En una semana caracterizada por el desplome de las acciones y bonos argentinos en Wall Street, por la huida de todos los grandes inversores del "riesgo argentino", llegó desde el norte otra mala noticia para el Gobierno. Esta vez en el terreno judicial, con un fallo que puede reabrir la supuestamente cerrada para siempre pelea con los fondos buitre.
La estrategia judicial de la República Argentina e YPF, frente a la demanda que abrió el fondo Burford Capital por la expropiación de la petrolera estatal, recibió un duro revés por parte de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El tribunal de apelaciones rechazó un recurso presentado contra el fallo de la jueza Loretta Preska, quien consideró que la Argentina violó los términos de expropiación y habilitó a a los litigantes a seguir adelante con el juicio, que podría tener un costo de 3 mil millones de dólares para el país. Desde el Gobierno, intentan quitarle dramatismo a la resolución y resaltaron que ya se presentó un recurso de suspensión de juicio ante la jueza de primera instancia del Distrito Sur.
El estudio de abogados que representa al Estado argentino y a la petrolera estatal solicitará un pedido de "stay" para detener el inicio del juicio hasta tanto la Corte Suprema norteamericana se expida sobre un reclamo anterior respecto de la falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses para llevar adelante la causa iniciada por Burford Capital, tras comprar en España los derechos del juicio al Grupo Petersen, accionista de YPF cuando aún estaba en manos de Repsol.
El primer objetivo del Estado argentino fue que el juicio se desarrolle en los tribunales nacionales para evitar fallos contrarios como ocurrió con la demanda de los fondos buitre por el default los bonos de la deuda de 2001. Ese reclamo ya fue rechazado en primera instancia por la jueza Preska —que reemplazó al recordado Thomas Griesa tras su muerte— y también en segunda instancia, pero resta la resolución por parte de la Corte, que, en enero pasado, le solicitó opinión a la administración Trump.
El recurso presentado por el estudio de abogados que representa al Estado argentino se denomina "certiorari" y permite elevar una presentación directa al máximo tribunal norteamericano. La presentación que exige revisar la jurisdicción cuenta con el apoyo de México, Chile, Brasil y Colombia. Fuentes del Gobierno, según la agencia Télam, recordaron que la jueza Preska ya admitió esta semana un pedido similar, por lo que se mantenía la expectativa de que pudiera admitir el pedido y suspender el inicio del proceso.
