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Cuatro ex policías federales que integraban la cúpula de la comisaría 38° están siendo juzgados, acusados de cobrar coimas a cambio de brindar protección a tres prostíbulos que funcionaban en el barrio porteño de Flores, donde se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Se trata del ex comisario Roberto Cabrini, los ex subcomisarios Jorge Durán y Alfredo Martínez y el subinspector Sergio Rodríguez. Durante la investigación fiscal, se determinó que falsificaban actas con supuestas tareas de inteligencia o inspecciones policiales a los locales nocturnos Doly’s, Fama y Envidia, pero en realidad, “hacían la vista gorda” para dejarlos trabajar. En el juicio oral y público, se les imputan distintos delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y falsificación de documento público. Hoy tendrán lugar los alegatos.
Una causa paralela que se abrió en su momento por trata de personas contra el dueño de Doly’s curiosamente prescribió al ritmo de sucesivas presentaciones que hizo la defensa, a pesar de que –como señaló el Ministerio Público Fiscal al cuestionar el cierre de causa–, los hechos bajo pesquisa tenían por objeto “la prostitución de dos menores de edad, el homicidio de una de ellas como consecuencia de esta actividad, la compra de un barco entre el imputado y el por entonces comisario de la seccional 38ª de la PFA entendida esta transacción como una ‘coima’ a cambio de protección entre aquél y este último, y maniobras destinadas a la inserción en el mercado de bienes de origen ilícito, algunas de ellas, incluso concretadas con posterioridad al período de imputación que aquí se le reprocha”.
El juicio contra los cuatro ex policías empezó el 1 de marzo y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°20. A lo largo de varias semanas declararon más de 35 testigos.
En el requerimiento de elevación a juicio, los representantes del MPF consideraron que los imputados realizaron una “cobertura ilegal sincronizada a partir de un ilegítimo convenio inicial –pago de una suma determinada de dinero– con un único objeto –el funcionamiento sin restricciones de prostíbulos– y que estaba estructurada mediante un doble soporte de protección”. Establecieron además, que los uniformados “inventaron” testigos, testimonios y avales documentales así como también actas falsas para fraguar supuestos controles sobre los prostíbulos.
Doly’s dejó de funcionar, luego de que fuera allanado en 2011 en el marco de un megaopertivo contra locales nocturnos donde se sospechaba había explotación sexual de mujeres, pero los otros dos –según declararon testigos en el juicio– seguirían en actividad en otras ubicaciones.
La instrucción de la causa la llevaron los fiscales Fernando Fiszer, a cargo de la Fiscalía Nacional de Instrucción N°8, y Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En el juicio interviene el fiscal general Carlos Gamallo.
Durante la primera audiencia los cuatro imputados se negaron a declarar.
Uno de los testigos que declaró en el juicio, un ex mozo que trabajó en Doly’s, dio detalles del sistema de explotación sexual de las mujeres que se encontraban en situación de prostitución y contó que al local nocturno “venía un montón de policías, se sentaban con el dueño. Había una mesa, me decían ‘servime tres café, un whisky, un Gancia’, y era toda una ronda de gente que yo no conocía. Seguramente eran amigos del dueño, porque se reían, se embromaban. También siempre había gente conocida del ambiente artístico”. Además, declaró durante el juicio la directora del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Personas, Zaida Gatti, quien recordó la serie de allanamientos que se hicieron a distinto locales nocturnos en marzo de 2011. “En todos los allanamientos me encontré con mujeres en situación de explotación sexual”, recordó Gatti.
En relación a la causa paralela que se había abierto por trata de personas contra el propietario de Doly’s, la investigación promovida por la Protex, estimó una ganancia ilícita de entre 9.155.567 y 10.037.921 pesos durante el período imputado de agosto de 2006 a julio de 2010. En setiembre de 2012 la Protex pidió la elevación a juicio de la causa, en la cual también estaban imputados dos encargados del local. En febrero de 2014, el juez interviniente hizo lugar. Pero en agosto de ese año, la defensa de los acusados pidió la suspensión del proceso a prueba, que fue rechazada por el juez Gabriel Omar Guirlanda; dos meses después, la defensa interpuso recurso de Casación contra dicha resolución y finalmente, en abril de 2016, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto y el 31 de mayo de ese año la causa volvió a manos del juez de primera instancia. Finalmente, el 9 de agosto de 2016 el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional N°3 dispuso declarar extinguida la acción penal por prescripción y el caso quedó en la nada.
