Desde el inicio de la gestión el gobierno apuntó, en lo discursivo, a desarrollar las economías regionales. Fueron, de hecho, parte de los sectores que buscó impulsar con la devaluación y la quita de retenciones apenas iniciado el mandato. Se creía que eso mejoraría la rentabilidad y permitiría aumentar las exportaciones y, por lo tanto, la producción. Sin embargo, los resultados en materia de valores exportados no muestran un cambio importante en relación a la tendencia de los años previos. En 2018, las exportaciones de las economías regionales totalizaron 5520 millones de dólares, valores relativamente similares a los niveles de 2015 (5230 millones), y 12 por ciento por debajo del promedio 2011-2015 (6250 millones de dólares).

En materia cambiaria e impositiva, las idas y vueltas fueron permanentes: la apreciación cambiaria de 2017 fue seguida del fuerte shock devaluatorio de 2018. El aumento de los reintegros a la exportación de comienzos de 2017 fue contrarrestado por la reimposición de los derechos de exportación a fines de 2018. Estos cambios (sumado a la inestabilidad de todas las variables macroeconómicas) fallaron en otorgar un horizonte de previsibilidad, necesario para el desarrollo empresarial y reclamado por dichos sectores, y una de las promesas de este gobierno.

Es cierto que, al margen de estas marchas y contramarchas, es incorrecto pensar que las medidas cambiarias e impositivas alcanzan para modificar sustancialmente la realidad de las economías regionales. En los hechos, estas economías conjugan una serie de problemas estructurales que requieren otro tipo de políticas públicas para su desarrollo, ya sea científicas, tecnológicas, de financiamiento, transporte y logística o, inclusive, de defensa de la competencia.

En este punto, el gobierno fue también a contramano: las elevadas tasas de interés y la eliminación de las líneas de crédito para la inversión productiva, por un lado, y el desfinanciamiento del entramado científico–tecnológico (principalmente el INTA), por el otro, limitan la posibilidad de mejoras en áreas claves. En tanto, el ajuste en la obra pública, como consecuencia del acuerdo con el FMI, no permite la concreción de obras de infraestructura necesarias para reducir los costos logísticos. Asimismo, los aumentos de las tarifas energéticas afectaron los costos de producción de manera generalizada y a ciertos sectores intensivos en energía en particular, tales como el olivícola y el arrocero.

A modo de ejemplo, el sector vitivinícola viene transitando una situación delicada en los últimos tres años, afectado por una muy mala cosecha (2016), por la importación desde Chile (2017) y por el sobrestock como consecuencia de la caída del consumo (2018). El año pasado, las ventas al mercado interno y exportaciones de vino fraccionado (de mayor valor agregado) cayeron, y no lograron ser compensadas por la suba de exportaciones de vino a granel. Esto último pone de relieve que, en los productos de mayor valor agregado, la suba del tipo de cambio no es un impulso directo para las ventas en el exterior, sino que entran en juego otros factores –tanto de costos, como de logística y comercialización–.

Por su parte, la producción de peras y manzanas –emblema del Alto Valle de Río Negro y de ciertas zonas de Neuquén– no escapa a las problemáticas mencionadas previamente. Los bajos márgenes como consecuencia de los problemas en la cadena de producción–comercialización sitúan al sector en una situación crítica hace varios años. La falta de tecnificación, en el caso de las manzanas, genera que la productividad sea baja en relación a otros países productores como Chile, dificultando la exportación. Todos problemas que se han profundizado estos años. Si bien gracias a las buenas condiciones climáticas se observa un rebote de las ventas al exterior en 2018 (que implicaron una suba de 17 por ciento con respecto a 2017) éstas se encuentran aún 6 por ciento por debajo de los valores de 2015. 

En síntesis, las economías regionales juegan un papel importante tanto por el lado del sector externo (rondan el 10 por ciento del total exportado), como del empleo a nivel federal (aproximadamente 8 por ciento del empleo privado a nivel nacional, y más del 40 por ciento en algunas provincias). Sin embargo, a los problemas estructurales profundizados por la actual gestión, se han sumado tres años de fuerte inestabilidad, baja de la demanda y falta de previsibilidad para el sector. En este camino, es difícil imaginar el desarrollo federal de nuestro país.

* Directora de Radar Consultora.