El último informe del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Ciudad refleja con claridad la política represiva selectiva de la flamante Policía de la Ciudad: detenciones y abuso de la fuerza durante protestas sociales justificados bajo la figura de "atentado y resistencia contra la autoridad" y persecución de los vendedores ambulantes, con énfasis en la población migrante, sobre todo los colectivos de vendedores senegaleses. El perfil de la política de seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta surge a partir del análisis de las imputaciones de 623 detenidos que fueron víctimas de violencia institucional durante 2018. El promedio de edad de las víctimas fue de 30 años, en el 90 por ciento de los casos se trató de personas con empleos informales y el 24 por ciento fueron extranjeros.

Violencia, tortura o amenazas. 623 detenidos por la Policía de la Ciudad —en el 93 por ciento de los casos— o por alguna de las fuerzas federales en territorio porteño denunciaron haber recibido ese tipo de trato policial durante entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2018. Así los reconocieron ante personal del Ministerio Público de la Defensa, a través de una encuesta directa que se realiza a cada detenido asistido.

En promedio, la Defensoría registró 62 víctimas mensuales de violencia institucional en los operativos “preventivos” de la Policía de la Ciudad. La cifra más alta de detenciones ocurrió en noviembre pasado, impulsada por las 35 detenciones ocurridas durante el fracasado operativo de seguridad para la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. Y por las 11 detenciones ocurridas durante el megaoperativo de seguridad en torno a la reunión del G-20, entre ellos, el apoderado del PTS y militantes sociales. Solo en julio el número de víctimas se redujo a 33, lo que coincidió con una baja en la cantidad de detenciones en general por la reorganización de las comisarías porteñas.

Más allá de esos dos eventos masivos militarizados y el reordenamiento policial en julio, el informe de la Defensoría revela una política sistemática de detenciones por parte de la Policía de la Ciudad. “Las personas que han manifestado haber sufrido hechos de violencia institucional fueron, a la vez, imputados de delitos penales o contravenciones”, indica el informe y precisa que, del total de víctimas, 527 fueron imputadas por delitos y 95 por contravenciones.

Entre los detenidos víctimas de la violencia institucional con imputaciones por delitos, en el 80 por ciento de los casos la figura por la cual la Policía de la Ciudad los apresó fue por “atentado y resistencia contra la autoridad”. “Se trata de un delito contra la propia Policía y en el que la prueba de la acusación es la propia fuerza”, expone el defensor general adjunto del Ministerio Público de la Defensa porteño, Luis Duacastella, en diálogo con PáginaI12.

“La policía responde a este tipo de delitos con violencia desproporcionada, lo que, al mismo tiempo, es la figura utilizada para detener arbitrariamente a los sujetos que la policía identifique previamente”, sentencia el informe. Para subrayar la utilización que se hace de esa figura penal en casos de violencia institucional, Duacastella contrasta con el dato de que solo un 0,38 por ciento de los detenidos por “robo” dijeron ser víctimas de violencia por parte de la Policía. En tanto, la figura de “daños”, que implicaría una acción violenta por parte del detenido, aparece segunda con apenas el 17 por ciento.

La serie de informes del programa permite observar que la utilización de esa figura penal para justificar el uso abusivo de la fuerza es una constante desde la creación de la Policía de la Ciudad, por lo que el defensor adjunto recuerda el caso de Mariana Solange Gómez, golpeada y detenida en octubre de 2017 en Constitución luego de besarse con su esposa. En 2018 se observó otro ejemplo de la utilización de esa figura, cuando en octubre se detuvieron a cuatros extranjeros y 22 argentinos durante las protestas contra el Presupuesto 2019.

Tras esas detenciones, el Ministerio Público de la Defensa patrocinó a dos venezolanos apresados al voleo cuando volvían de su trabajo como repartidores. En aquel operativo también habían sido detenidos militantes de La Garganta Poderosa. La causa fue archivada en febrero pasado por la inexistencia de material que probara la versión policial. Otra detención bajo la misma figura ocurrió ayer durante las protesta frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, sobre la que se viralizó un video donde se ve a un efectivo de la Policía de la Ciudad dejar dos piedras al lado del detenido.

Duro con los vendedores ambulantes

El informe avanza en un segundo análisis respecto de las denuncias de violencia institucional. Del total de casos, 95 fueron denunciados por personas a las que se les imputaron contravenciones. Al desagregar el tipo de contravenciones aplicadas a cada detenido vuelve a surgir la selectividad de la política de seguridad: en el 77,9 por ciento de los casos la contravención imputada fue “Uso del Espacio Público” y, entre ellos, la mayor cantidad de casos refiere al artículo que tipifica las actividades lucrativas sin autorización en la vía pública.

La persecución sobre los vendedores ambulantes se refleja particularmente en los 10 casos en los que a las víctimas de violencia institucional se le imputaron contravenciones y delitos. En esos casos, además del artículo que apuntar contra la venta en vía pública se sumó la violación del delito de “Ley de marcas”. “Significa un nuevo modo de criminalizar a los vendedores ambulantes”, resalta el informe.

“La política es de represión a las actividades en el espacio público, algo que puede tener un sustento normativo en el caso de la venta en la vía pública, porque cuenta con la aprobación del Código de Contravenciones por parte de la Legislatura lo aprobó. Pero esa política del espacio público tiene en su aplicación un perfilamiento racial y social para el accionar policial”, denuncia Duacastella.

Según el informe de la Defensoría, el 76 por ciento de las víctimas de violencia fueron ciudadanos argentinos, un 14 por ciento fueron personas de origen africano y un 10 por ciento de países latinoamericanos. En ese punto, los casos de violencia institucional sobre la comunidad senegalesa toma dimensión crítica: representaron el 57,5 por ciento de los casos de extranjeros víctimas. “El caso de los ciudadanos senegalesas se transforma en un círculo vicioso porque su criminalización en el espacio público hace que no puedan obtener la documentación que les permite acceder a trabajos formales”, señala el defensor adjunto sobre la política porteña que recibió una advertencia por parte de la ONU.

El documento subraya otros dos datos que revelan la selectividad de la persecución en el espacio público y afectan ya no a una nacionalidad sino a una condición social. El 89,8 por ciento de las personas que sufrieron violencia institucional tienen un trabajo informal, entre ellos, un 24 por ciento son vendedores ambulantes. Además, las víctimas del abuso policial fueron en su mayoría varones con un promedio de edad de 30 años, registrándose la mayor cantidad de casos entre jóvenes de 23 y 29 años. “El perfilamiento social de la política de seguridad tiene está apuntado a quienes en momentos de crisis económica y desempleo, acuden a buscar trabajos de subsistencia en la vía pública”, sintetiza el defensor adjunto.