El Ministerio Público Fiscal solicitó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que rechace por “abusivo” y por “conflicto de intereses” un acuerdo entre el Estado nacional y Sideco Americana S.A, empresa controlada por la familia Macri a través de Socma S.A, con el que la familia del presidente Mauricio Macri se beneficiaría con una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Según el dictamen de la fiscal ante la Cámara, Gabriela Boquín, con este acuerdo, Macri aceptaría algo “equiparable a una condonación de la deuda”, ya que su familia pagaría sólo el 1,18 por ciento del monto que la empresa familiar mantiene con el Estado por la quiebra de Correo Argentino S.A, empresa privatizada en 1997 y manejada por Sideco hasta 2003. En caso de que su pedido sea rechazado, Boquín podrá apelar ante la Corte Suprema.

La fiscal Boquín, representante del Ministerio Público ante la Cámara, presentó ayer una extensión de su dictamen, con el respaldo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, en el que analiza el acuerdo de junio del año pasado entre el Estado y el Correo Argentino S.A —el grupo Macri tenía el 69,2 por ciento de las acciones, Banco Galicia (14 por ciento) y la Corporación Financiera Internacional (5 por ciento)— en el marco de un concurso preventivo abierto en 2003, y en el que el Estado reclamaba una deuda de 450 millones de pesos/dólares a septiembre de 2001 por el incumplimiento en el pago de los cánones semestrales acordado en la privatización firmada por el expresidente Carlos Menem.  

La empresa controlada por el Grupo Macri ofreció en junio cancelar su deuda con el Estado en 15 cuotas anuales y con una tasa de interés del 7 por ciento.  La oferta fue hecha en una audiencia solicitada por el propio Estado —titular del 32,65 por ciento del pasivo concursal— tras rechazar tres meses antes  (marzo de 2016) una oferta que proponía el pago de la deuda en 19 cuotas con una tasa de interés del 6 por ciento. Boquín, con el respaldo de la DAFI, se detuvo en el análisis de las dos propuestas, ya que con pequeñas modificaciones el Estado pasó de rechazar de plano la propuesta a aceptarla tres meses después.

“El valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16 por ciento y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82 por ciento”, subraya el dictamen de Boquín y marca diferencia entre el valor inicial de la deuda hace 15 años en pesos/dólares y el valor que significaría aceptar el pago a partir de 2018 en 15 cuotas anuales, o sea,  hasta 2033. “El porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, detalla. La conclusión: “70.163.910.895,30 pesos --saldo de la quita a marzo de 2033-- y 4.277.659.362,13 pesos --saldo de la quita a febrero de 2017--”. El aumento exponencial de la quita a favor de los Macri se explica, según detalló el portal Nuestras Voces, en la suba progresiva del porcentaje de la deuda, que deja el 50 por ciento del total a pagar en las últimas 2 cuotas. 

“Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín ante la Cámara de Apelaciones y se reservó la posibilidad de acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema.

Además, la fiscal precisó que el juez de la causa Eduardo Favier Dubois requirió información sobre la participación de Franco Macri, padre del Presidente, en la compañía y recibió una respuesta similar a la surgida tras la revelación de los Panamá Papers: Franco no es directivo de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”. Los hijos de Franco recibieron el control de Socma y, entre ellos, el actual Presidente cedió en 2009 su participación accionaria en Correo Argentino S.A a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan.

“Pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal en su dictamen ante la Cámara.

En ese tono, Boquín subrayó que frente a esta situación la Oficina Anticorrupción o la Comisión de Ética Pública debieron haber mediado en la negociación; por lo que solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.

Por otra parte, la fiscal precisó que el representante del Estado en las audiencias por el concurso preventivo fue el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien fue nombrado en carácter transitorio por 180 días, con las firmas del titular del ministerio Oscar Aguad y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Boquín sostuvo que Mocoroa es “un funcionario incompetente” para aceptar el acuerdo y debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.

La fiscal concluyó que la nueva propuesta aceptada por Mocoroa “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y enfatizó que  su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

La concesión de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (Encotesa) a Correos Argentinos S.A, controlada por el Grupo Macri, fue la última, en 1997, de una larga ola privatizadora encabezada por el gobierno de Carlos Menem. La entrega había sido pactada por 30 años con el compromiso de que la empresa manejada por los Macri pagaría un cánon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares al Estado. Sin embargo, en 1999, Correos Argentinos S.A dejó de pagar el cánon, además de exigir al Estado que reconozca como parte de las inversiones que tenía que realizar las indeminzaciones pagadas por los 6 mil despidos que ejecutaron en el primer año de concesión.    

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) del 5 de septiembre de 2002, con Eduardo Duhalde como presidente provisorio, indicaba que la empresa controlada por el Grupo Macri adeudaba 4 semestres del pago del cánon e incumplía con el plan de inversiones y las responsabilidades previsionales y sociales. El gobierno de Duhalde pasaría por alto ese informe y beneficiaría al Grupo Macri con la pesificación de las deudas. El 19 de septiembre de 2001, la empresa entró en concurso preventivo con una deuda de 900 millones de pesos/dólares. 

En noviembre de 2003 —transcurridos 6 años de los 30 de concesión, con miles de despidos a cuestas, el incumplimiento de los compromisos asumidos y un descenso de la participación de la empresa en el mercado— el gobierno de Néstor Kirchner decidió cancelar la concesión y restatizar el Correo. Un mes después, el juez Eduardo Favier Dubois declaró la quiebra de la empresa controlada por el Grupo Macri con un reclamo por parte del Estado de 450 millones de pesos/dólares adeudados.