En diálogo con PáginaI12 , el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, analizó el fallo reciente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que declaró inconstitucional la Ley 5.859 que prohíbe a las inmobiliarias cobrar la comisión de los contratos a los inquilinos en la ciudad. La Cámara argumentó que la Legislatura porteña no tiene potestad sobre este tema sino que es competencia del Estado Nacional. 

–¿Cómo analiza el fallo?

–Me parece que es un símbolo muy grande del atraso que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y en el país respecto a las políticas de vivienda. Estamos hablando de una ley que se votó hace 18 meses y las inmobiliarias la están llevando a la justicia de una forma muy organizada porque no quieren que esto no se replique en otras ciudades y provincias. Al fin y al cabo, el fallo es una muestra del poder que tienen las inmobiliarias que bajo ningún punto de vista quieren que se regule un mercado que hoy está completamente desregulado. Los inquilinos somos un sector profundamente cautivo de la necesidad y las inmobiliarias se aprovechan de eso, por eso quieren que nosotros paguemos la comisión y no los propietarios. 

–Se generó mucha confusión sobre si esto implicaba o no una suspensión a la ley. ¿Sigue o no vigente la ley en la Ciudad?

–Sí, la ley sigue vigente y en la Ciudad de Buenos Aires no se puede cobrar comisión a los inquilinos. La confusión se generó porque algunos sectores inmobiliarios aprovecharon el fallo para plantear que la ley se cayó y empezar a cobrar comisiones de vuelta, cosa que hemos visto en estos días. El problema es que cuando el Estado se retiró de la mediación entre los inquilinos y el mercado, dejaron una situación en la que las inmobiliarias y los corredores inmobiliarios hacen y deshacen a su gusto y donde reina la ley del más fuerte, que son ellos. Entonces, este fallo no es ingenuo, viene a generar esta confusión. Es un fallo que responde más a los intereses económicos del mercado inmobiliario y de cierta clase política que a una cuestión jurídica. Además, hay que señalar la gravedad de que un juez como Esteban Centanaro, muy ligado al negocio inmobiliario falle de esta forma y no se haya excusado en esta causa.

–Y esto se da en el marco de un gran debate respecto a la ley nacional de alquileres. ¿En qué estado está hoy esa ley?

–Se está tratando en la comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores y creemos que en pocos días tendremos dictamen de la comisión de Legislación General. Por otro lado, el gobierno nacional quiere impulsar una falsa ley de alquileres. Y digo falsa porque quieren sacar la regulación del precio y para nosotros eso es la ley de alquileres: la regulación del precio por inflación y salarios. Por un lado, hemos logrado que se debata en el Congreso y en las diferentes legislaturas del país la situación de los que alquilamos viviendas, hemos logrado instalar que hay que regular el mercado de alguna forma y que el Estado tiene que intervenir en la regulación del acceso al alquiler de viviendas; pero, por otro lado, todavía tenemos pendiente un punto central y es que la justicia y la clase política –o al menos un sector de la clase política– pertenecen al mercado inmobiliario y entonces generar transformaciones reales es muy difícil. Tenemos un desafío muy grande que es seguir discutiendo si el acceso a la vivienda tiene que ser como el acceso a cualquier otra mercancía o tiene que ser reconocido como un derecho.

–¿Cuáles son los tres ejes centrales de la ley nacional?

–Regular el precio por inflación y salarios, extender el plazo de los contratos de alquiler a tres años y blanquear todos los contratos de alquiler del país.

–Entre quienes se oponen a la ley, suelen decir que haría que se retiren propiedades del mercado y eso subiría los precios de los alquileres.

–Creo que es el único argumento que les queda. La verdad es que siempre que hubo leyes que regularon el mercado de alquileres fue cuando la mayor parte de la sociedad pudo acceder a la vivienda en condiciones mucho más dignas. Todo eso que está diciendo el mercado que va a suceder si se aprueba la ley es lo que está sucediendo ahora pero porque no hay regulación. Por supuesto, sabemos que la batalla va a ser enorme.