Un jurado popular de 12 miembros consideró “no culpable” a Lino Villar Cataldo, el médico cirujano que mató a tiros a Ricardo Krabler cuando éste intentaba robarle su Toyota Corolla en la puerta de su consultorio, en Loma Hermosa, Tres de Febrero, el 26 de agosto de 2016. El veredicto surgió después de cuatro días de juicio en los Tribunales de San Martín, ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de San Martín, a cargo de Carolina Martínez.

El jurado tenía tres opciones en su veredicto: culpable por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego; culpable por exceso en la legítima defensa; o no culpable. Y se decidió por esta última posibilidad después de alrededor de una hora de debate a puertas cerradas. Al término del juicio, las partes hicieron sus declaraciones a la prensa. También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter, aseguró, con un contrasentido, que estaba convencida del fallo porque “desde el primer día se sostuvo que el Estado lo iba a cuidar”. 

Los 12 jurados, presididos por una mujer que fue quien leyó el veredicto, coincidieron en absolver al médico de los delitos de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” por el que fue acusado por la querella, y “homicidio con exceso en la legítima defensa” que pretendió imponer la fiscalía a cargo de Noemí Carreira.

Villar Cataldo, de 65 años, se retiró del edificio judicial situado en Ricardo Balbín 1753 a toda velocidad, sin hacer declaraciones a la prensa, mientras que su hermano César afirmó que se hizo “justicia” y que su hermano “no hizo nada mal”.

El abogado defensor del médico, Diego Szpigiel, sostuvo que “el jurado popular le dio una señal a los magistrados” de que “nunca deben dejar de ver los hechos” y que la sentencia “sin lugar a dudas va a marcar jurisprudencia”.

Por su parte, Silvia, la madre de Ricardo Krabler, de 24 años, sostuvo indignada que quien se acerque al médico “es muerto seguro” ya que a su criterio, Villar Cataldo “va a seguir matando”.

La audiencia había comenzado cerca de las 9 de la mañana con el alegato de Carreira, quien solicitó al jurado que el acusado fuera condenado por “homicidio agravado por el uso de armas con exceso en la legítima defensa”, delito que prevé penas de entre un año y ocho meses y ocho años de prisión. A diferencia de la fiscalía, el abogado Juan Carlos Maggi, quien representa a la madre de Krabler como particular damnificada, reclamó una condena por “homicidio simple agravado por el uso de arma”, penado con entre 8 y 25 años de cárcel.

En tanto Szpiegel había pedido en su alegato la absolución.

Luego, el médico pronunció sus “últimas palabras” ante el jurado. “Pido disculpas porque haya habido un muerto pero yo no lo busqué”, dijo Villar Cataldo, y agregó: “Me parece increíble haber llegado a esto, tengo una pena enorme, estoy destruido, se ha desarmado la familia.” Luego de esas palabras, la jueza Carolina Martínez dispuso un cuarto intermedio de una hora para reunirse con los 12 miembros del jurado e informarles las instrucciones para que arriben a un veredicto.

Minutos antes de las 17, tras casi una hora de deliberación, el jurado popular compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, arribó a un veredicto y lo hizo público.

Como señaló a Página/12 un especialista en juicio por jurados, “la función del jurado popular es decidir si se mantiene la inocencia con la que llega el acusado, o si las razones expuestas por la fiscalía permiten entender su culpabilidad y por lo tanto que el Estado lo sancione. Es decir, se le pregunta ‘¿es culpable o no culpable’. En este caso lo consideró no culpable, porque inocente ya era”.

El hecho ventilado en el debate ocurrió el 26 de agosto de 2016, cerca de las 20, cuando el médico se retiraba con su Toyota Corolla de su consultorio de la calle Ombú 6865, de Loma Hermosa, y fue abordado por Krabler. Según dio por probado la fiscalía, el joven le dio un culatazo en la cabeza, se subió al vehículo del médico con fines de robo y terminó muerto de cuatro balazos efectuados por el imputado con una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros. La fiscalía sostuvo que “Villar Cataldo decidió disparar cuando ya no estaba en riesgo su vida, sino sólo el derecho de propiedad que tenía respecto de un automóvil asegurado. Su conducta entonces devino desmedida, puesto que en su afán de retener su automóvil ha afectado el bien jurídico de más valor, es decir la vida”, señaló la fiscal en el requerimiento de elevación a juicio. Más coloquial, que mató para que no lo robaran. El punto de inflexión de la acusación: la valoración social actual sobre el valor vida respecto al valor bienes.

Mucho más directo y emocional, el mensaje de la defensa apeló a que el jurado se situara en el lugar del acusado, que imaginara qué hubiera hecho en su lugar –no en el momento de la compra del arma, antes del vértigo, cuando surge la decisión para usarla y que inevitablemente agrega la fuerte presunción de puede matar–, sino ya en el momento de dispararla, cuando ya todo es tarde y el autocontrol queda a merced de las casualidades.

Lejos del médico a quien no protegió porque sus disparos hablan de la ausencia del Estado en todo sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuiteó que “desde el primer día se sostuvo que el Estado lo iba a cuidar, y este fallo da cuenta de que estamos acá para proteger a la víctima, no al victimario”. Un punto aparte fue su concepto de considerar al jurado popular como parte del Ejecutivo.

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