Desde Río de Janeiro

El Superior Tribunal de Justicia de Brasil decidió reducir, por unanimidad, la condena de Lula a ocho anos y medio. ¿Qué significa ese fallo? 

Después de haber sido condenado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio (una referencia odiosa a los nueve dedos que tiene Lula, víctima de accidente de trabajo en la linea de producción, como obrero metalúrgico en la industria automovilística), otro Tribunal elevó la pena a 12 años y medio, sin que Lula pudiera apelar la nueva condena.

Todo eso formó parte de una escalada persecutoria que, rechazados todos los recursos, solo agregaba nuevos procesos en contra de Lula. La decisión de ayer, mas allá de sus consecuencias, representa el cierre de ese clima. Por primera vez un Tribunal emite una decisión favorable a Lula. 

La disminución de la condena y de la multa que Lula debería pagar trae consecuencias favorables para él. En primer lugar, la pena menor permite que en septiembre, al cumplir 17 meses de prisión, Lula acumule tiempo suficiente para demandar régimen semiabierto de prisión. 

Asimismo se disminuye de 16 a 2 millones de reales la multa que Lula debería pagar, pago que es condición para poder acceder a ciertos beneficios en el proceso. Por ejemplo, Lula podría solicitar una prisión domiciliaria.

Imposible no vincular esta decisión al nuevo clima político y jurídico, marcado por profundos y reiterados conflictos dentro del gobierno, de sectores del gobierno con el Judiciario, de los de la operación Lava Jato con el Supremo Tribunal Federal, así como el debilitamiento de la figura de Sergio Moro, por múltiples apariciones publicas desacertadas, pero sobretodo por los reiterados tropiezos de la causa Lava Jato.

Hubo, por una parte, una decisión del STF indicando que los procesos que  tienen que ver con campañas electorales deben ser juzgados por tribunales electorales y no por las instancias que se ocupan de la causa Lava Jato. Por otra parte, surgió una denuncia en contra de una de las empresas mas directamente involucradas en procesos de corrupción, señalando que sus directivos habían fabricado delaciones premiadas con la finalidad de incriminar a otras personas y de favorecer a la empresa.

Pero el principal escándalo que ha afectado la imagen pública de la causa Lava Jato fue el descubrimiento de un fondo millonario a disposición de los  jueces que la investigan. El fondo sería el resultado de un acuerdo con autoridades de los Estados Unidos, según el cual Petrobras habría pagado una multa gigantesca, pero el gobierno norteamericano reservaría una parte de esa multa para el fondo, que sería administrado en Brasil por los jueces de la Lava Jato. La revelación causó un escándalo, reacciones negativas generalizadas, hasta que los jueces que dirigirían el Fondo decidieron, frente a esa repercusión, retirar la iniciativa.

El jurista Afranio Jardim dijo que “en pocos meses Lula estará de nuevo en los brazos del pueblo”. Pero Lula, desde un comienzo, dijo que solo aceptaría salir de la cárcel si se reconoce su inocencia. Acaba de reiterar que prefiere la dignidad de la prisión a una situación vergonzosa fuera de ella. Comienza una campaña sistemática para intentar convencerlo de buscar formas de salir de su injusta e injustificada prisión. Por el momento, el clima es favorable a que nuevos recursos lo puedan favorecer.

Los próximos meses definirán el destino de la campaña internacional “Lula Libre”.