Mal que le pese a Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresar el rechazo a las decisiones del Gobierno no es un delito. Así lo determinó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, al sobreseer a un grupo de personas que habían sido denunciadas por amenazas e intimidación tras retuitear un cantito de cancha contra el Presidente el 28 de octubre pasado. “Tales expresiones no tienen por finalidad anunciar un mal real o posible contra la figura del Presidente, sino que son una forma de manifestación en contra de ciertas circunstancias que acontecieron durante la administración que el presidente Mauricio Macri lleva a cabo en este país”, advirtió Martínez de Giorgi.

Luego de que Bullrich anunciara orgullosa la detención en José León Suárez de un joven de 20 años por escribir en Twitter “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)”, cientos de personas expresaron su repudio a ese operativo por considerarlo un acto que atentaba contra la libertad de expresión. Algunas de ellas, como Carla Latorre, Vanesa Lofeudo, Ignacio Izaguirre y Juan José Ortega, lo hicieron reproduciendo o parafraseando ese mismo cantito de cancha.

“Me enteré que habían detenido a una persona que había publicado una frase parecida a la que publiqué en mi cuenta. Yo publiqué la frase como una forma de manifestarme en contra de la detención de esta persona. Fue una réplica del tweet que esta persona había publicado, a lo que yo solamente le agregué ‘ahora que nos metan presos a todos’. No se trató de una amenaza al Presidente, sino que se trató de una forma de manifestarme en contra de la detención de esa persona, ya que me pareció un avasallamiento a la libertad de expresión”, explicó ante la Justicia Vanesa Lofeudo (@laalfareraok).

Latorre (@carlalato) le agregó un tono irónico: “Macri, te vamos a matar y no te va a salvar ni una pericia de Gendarmería”, en referencia al informe de esa fuerza que sostenía que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado, en línea con los intereses del macrismo. Esa pericia fue luego desmentida por su falta de solidez técnica.

La conclusión del juez Martínez de Giorgi fue terminante: “Las publicaciones de los encartados resultan ser meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva, sino que en realidad forman parte de una modalidad de expresar su repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional, ello sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes y, menos aún lastimar o poner en peligro la integridad física del Presidente de la Nación”.