El 70 por ciento de las familias inquilinas de la Ciudad de Buenos Aires, una vez que cubren los gastos de la vivienda (incluido el alquiler y las expensas), queda por debajo de la línea de pobreza y el 50 por ciento, bajo la línea de indigencia.

Los datos se desprenden de un informe reciente elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Solo el 30 por ciento de las familias inquilinas porteñas supera la línea de pobreza, en tanto que un 50 por ciento supera la línea de indigencia.

El informe, que recoge datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, detalla que en febrero de 2019, una pareja de 35 años, ambos económicamente activos, propietarios de la vivienda y con dos hijos de 6 y 9 años necesitó 26.858 pesos para cubrir los gastos de alimentación, vivienda y servicios del hogar. Si a eso se le suma el alquiler de un departamento de tres ambientes –cuyo valor promedio ronda en los 20.362 pesos–, se establece que una familia inquilina necesita ingresos superiores a los 47.220 pesos para superar la línea de pobreza, algo que solo cumplen el 30 de las familias en la ciudad. Al mismo tiempo, para superar la línea de la indigencia, una familia necesita ganar más de 33.681 pesos, un requisito que solo cumplen el 50 por ciento de las familias porteñas.

“No hace falta ser un erudito para entender que, con ingresos familiares inferiores a 27.000 pesos, es imposible vivir dignamente pagando alquileres de dos ambientes que superan los 14.000 pesos”, afirmó Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo.

En el caso de los hogares unipersonales, un inquilino necesita ingresos superiores a los 20.353 pesos, algo que cumple menos de la mitad de la población ocupada. El dato cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que, según datos oficiales, 36,8 por ciento de los porteños viven solos y un 11,4 por ciento está formado por madres o padres con hijos a su cargo. Es decir que casi la mitad de los habitantes de la ciudad tiene que enfrentar los gastos del hogar con un solo ingreso. “Con precios que rondan los diez mil pesos para monoambientes y más de trece para dos ambientes, no nos sorprende el aumento en la cantidad de inquilinos que se acercan para rescindir su contrato de alquiler. Esto implica empeorar sus condiciones de vida, con tal de no acumular deudas y evitar conflictos”, manifestó Muñoz.

Consultado sobre esta situación, el legislador porteño Santiago Roberto, del Bloque Peronista, aseguró: “Una máxima de la economía política dice que mientras los precios suben por el ascensor, los salarios lo hacen por las escaleras. En una economía en crisis como la que estamos viviendo, esta frase cobra más vigencia que nunca respecto a la problemática de los alquileres”. “En la Ciudad podemos ver que hay un aumento en la construcción con destino residencial y una creciente valorización del suelo, lo que provoca un desfasaje respecto a los ingresos de los hogares de las capas medias y bajas y sus posibilidades de acceder a una vivienda. Esto pone en evidencia la desvinculación entre la dinámica del mercado de la construcción y las necesidades habitacionales del conjunto de la población. Así, Buenos Aires se está convirtiendo en una ciudad expulsiva, que solo está al alcance de quienes puedan pagarla. Y lamentablemente vemos que este porcentaje es cada vez menor”, agregó.

Roberto vinculó la problemática de los inquilinos con la situación económica actual y la inflación “de más del 51 por ciento, la más alta desde 1991”. “Con tarifas de servicios públicos y transporte que aumentaron muy por encima de los salarios y ni hablar de los incrementos en los alimentos, las prepagas y las cuotas de los colegios, hoy una familia porteña de cuatro integrantes necesita un ingreso mensual de más de 27 mil pesos para no ser pobre, es decir para poder acceder a los artículos de primera necesidad y alimentos, sin incluir el gasto en alquiler. Mientras que, en promedio, el valor de un alquiler de un dos ambientes, más las expensas y los servicios está cerca de los 17 mil pesos. Es muy poco el resto que queda para poder vivir”, analizó.

Además, Roberto vinculó la problemática habitacional con la falta de políticas públicas de vivienda en la ciudad y, lo que es peor, con el desarrollo de una política que permanentemente beneficia al mercado inmobiliario por sobre el interés de los vecinos. “Desde que Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno en el 2007, el espacio público se fue redireccionando hacia los desarrolladores inmobiliarios, afianzando la rentabilidad del negocio para estos sectores. Esta decisión política no sólo tuvo una escasa o nula incidencia en mejorar el déficit habitacional sino que, por el contrario, contribuyó a incrementar el valor del suelo y de los inmuebles, aumentando las restricciones de acceso a la vivienda de los sectores medios y bajos de la sociedad”, sostuvo el diputado, que forma parte de la comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.

“Las políticas públicas en materia de vivienda que está llevando adelante el PRO en la Ciudad acentúan esta problemática. Los nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación, que fueron aprobados el año pasado en la Legislatura porteña, solo con los votos del PRO, no generan herramientas para que los vecinos puedan acceder a una vivienda ni mejoran la calidad de vida. Por el contrario, empeoran la situación actual, porque aumentan la fragmentación entre los ciudadanos propietarios y los inquilinos, y fomentan la especulación inmobiliaria. Es decir, el espacio urbano que se genera está dirigido a sectores altos y no a resolver el déficit habitacional de la mayoría de los porteños”, detalló.

En esa misma línea, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, aseguró que el gobierno porteño “es el que más facilitó el negocio inmobiliario vendiendo terrenos públicos, elevando el valor del metro cuadrado y del suelo, y desregulado absolutamente el mercado”. “Además, en un momento tan grave en términos económicos, el mercado avanza pretendiendo cada vez más rentabilidad y eso se traduce en contratos más cortos, en  renegociaciones cada 3 o 6 meses, pero también en una reforma del Código que les permite construir viviendas cada vez más chicas. Es el mercado maximizando su rentabilidad en una ciudad que ya vive una crisis habitacional enorme y donde aún así todas las políticas públicas están destinadas a favorecer el negocio inmobiliario”, sentenció.

Por último, Fernando Muñoz lamentó que “la realidad que les toca vivir a gran parte del millón de inquilinos porteños es sumamente angustiante”. “Son familias que se mudan a departamentos más pequeños y alejados, que cambian a sus hijos de colegio y se distancian más del trabajo. Son jóvenes que ven frustrados sus proyectos de vida, volviendo a casa de sus padres. Son adultos mayores que, en el mejor de los casos, pueden mudarse a casa de sus hijos y en muchos otros, deben alquilar habitaciones derruidas en hoteles familiares. También están aquellos que ya vivían una situación desesperante y hoy son empujados a opciones de vivienda inhumanas o directamente a la calle. Pero para quienes aún pueden alquilar la situación tampoco es fácil: el dinero que les queda es de subsistencia y los convierte en hogares pobres en barrios de clase media”, concluyó.