Empresas petroleras, gobierno de Neuquén y estancieros esperaban ayer una buena noticia de los tribunales de Neuquén: un fallo “ejemplificador” contra el pueblo mapuche. Pero pasó lo contrario. El juez de Garantías Gustavo Ravizzoli absolvió a seis integrantes de la comunidad Campo Maripe, que llegaron a juicio acusados de “usurpar” la tierra que habitan desde 1920. La sentencia se da en el marco del avance petrolero-gubernamenal en Vaca Muerta, donde viven más de treinta comunidades indígenas. La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) festejó el fallo: “Volvemos a nuestro territorio a celebrar, a desahogar la tensión de este juicio, a seguir reafirmando nuestra posesión tradicional, actual y pública sobre la tierra que vio nacer a cada uno de los que fuimos juzgados en este infame juicio”.
Luego de cinco jornadas de testigos, el juez Ravizzoli absolvió a los seis integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, llevados a juicio acusados de “usurpación” por un hecho producido en noviembre e 2014, en la zona rural de Añelo, corazón de Vaca Muerta. Los denunciantes (Pablo, Andrés y Gilberto Vela) mantiene acuerdos comerciales con YPF por servidumbre de paso y afirman tener documentación posesoria que data de la década del ‘70.
El juez Ravizzoli explicó que se demostró el ingreso al lote en disputa pero no se pudo determinar que fue un accionar con dolo (intención de cometer un delito). Y recordó que existe una causa civil abierta (donde se definirá la posesión del predio).
Gilberto Huilipan, de la Confederación Mapuche, recordó que el pueblo mapuche habita la Patagonia desde siglos previos a la avanzada militar (“Campaña del desierto) y mucho antes a la llegada de las petroleras. Sin embargo suelen llamarlos “usurpadores” de su propio territorio. “Fue la primera vez que alguien de un poder del Estado escuchó a la comunidad Campo Maripe, su historia de dolor e injusticias. Celebramos que el juez haya dejado claro nuestros derechos”, afirmó Huilipan.
El fiscal del caso, Marcelo Silva, no ocultó su pública posición anti mapuche. Durante el juicio mismo acusó a los Campo Maripe de no ser una comunidad ni pueblo originario, y dijo que pretendían el territorio para cobrarle dinero a las petroleras (la comunidad exige que las empresas se retiren de su comunidad, no acuerdos económicos).
El negacionismo de la pre-existencia mapuche también fue asumida por el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, con larga experiencia en el Movimiento Popular Neuquino de confrontar con las comunidades indígenas y asumir posturas públicas (y medidas de gobierno) en sintonía con los pedidos de petroleras y estancieros. Durante el juicio, dio testimonio en favor de la familia Vela y no reconoció a los Campo Maripe como comunidad (a pesar que la Provincia otorgó la personería jurídica en el 2014).
En 2015, un estudio (“Informe histórico antropológico”) solicitado por el gobierno provincial y realizado por un equipo interdisciplinario dio cuenta de que la comunidad Campo Maripe vive en la zona de Añelo desde, al menos, 1927. El trabajo, de 247 páginas, detalla la historia de la comunidad, las zonas que habitó y las parcelas que le fueron arrebatadas (muchas de ellas durante la última dictadura militar). Otra prueba de la preexistencia mapuche: el cementerio de la comunidad está en el predio en disputa.
La comunidad mapuche explica que sus mayores pesares comenzaron en 2013, luego que YPF y Chevron firmaran el acuerdo para explotar Vaca Muerta (con la cuestionada técnica del “fracking” –hidráulica–), justamente en la zona conocida como “Loma Campana”, que es el territorio del Lof Campo Maripe. Es regla del modelo extractivo: el avance petrolero, minero y sojero (entre otras actividades) se produce violando la legislación vigente que el propio estado argentino aprobó.
Los defensores Emmanuel Guagliardo y Micaela Gomiz hicieron eje en las leyes que protegen a los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional y de Neuquén, Ley 26160 –que frena los desalojos y ordena relevar territorios indígenas–) y rechazaron que el conflicto deba resolverse en el fuero penal.
Además de la familia Vela, otros actores que pedían la condena a los mapuches fueron el gobierno provincial y las petroleras, que ven a las comunidades indígenas como un escollo ante el avance de la explotación hidrocarburífera. Esperaban la condena de tres años de prisión para la comunidad Campo Maripe.
En el caso de Campo Maripe, el estado provincial y nacional aún no completó el relevamiento territorial que exige la Ley 26.160, sancionada en 2006 y que establecía que en tres años debía relevarse todos los territorios indígenas.
La Confederación Mapuche emitió un comunicado ayer por la tarde. Consideró como “histórico” al fallo “que reconoce el derecho indígena” y destacó que la sentencia rompe “el blindaje jurídico” que protege a las petroleras en Vaca Muerta. Resalta que el juez Gustavo Ravizzoli hizo hincapié en la legislación que protege los derechos de los pueblos originarios, y que rara vez es aplicada por el Poder Judicial de Argentina. “Por primera vez en muchos años sentimos como mapuches que nuestros derechos preexistentes eran asumidos y expuestos por una autoridad de Estado, como es un juez. Celebramos que el Poder Judicial ponga las cosas en su lugar y exija al poder político que se se olvide de los negociados y cumpla con las leyes”, señaló la Confederación Mapuche.
