Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y Radio Del Plata, está detenido desde el 1 de agosto de 2018. Se trata del único empresario que no aceptó ingresar al régimen del arrepentido en la causa de las fotocopias de los cuadernos y desde entonces continúa con prisión preventiva. La Justicia le negó la excarcelación en todas las instancias y demora el pedido de prisión domiciliaria. La Corte tiene pendiente definir un recurso de queja presentado por la defensa. Denunció haber sido extorsionado por el fiscal Carlos Stornelli, acusado como parte de la megared de espionaje ilegal que integra el falso abogado Marcelo D’Alessio.

“¿De qué me tengo que arrepentir?”, le preguntó Ferreyra al fiscal en rebeldía. “De haber colaborado con estos mugrientos. El matrimonio, los mugrientos que estuvieron en la Rosada”, respondió Stornelli. Cuando el empresario le dijo que no tenía nada de qué arrepentirse, Stornelli le respondió que entonces iría preso.

Este diálogo fue relatado por el propio empresario en una audiencia ante la Cámara de Casación la semana pasada, en una declaración que dio a conocer PáginaI12.

Los jueces de la sala 4 del máximo tribunal penal del país, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, deben definirse ahora sobre una querella iniciada por Ferreyra contra Stornelli y Claudio Bonadio por privación ilegítima de la libertad y violación a los deberes de funcionario público. Además de denunciar el apriete, la defensa a cargo del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, afirma que no hay pruebas para mantenerlo preso ni para sostener el procesamiento.

A partir del escándalo por el espionaje ilegal, que dejó al desnudo el armado de causas judiciales y el rol del fiscal de los cuadernos, la defensa de Ferreyra busca sacar su caso de Comodoro Py, llevarlo a Dolores y que ordenen su libertad. Entienden que hay conexidad entre la denuncia por extorsión y lo que está siendo investigado por Alejo Ramos Padilla.

En primera instancia había sido procesado por Bonadio, pero luego la Cámara Federal, que benefició a todos los demás empresarios al sacarlos de la asociación ilícita, a Ferreyra le elevó la calificación y lo consideró organizador junto con los ex funcionarios, también detenidos. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le trabaron un embargo millonario.

El vicepresidente de la compañía que ganó la licitación para la mega obra de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, pidió su excarcelación pero le fue negada en todas las instancias. La sala 1 de la Casación dejó firme la preventiva con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña      –Ana María Figueroa votó en disidencia–, por lo que la defensa interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema. Desde el 20 de diciembre del año pasado que esa presentación está siendo analizada por los Supremos, quienes además no incluyeron en la agenda de la primera mitad de este año ninguno de los casos pendientes sobre el uso de las preventivas.