La decisión del propietario del supermercado La Gallega de abrir algunas sucursales este domingo, sin contar con un recurso judicial, sumó un nuevo capítulo a la saga por la implementación de la ley de descanso dominical. Desde la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), que ayer encabezó una manifestación en las puertas del híper Libertad por los despidos de 10 trabajadores, se limitaron a señalar que la secretaría de Comercio provincial es la encargada de realizar los controles y sancionar a La Gallega. Por su parte, la cámara que agrupa a los supermercados locales reclamó ayer a la justicia que se expida sobre la apelación, presentada por la provincia, el municipio y el gremio, al fallo que declaró inconstitucional la normativa para "no seguir alentando la desigualdad y la conflictividad". Además, bregaron para que el Concejo revise la ordenanza de adhesión, que contempla a los establecimientos comerciales de más de 1200 metros, para que alcance a los comercios de más de 120 metros, como lo establece la ley provincial.

En la sucursal de La Gallega de Urquiza al 1100, un cartel dirigido a los clientes anunciaba que el próximo domingo la empresa abrirá seis sucursales, dos de ellas en el horario de 9 a 21, y el resto de 9 a 14, desobedeciendo la ley de descanso dominical. La decisión del titular de la empresa, Sabino Alvarez, llega un mes después de que las cadenas Coto, Carrefour y Jumbo pudieran abrir los domingos a partir de un fallo de la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucional a la normativa provincial y a la ordenanza municipal.

"Es un tema de control de la secretaría de Comercio", señaló Juan Gómez, dirigente de AEC, a la espera que los funcionarios del área constaten y multen a la empresa que no cuenta con ningún recurso judicial para abrir sus puertas los domingos. Cuando el supermercado La Reina, otras de las empresas locales, realizó una presentación en feria, la misma jueza que habilitó a Jumbo, rechazó la medida cautelar.

La dilación de la justicia en tratar la triple apelación fue objeto de críticas por parte de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar). Además de aclarar que el titular de La Gallega no es miembro de la cámara, la presidenta de Casar, Verónica Solmi, dijo a este diario que los supermercados afectados están solicitando que el Tribunal, una vez concluida la feria, se expida "lo más rápidamente posible para ver si el fallo queda firme o no".

Solmi expresó que la preocupación de los supermercadistas locales es que la demora en la justicia acrecienta la desigualdad. "Se aguantó todo enero y la situación se pone brava. Al Libertad también le pasa lo mismo, aunque creemos que el tema no se soluciona despidiendo gente. El Tribunal tiene que expedirse para no seguir acrecentando la conflictividad por los despidos y no siga la incertidumbre".

Por otra parte, los supermercadistas locales pretenden que el Concejo, cuando se reúna, establezca la adhesión desde los 120 metros como dice la ley. "Nosotros lo hicimos cuando se sancionó la ordenanza, adelantando que así alentaban la desigualdad entre comercios y empleados. Pero desde el gremio quisieron ir por esa ordenanza, que a su vez daba lugar a que el fallo lo tilde de inconstitucional porque modifica la ley. Nosotros mantuvimos el criterio desde el principio", subrayó la presidenta de Casar.