Los trámites que los migrantes deben realizar para pedir permisos de permanencia en Argentina están estancados por trabas burocráticas que empujan a la irregularidad a 50 mil personas. Mientras desde el oficialismo se pregona un discurso para ligar la agenda de seguridad con la problemática migrante, cada vez es más difícil para ellos acceder a sus derechos. La Dirección Nacional de Migraciones admitió en una nota pública que sólo el 17 por ciento de las 63.500 solicitudes iniciadas desde el lanzamiento del nuevo sistema de Radicación a Distancia de Extranjeros (Radex) fueron resueltos.

Si un migrante no tiene tres mil pesos (en caso de que provenga de un país del Mercosur) o seis mil (para el resto de los países) para abonar la tasa migratoria no puede iniciar el trámite en el sistema registral lanzado por el gobierno en noviembre del año pasado. Pero incluso aunque cuente con ese dinero y con los documentos necesarios para llevar adelante su trámite de regulación, es probable que el Estado no apruebe su solicitud y sean intimados. En esta situación están más de 50 mil migrantes en todo el país de los 63.500 que hicieron sus solicitudes en los últimos cinco meses.

Los datos surgen de una respuesta de la Dirección a una solicitud de información pública cursada por Comisión Argentina para los Migrantes (CAREF) y el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, junto con otras 15 organizaciones de migrantes, que reclamaron conocer el funcionamiento del sistema de radicación digital ante las denuncias que recibían por parte de los migrantes. La CAREF alertó que los obstáculos impuestos exponen a las migrantes a una situación de mayor vulnerabilidad, porque también las deja expuestas a las intimaciones judiciales frente a una condición de irregularidad que el mismo Estado crea.

“Hay que leer estas dificultades para el acceso concreto que estamos observando en un marco más general, en que tenemos una disposición que solicita antecedentes a diez años creando obstáculos y por otro lado se han incrementado considerablemente todos los aspectos ligados al control de permanencia y la ejecución de las expulsiones”, explicó a Página/12 la directora de CAREF, Gabriela Liguori.

El gobierno de Mauricio Macri reclamó recientemente que se debata la cuestión migratoria con una ola de declaraciones xenófobas que intentaron asociar la delincuencia a los extranjeros, a pesar de que menos del uno por ciento de las personas migrantes tuvo conflictos con el sistema penal y el porcentaje de personas extranjeras encarceladas ronda entre el 4,9 y el 6 por ciento de acuerdo a los registros. El grave problema para Liguoir es que se están “creando monstruos”, instalando discursos que “alejan cada vez más a las personas migrantes de su derecho a la regularización”.

La situación de los migrantes se agrava cuando quedan luego expuestos a intimaciones estatales por las trabas burocráticas del sistema. “Hay cada vez más migrantes expulsados, intimados a regularizarse, hay cada vez más intimados pero el sistema funciona lento y mal”, advirtió Liguori. Ese es el caso de Alexander, miembro de la campaña Migrar no es Delito, quien dice haber seguido paso a paso la renovación del permiso, pero nunca recibió el documento por vía electrónica.

“Ahora estoy en una situación irregular por culpa de Migraciones y tengo que pagar una multa de 3500 pesos”, le contó a este diario Alexander, quien denunció que en definitiva lo que se está buscando es “criminalizar” al migrante. “Recurrí a un abogado y me terminaron diciendo que perdieron los papeles. Yo estoy empapado en el tema, tengo abogados que nos capacitan pero igual es discriminatorio ¿Qué será entonces del compañero que viene sin ayuda entonces?, se preguntó Alexander.

Quienes no abonan y solicitan la tasa de eximición deben hacer el trámite de forma presencial y esperar a ser uno de los 40 turnos por día que da la entidad pública, una exclusión que las organizaciones denuncian como una “discriminación concreta contra las personas más vulnerables”.

CAREF afirma que son muchos los migrantes que no saben hacer el trámite o que no hablan el idioma y que no tienen ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado, que “no brinda información clara” ni provee “canales que faciliten la accesibilidad, sino todo lo contrario”. “Los obstáculos se van incrementando en términos de normas y de práctica. Entonces tenemos por un lado cada vez más migrantes por fuera de la regularidad y por otro lado, una dirección que fortalece y agudiza los aspectos ligados con el control y las expulsiones”, subrayó la directora de CAREF.

La lucha principal de los migrantes es contra el DNU 70/2017 que amplía el abanico de personas que pueden ser expulsadas y establece un trámite express para esos casos, luego reforzado por la medida que los obliga a presentar un certificado de 10 años sin antecedentes penales. “Hay un efecto contagio respecto de estas lógicas restrictivas del acceso de los migrantes a derechos y por otro lado está la naturalización de que son personas de una categoría desigual, menor a los nacionales ”, enfatizó Liguari.