Mientras sigue tropezando con su propio discurso, el gobierno convocó para el próximo lunes a la Casa Rosada a representantes de las 16 empresas fabricantes de alimentos que adhirieron al ahora bautizado listado de Precios Esenciales. Los 64 ítems incluidos –la cantidad de productos es menor, ya que hay varios que se repiten presentados en distintos formatos– mantendrán sus precios congelados durante seis meses, según el compromiso asumido por las firmas fabricantes y las 45 cadenas comerciales adheridas (ver listado). Pese a que el anuncio ya fue realizado el miércoles pasado, y ya había sido anticipado días atrás, las autoridades todavía afrontan problemas de implementación para la puesta en marcha. El compromiso inicial era que este lunes ya estuvieran disponibles los productos en las góndolas al precio informado, pero luego se agregó que los comercios tendrían plazo hasta el lunes 29 para cumplir el compromiso. De estos y otros temas –por ejemplo, los controles y sanciones de los que el gobierno amenaza echar mano– se hablará este lunes en Casa de Gobierno en el encuentro que promete encabezar el presidente, Mauricio Macri, acompañado del ministro de Producción y Empleo, Dante Sica. 

El jueves, apenas un día después de presentado el plan “alivio” al bolsillo de los castigados consumidores, el ministro de hacienda, Nicolás Dujovne, se empeñó en aclarar que no se trataba de un control de precios ni de precios máximos impuestos, sino de “un acuerdo de caballeros” con las empresas fabricantes para presentar, en el marco de Precios Cuidados, un listado de productos sobre los que se asumía el compromiso de mantener los mismos precios hasta octubre, justamente el mes de las elecciones presidenciales. Pero el viernes, desde la Secretaría de Comercio Interior se sacudió el tablero al dejar trascender que se estaban preparando “medidas para controlar el acuerdo de precios”. 

Se hizo referencia al despliegue de un cuerpo de 350 inspectores para controlar los 2415 puntos de venta de Precios Cuidados y se mencionó, incluso, que se aplicarán multas de hasta 200 millones de pesos por el incumplimiento de las normas de exhibición y abastecimiento. La secretaría a cargo de Ignacio Werner llegó incluso a solicitar que las entidades de defensa de los consumidores colaboraran en alertar sobre faltantes de productos en los puntos de venta o alteración de precios por encima de lo pactado. 

Estas consideraciones oficiales le cayeron como una piedra en el estómago a las empresas que acababan de conceder su respaldo a la maniobra innegablemente electoral, pergeñada por el gobierno con el objeto de mostrar “sensibilidad” frente al shock inflacionario que viene sufriendo la canasta básica desde hace ya un año. Se trata de 16 empresas, de las cuales algunas firmas líderes  –Molinos Río de la Plata, Bagley, Arcor, Mastellone, Adecoagro– aportaron la mayor parte de los productos de terceras marcas para que el gobierno pudiera confeccionar su anuncio. En igual situación se encuentran otras firmas que, sin estar en posición dominante en sus respectivos mercados –casos de Ilolay, Bodegas Norton o Morixe–, contribuyeron en gran medida a confeccionar la lista de “Esenciales” congelados por seis meses. “Si el acuerdo es voluntario, no se entiende que se nos amenace con sanciones”, advirtió el representante de una de las firmas participantes. Idénticas consideraciones se podían recoger entre los comercios adheridos. 

La información oficial anticipó que en el encuentro del lunes se discutirá cómo se va a reglamentar la ley de lealtad comercial. De manera más formal, el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, comentó que “hay que sentarse a negociar con el gobierno una reglamentación adecuada a la ley, porque tenemos algunas observaciones”. Al ser consultado si tenían previsto un encuentro, el dirigente empresario respondió que “a Copal le han ofrecido sentarse a negociar, pero no nos han convocado”. Vale recordar que el programa de Precios Cuidados sigue vigente, aunque vence el próximo 6 de mayo.