan en un año electoral, estarían incurriendo en una lectura liviana de la realidad. Primero porque el Gobierno no puede exhibir ningún número positivo en economía. Y luego porque la trama de espionaje que investiga el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores no solo afectó al fiscal Carlos Stornelli. También al Gobierno.