La paritaria docente de este año enfrenta dos desafíos clave: recomponer el poder adquisitivo perdido durante el año pasado y reducir la dispersión salarial entre las distintas provincias. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante el 2016 los docentes de todas las provincias, con excepción de Salta, perdieron frente a la inflación. En promedio estuvieron un 9,9 por ciento por debajo de la suba de precios. Los aumentos nominales para los salarios docentes se ubicaron en un promedio del 30 por ciento, pero con una alta dispersión que llevó a que se registren incrementos del 20,43 por ciento en Santa Cruz al 41,25 por ciento en Salta. Aunque bajó la paritaria nacional docente, el objetivo del Gobierno es que las provincias respeten la pauta de un aumento del 17 por ciento este año, en línea con la inflación proyectada por el Banco Central. 

El primer mensaje fue enviado desde la provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal anticipó que pretende un techo salarial para la paritaria docente del 18 por ciento, en cuotas, con una cláusula gatillo para ajustar ese porcentaje a la inflación que finalmente se produzca. El gobierno nacional pretende que ese número sirva de pauta para el resto de las provincias y otras actividades. En casi todos los sectores productivos las paritarias estuvieron a la zaga del 41 por ciento de inflación de 2016, según la medición del IPC porteño. No obstante, en el caso de los docentes la caída fue aún más pronunciada.

El año pasado el promedio de aumento salarial docente ponderado por provincia fue de 26,9 por ciento, mientras que en 2015 había sido de 32,3 por ciento con un nivel inferior de inflación (26,9 por ciento). El informe del CEPA, que dirige el economista Hernán Letcher, toma en consideración un salario bruto de un docente de Primaria, con jornada simple y enseñanza común y diez años de antigüedad. Los docentes más afectados por la pérdida de poder adquisitivo respecto del IPC CABA –todos con aumentos salariales inferiores a 30 por ciento– fueron los de Santa Cruz, con un 14,49 por ciento, seguidos por los de Mendoza (13,51), Corrientes (12,51), Neuquén (11,85), Catamarca (11,14), Formosa (10,01), Jujuy (9,92), Misiones (9,15) y Buenos Aires (9,01). 

La paritaria bonaerense busca ser el caso a imitar por el resto de las provincias. De hecho, fue una de las que más redujo el aumento respecto del año previo. En 2016 el aumento alcanzó al 28,14 por ciento, mientras que en 2015 había sido del 44,34 por ciento. Lo mismo sucedió con Neuquén, que pasó de 49,75 por ciento de aumento en 2015 a un 24,15 durante el año pasado, y Catamarca, de 41,29 a 25,15. Si se releva por escalafón, el efecto fue una pérdida adquisitiva bastante pareja (9,18 por ciento), que se acentúa en puestos directivos. De esta manera, un director de Primaria perdió 8,69 por ciento respecto a la inflación, mientras que uno de Secundaria cedió un 10,69, siendo el más perjudicado por los aumentos aprobados por Vidal.

Estas diferencias por puesto no tienen sustento en el peso de los salarios sobre el gasto total educativo de las provincias. Según el CEPA, para el nivel inicial y primario el gasto representa el 51 por ciento de participación en la torta, el secundario suma un 42,40 por ciento y el Superior, un 6,6 por ciento. 

Para estimar el costo fiscal respecto de las posiciones de mínima del gobierno (18 por ciento) y la de los gremios (25 por ciento), el informe analiza el gasto en personal docente de cada una de las provincias. Por población y cantidad de docentes, Buenos Aires lidera el ranking con 101.282 millones de pesos el año pasado, seguido por Santa  Fe (22.738 millones), Córdoba (20.151 millones), Ciudad de Buenos Aires (13.679 millones), Mendoza (13.243 millones), Chaco (10.753) y Entre Ríos (10.259 millones). Sobre la base de estos costos estimados, el costo fiscal que representa la diferencia entre ambas propuestas (del 18 al 25 por ciento) de incremento salarial docente para  todas las provincias ascendería a 20.794 millones de pesos.