El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que el muro que prometió construir en la frontera con México “está siendo diseñado ahora mismo”, y detalló que será “grande” y “de mucha ayuda” para garantizar la seguridad del país. Ante jefes policiales y oficiales el magnate republicano dijo que no estaba bromeando durante la campaña cuando lanzó su promesa de construir la valla fronteriza. “Yo no bromeo sobre cosas así. No, tendremos un muro. Será un gran muro y hará mucho, será de mucha ayuda”, insistió Trump.
“Pregunten a Israel sobre muros. Los muros funcionan si se hacen como es debido”, sostuvo en su discurso el mandatario. En otro momento de su intervención, Trump afirmó que “es hora de detener” la entrada de drogas en Estados Unidos. Estas declaraciones coincidieron con la visita de ayer a Washington del canciller de México, Luis Videgaray, quien prevé reunirse con los secretarios estadounidenses de Seguridad Nacional, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson. Además de por la construcción del citado muro, cuyo costo debería pagar México, según Trump, la relación bilateral pasa por un momento tenso por la intención del mandatario estadounidense de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), del que forman parte los dos países junto con Canadá.
En la reunión, Trump afirmó que la Justicia está “politizada” y acusó a los jueces que evalúan su decreto antiinmigratorio, de momento suspendido, de poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Tres jueces de una corte federal de apelaciones de San Francisco deben pronunciarse esta semana sobre la orden presidencial que prohibió la entrada al país a inmigrantes y refugiados de siete países musulmanes, y que garantizó un inicio accidentado para el joven gobierno de Trump.
“Jamás quiero decir que un tribunal es parcial, por lo tanto no voy a decir que es parcial y aún no tenemos una decisión. Pero los tribunales parecen estar muy politizados”, dijo el presidente republicano en la reunión. Ante un auditorio mayoritariamente cautivo, Trump expresó “estupefacción” respecto a las preguntas hechas sobre su polémico decreto por los jueces durante una audiencia telefónica el martes, señalando que lo que escuchó fue “vergonzoso”.
Trump leyó en voz alta un artículo de una ley adoptada hace 65 años, que estipula que el presidente estadounidense tiene la prerrogativa de cerrar las fronteras a una categoría de ciudadanos extranjeros si pensara que su entrada al país fuera “en detrimento de los intereses de Estados Unidos”.
El presidente republicano, en su tercera semana en el poder, dijo incluso que “un mal estudiante de secundaria” estaría de acuerdo con su lectura de la ley. Según Trump, los jueces deberían fallar a su favor por “respeto a la corte”.
La orden presidencial estipula el cierre de las fronteras a todos los refugiados durante 120 días, y de manera indefinida a los refugiados sirios. Los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen tienen prohibida la entrada durante 90 días. Durante una semana la medida provocó caos en los aeropuertos y protestas mundiales, no menos reclamos de legisladores del mismo Partido Republicano de Trump. Pero el viernes un juez federal de Seattle, en el estado de Washington, suspendió la medida, luego de que dos estados pidieran su revocación argumentando discriminación religiosa y “daños irreparables”.
Ante los comisarios, Trump resaltó que la seguridad en Estados Unidos “está en riesgo” debido a la suspensión del decreto. “Creo que es un día triste. Una de las razones por las que fui electo fue por la promesa de ley y el orden y la seguridad”, señaló.
El nuevo inquilino de la Casa Blanca dibujó un alarmante cuadro de criminalidad, tráfico de drogas y ataques a policías: “muchas comunidades en Estados Unidos enfrentan una crisis de seguridad pública”, dijo. Alertó que los datos de asesinatos en las grandes ciudades se elevaron “a tasas de dos dígitos” en 2016, junto a un aumento de violaciones, ataques y tiroteos. A Chicago, la tercera ciudad del país viciada por una guerra de pandillas, la catalogó de “tragedia nacional”.
“Si Estados Unidos no gana este caso (en San Francisco), nunca podremos tener la seguridad que merecemos merecemos”, había escrito antes en Twitter.
Durante la audiencia del martes, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno, argumentó que el decreto estaba dentro de las atribuciones de Trump, señalando que es “un criterio de seguridad nacional que tradicionalmente se le asigna a la rama política y al presidente”.
En el lado opuesto, el abogado que representa a los estados de Washington y Minnesota, Noah Purcell, subrayó que “siempre ha sido papel del poder judicial decir lo que es legal y supervisar abusos del Ejecutivo”. Los tres jueces federales del Noveno Circuito de Apelaciones determinarán esta misma semana si la suspensión se mantiene o el decreto vuelve a entrar en vigencia.
