El 28 de mayo, en el Congreso Nacional, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito va a presentar nuevamente el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que el año pasado recibió media sanción en la Cámara de Diputados, realizó un nuevo “Martes Verde” en Plaza San Martín, donde hubo feria, talleres, intervenciones, taller de uso seguro de misoprostol y pañuelazo.
En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se va a presentar, por octava vez, el proyecto de Ley de IVE con un texto renovado en donde se toman los aportes del debate público realizado entre marzo y agosto del 2018. El proyecto plantea que toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas del proceso gestacional. Además, sostiene el derecho a interrumpir el embarazo más allá del plazo establecido si el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.
“Es necesario que se discuta y se apruebe el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque quedo absolutamente demostrado que responde a una cuestión de salud pública que actualmente no tiene ninguna herramienta institucional adecuada desde el Estado. Necesitamos tener una legislación que se ponga en sintonía con los tratados de derecho internacional y respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y entienda a la maternidad como una decisión y no una imposición o mandato social”, destaca la diputada nacional y candidata a diputada provincial del Movimiento Evita Lucila dePonti.
“No quedan dudas que avanzar en este sentido nos va a permitir conquistar demandas absolutamente necesarias para nuestro tiempo, un acceso igualitario a este derecho y para todas las personas gestantes y también poder lograr una mejora en la atención y calidad sanitaria de nuestro país. Por eso queremos convertir en ley este proyecto, porque responde y amplía derechos que ya conquistamos, pero que todavía no son del todo respetados por el Estado como la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral o el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo para los casos que están actualmente contemplados”.