El fiscal Franco Picardi sostiene que existen pruebas de que se pagaron sobornos millonarios a funcionarios del Ministerio de Planificación antes y después la licitación para las obras del soterramiento del tren Sarmiento (que se remonta a 2006), y pidió que se revoque la falta de mérito con la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi había beneficiado al empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, de la empresa Iecsa, y a otro grupo de empresarios vinculados a la unión transitoria de empresas (UTE) que fueron beneficiarias con aquella contratación, que son Odebrecht, Comsa y Ghella, así como al supuesto intermediario Jorge “Corcho” Rodríguez. El juez decía que se habían probado delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y algunas dádivas pero no así las coimas. 

El escrito de Picardi, que pide que la Cámara Federal que revea la decisión del juez, dice que hubo dos tramos probados de sobornos. Señala un momento previo a la adjudicación de la obra, donde se determinó, que las firmas Iecsa y Comsa pagaron por lo menos un millón de pesos al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y que lo hicieron a través de contratos ficticios con una firma fantasma, llamada CAESA SA, de Manuel Vázquez, testaferro del ex funcionario. Vázquez es el ex asesor que este año se presentó en esta causa pidiendo declarar como arrepentido. Lo hizo, relató que se pagaron 20 millones de dólares, involucró a Iecsa (que además era socia de Odebrecht en esta unión de empresas), habló de entregas en bolsos. Luego tuvo una intervención quirúrgica del corazón y no pudo ir a una audiencia hasta ahora para la posible homologación. Pero el juez Martínez de Giorgi resolvió antes las faltas de mérito. 

En una segunda etapa, sostiene Picardi, cuando la obra ya estaba adjudicada, las modalidades de pago se complejizaron y se pudo constatar la utilización de empresas offshore para la triangulación de dinero y se cotejó la fuga de 5 millones de dólares al Principado de Andorra, a la banca privada de ese país, que es un paraíso fiscal. En la operatoria habría intervenido Santiago Altieri, de Iecsa. En este caso, recuerda la apelación, también se utilizó un contrato ficticio entre las cuatro empresas de la UTE y la española DSC, que fue utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos. Hay declaraciones incorporadas a la causa que lo acreditarían. Según Picardi esta situación fue advertida por la AFIP. Cuando se reconstruyó el recorrido del dinero, se estableció que el destino fue una financiera en Uruguay, donde se habría retirado en efectivo. En ese país es donde se detectó la firma Sabrimol Trading, atribuida a Jorge “Corcho” Rodríguez, que habría operado según la investigación en la recepción de sobornos de Odebrecht al menos. Rodríguez es considerado por la fiscalía el intermediario para pagos ilegales con los ex funcionarios José López, ex secretario de Obras Públicas, y Roberto Baratta. Por eso Picardi pide procesamientos por cohecho y negociaciones incompatibles para ellos, Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi. 

En su momento, al dictar la resolución que alivió principalmente a los empresarios, Martínez de Giorgi decidió hacer un lado el criterio que utilizó cuando los llamó a indagatoria, por el cual había valorado las delaciones de arrepentidos que declararon en la causa Lava Jato en Brasil vinculando a los argentinos, como el caso de Luiz Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina. Además, el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, había dado cuenta de esas “delaciones”, mostrando los videos. Pero a la hora de resolver Martínez de Giorgi dijo que todavía no se había avanzado en el convenio con el ministerio Público Fiscal de Brasil, que recién esta vez homologó, a la espera de la recepción oficial de las declaraciones en ese país a cambio de la garantía de que los brasileños no serán imputados en Argentina. 

Pero lo que está señalando el fiscal es que, más allá de esos aportes, en la causa ya existen pruebas que acreditan coimas. Recordó que analizó correos electrónicos secuestrados a ejecutivos de Odebrecht, facturaciones por servicios inexistentes, el acuerdo de culpabilidad que firmó Odebrecht con Estados Unidos donde reconoce el pago de sobornos, información de AFIP y de la Inspección General de Justicia y del Banco Central, más documentos secuestrados en allanamientos en información aportada por otros países. 

Para el fiscal se deben embargar las cuentas de Odebrecht y Ghella por 300 millones de pesos, a Comsa por 100 millones y a Angelo Calcaterra, (ya que las acciones mayoritarias de Iecsa fueron vendidas), 249 millones de pesos. 

Así, además de apelar la falta de mérito de Calcaterra, la Cámara deberá revisar las de Mario Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciriani, Santiago Altieri, Alejandra Kademian, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Provide, Augusto Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Rodríguez y Diego Pugliesso, todos de la UTE (Iecsa-Odebrecht, Ghella y Comsa). Picardi pide que se los procese por cohecho. Lo mismo pidió para Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro, que habían sido procesados por dádivas, un delito menor. También requirió agravar la situación de los ex funcionarios y el procesamiento de Manuel Vázquez y Rodríguez. Y que se determine el papel en los sobornos de De Vido y otros funcionarios. Apeló también los sobreseimientos del círculo cercano de familiares de Vázquez (Julián Vázquez, Mariano y Margarita Domínguez) a quienes considera partícipes del cohecho. 

Mientras tanto, todo apunta a que se active el convenio con Brasil, y a que Vázquez en el algún momento asista a tribunales a ratificar y tramitar la homologación de su arrepentimiento. 

El llamado a licitación para las obras del Sarmiento fue en el año 2006. Hasta poco tiempo antes Iecsa era del grupo Macri, y ahí pasó a manos del primo, una suerte de continuidad; hoy está en manos del empresario aliado del Gobierno Marcelo Mindlin.