“El Estado lejos de proteger a su pueblo está preocupado por generar ganancias para los grandes jugadores del sector energético. El Poder Ejecutivo con un rol de Estado Pro Empresa decidió privilegiar a los empresarios a costa del pueblo, para que todos los argentinos paguemos por medio de las facturas de sus servicios públicos márgenes de ganancia que no son justos, ni son razonables”. Eso dijimos desde el Cepis el 16 de septiembre de 2016, durante la primera audiencia pública que el Gobierno convocó para aplicar el tarifazo de gas luego del emblemático fallo de la Corte Suprema.

Durante estos tres años, el tarifazo ha sido una constante. El Gobierno ha mantenido las ganancias extraordinarias de las energéticas a costa de la población. Familias que no llegan a fin de mes, millones de personas llorando, sin dinero para comprar alimentos, para cocinarlos, para calefaccionarseo alumbrarse. Esa es la letanía que advertimos en las audiencias. La catástrofe social a la que el gobierno nos empujó.

Las medidas presentadas como de “alivio” que anunció el presidente Macri el miércoles pasado son hijas del altísimo nivel de hartazgo social y del temor electoral. La excesiva inflación, impulsada en mayor medida por el precio de los alimentos y de los servicios públicos, aspira una enorme proporción del salario familiar. 

Sin embargo, esas medidas en materia de tarifas son falsas y engañosas. La electricidad preveía para 2019 un aumento del 48%. En lo que va del año ya se aplicó el 40%. El “alivio” sólo suspende el 4% que se iba a aplicar en mayo y el 4% de agosto. “Suspende” en realidad es una ficción: las empresas eléctricas igual cobrarán ese 8%. Macri no suspende el tarifazo porque lo pagaremos entre todos ya que lo pagará el Estado. Las empresas siguen beneficiándose y el conjunto de la ciudadanía pagamos por ello con nuestros impuestos. Además ese “alivio” es sólo para usuarios residenciales: excluye a clubes y pymes. En síntesis: anuncio falso.

Algo similar ocurre con el gas: el gobierno anunció que no habrá más aumentos y es falso: ratificó el Tarifazo aprobado este mes que incluye además del 10% en abril el 9,1% en mayo y el 8% en junio. Es decir, no hay ninguna suspensión.

Al menos no mintieron con el agua. No dijeron nada, por lo que se mantiene el tarifazo de Aysa: el mes que viene aumentará la tarifa un 27%.

Estos falsos y engañosos anuncios pretenden generar la sensación de ‘alivio’ y ratifican el saqueo a los bolsillos de la ciudadanía: el gobierno de Cambiemos no cambia.

Estas cuestiones se debatirán en la próxima audiencia pública. Será una gran audiencia pública nacional que concentrará todos los servicios públicos. Se desarrollará simultáneamente en todo el país el 22 de octubre. Y, a diferencia de las anteriores, será vinculante. Lo que allí se decida será de aplicación obligatoria por las autoridades. Allí estarán en debate dos modelos: el que sostiene que los servicios públicos deben tener tarifas razonables y accesibles, ya que hacen al desarrollo de la vida digna de las personas y el que piensa a los servicios públicos como bienes del mercado, al alcance de quien pueda pagar por ellos. En esa gran audiencia pública nacional nos expresaremos todos y nuestra decisión será vinculante. Allí digamos entre todas y todos #NoAlTarifazo.

* Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).