Los grupos mediáticos dominantes, acompañados por una fauna divergente y colorida de algunos jueces que olvidaron su función, algunos fiscales que acompañan a los jueces que olvidaron su función, sujetos vinculados a la inteligencia nacional o extranjera que siempre han recordado muy bien el papel que les toca en la destrucción de los modelos republicanos y del Estado de Derecho y funcionarios que ejercen el poder y que nunca han sabido qué significa gobernar a favor del interés de la comunidad, han pretendido instalar,todos ellos, la idea de que los casos mas importantes que tramitan en la justicia penal federal, deben separarse en “operaciones malintencionadas” y “casos relevantes de lucha contra la corrupción que son llevados adelante por Jueces valientes”.

Me sorprendo a mí mismo, pero como lo “corté no quita lo valiente” debo reconocer que en este extremo estos poderosos grupos tienen, por fin, la razón. Como decía el filósofo: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nada mejor que una tautología para no equivocarse (habría que darle el TIP al Presidente y a algún periodista/gastronómico). Por un lado tenemos juicios en los que: el juez no parece coordinar sus decisiones con los medios de comunicación; convoca tres veces a un fiscal a una declaración indagatoria y no ingresa en una impaciencia que lo lleve a limitar la libertad ambulatoria de un modo por lo menos evitable; muestra una actividad enérgica a la hora de buscar medidas de prueba; no condiciona las declaraciones de los imputados, al contrario resguarda celosamente las garantía de quienes son sometidos a indagatoria; no coordina (ni mucho menos) sus acciones en un contexto de promiscuidad funcional con el fiscal; los medios hegemónicos (y tampoco los otros) no pueden anticipar las resoluciones del juez; éste no recorre los programas periodísticos buscando nuevos ascensos, sino que pone en riesgo sus propias chances de crecer en la carrera judicial cumpliendo su deber; se enfrenta al poder de turno con honestidad y honor a su función de controlar los excesos de ese poder; y, por último, ofrece de modo transparente las constancias de su expediente a las partes y las que pueden ser totalmente públicas se las ofrece a los órganos institucionalmente involucrados. 

En cambio, por otro lado, tenemos, es cierto, pseudojuicios que no son otra cosa que operaciones de exterminio selectivo de un sector ideológico, en donde los jueces aplican leyes de modo retroactivo, las decisiones son mágicamente anticipadas por periódicos y sujetos que trabajan en medios, las declaraciones de los arrepentidos adivinan prolijamente los deseos de ministros y sujetos que trabajan en medios de comunicación, jueces y camaristas coordinan decisiones, empresarios que confiesan que han pagado coimas no van presos y funcionarios sobre los que no hay ninguna prueba de haberlas recibido están por cumplir 650 días de encierro. Los funcionarios, además, son procesados porque aunque ellos no hayan hecho nada, debían saber que algún subordinado (sobre el que tampoco hay prueba de que haya hecho nada ilícito) sí lo estaba haciendo. Este inconstitucional “debió saber” o “no podía no saber” para algunos empresarios se transforma mágicamente en que, aún cuando un dependiente está procesado por un acto ilícito, su jefe “no tenía porqué saber”.

Coincido con los medios de comunicación hegemónicos y ese Temaikén al cual me refería más arriba. Una cosa son operaciones y otra cosa son los procesos seguidos en el marco del Estado de Derecho. Los juristas, los profesores de derecho, los jueces y fiscales honestos, los periodistas que honran su profesión, las famosas “mujeres y hombres de a pie”, sólo esperamos que los responsables de las operaciones, cuando llegue el oxígeno republicano, sean juzgados por sus tropelías bajo las reglas del Estado de Derecho.

* Doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho Penal de la UBA.