El traslado de 100 toneladas de mercurio de la mina Veladero, en San Juan, hasta el puerto de Santo Antonio, en Santiago de Chile, atravesando seis provincias del noroeste argentino, disparó el alerta de los sectores ambientalistas y el reclamo por la falta información oficial sobre las medidas implementadas para el transporte de este metal líquido a temperatura ambiente, que es altamente contaminante. Sin embargo, la preocupación no es sólo por el transporte de la sustancia tóxica, sino por las otras 340 toneladas que tiene acopiadas desde 2012 la minera Andina del Sol, alianza comercial de la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que opera la mina sanjuanina. Según el abogado de la Asamblea de Jáchal, Enrique Viale, por la acumulación del material hay una causa en el juzgado penal de Claudio Bonadio contra el secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, denuncia que fue desestimada desde la secretaría.

El convoy con los residuos tóxicos que viajan en botellones de acero, colocados en contenedores transportados en camiones partió de la provincia de San Juan el miércoles a la madrugada rumbo al Paso de Jama, en Jujuy, por donde cruzaran al país vecino. El destino final del material tóxico es una mina de sal en Alemania, donde serán enterrados después de un tratamiento en Suiza, que convertirá el metal líquido en sulfuro de mercurio para solidificarlo. 

Ayer, un día después de que partiera el operativo y ante las alarmas encendidas por la falta de información, la Secretaría de Ambiente brindó detalles sobre el proceso de transporte.

El subsecretario de fiscalización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino, explicó a PáginaI12 que el mercurio que se está transportando “surge como consecuencia del proceso productivo de esta actividad minera. Durante varios años el mercurio se exportó, se transportó y comercializó, y nadie decía nada cuando salía el mercurio elemental con más de 99 por ciento de pureza. Posteriormente, cuando se empezaron a discutir convenios internacionales que regulen su utilización, muchos países dejaron de comprarlo y todos los que lo generaban debieron empezar a acopiarlo porque no había una solución integral. En el medio, sale el tratado de Minamata (Japón-2013) para eliminar su uso, que la Argentina ratificó en 2017, y en ese marco y el del Convenio de Basilea, que regula el transporte internacional de residuos peligrosos, se empieza a buscar soluciones”. En ese sentido, señaló que las opciones son “acopiar o exportar el material a algún país que tenga la tecnología adecuada para tratarlo y darle una solución ambiental adecuada”.

De acuerdo al funcionario, la exportación fue la alternativa que propuso la empresa Veladero –que tuvo varias denuncias por los tres derrames de cianuro entre 2015 y 2017– una solución que planteó “una logística enorme” ya que la carga pasará por nueve países, “a los que debió informarse y obtener el acuerdo en el marco del convenio de Basilea”: Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza y finalmente Alemania.

El operativo de traslado que está en manos de la empresa suiza Batrec y monitoreado por la policía ambiental de cada jurisdicción podría estar dejando hoy el país para dirigirse al puerto de San Antonio, en la región chilena de Valparaíso. “La salida por Chile tuvo que ver con la disponibilidad naviera. No existen muchas empresas que transporten residuos peligrosos y, por una cuestión de seguridad, al atravesar zonas menos pobladas se disminuyen los riesgos”, explicó Trebino.

Para Viale, se debería haber informado y alertado a las poblaciones por donde “transita el operativo de traslado”. El letrado remarcó que el acopio de mercurio “es una bomba de tiempo”, y recordó que “ley de Glaciares prohíbe el acopio de residuos peligrosos sobre glaciares y ambientes periglaciares, que es la zona en la que está asentada Veladero. Por esa acumulación ilegal de mercurio en la Barrick, que está en la cuenca de río Desaguadero, denunciamos a Bergman por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la fiscal Alejandra Mángano requirió la instrucción”.