Un relevamiento reciente del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo señala que cada vez son más los inquilinos que abandonan sus viviendas antes de terminar sus contratos: de las últimas consultas recibidas por el organismo en el último año, casi el 40 por ciento son de inquilinos que ya no pueden cubrir los gastos de alquiler, expensas y servicios básicos. Además, de las últimas 600 consultas realizadas por inquilinos, el 66 por ciento fueron iniciadas por mujeres y solo el 34 por ciento, por hombres. Al mismo tiempo, son las mujeres las que más dificultades tienen para sostener el pago del alquiler en tiempos de crisis: iniciaron el 68 por ciento de los trámites vinculados con ese tema. 

“Lo que está claro es que la mujer tiene menos plata para gastar en el alquiler que el hombre. Y eso explica, entre otras cosas que, de diez trámites iniciados por dificultades para pagar el alquiler, siete son abiertos por mujeres. La desigualdad económica, de ingresos salariales, sin duda impacta de manera directa en las mujeres que alquilan”, aseguró Fernando Muñoz. 

Por su parte, Florencia Presta, referente de Inquilinos Agrupados vinculó esta situación con “la división sexual del trabajo”. “La vivienda es una de las actividades relacionadas a las tareas de reproducción que históricamente han sido reservadas para las mujeres y por eso, en parte, son quienes inician la mayoría de los trámites”. “Sin embargo, hay otro factor a tener en cuenta que tiene que ver con la brecha salarial y que las mujeres siguen siendo las más precarizadas en el mercado laboral”, agregó.

En Argentina, la brecha salarial es de 27,5 por ciento: en 2018, el ingreso medio de los varones fue de 21.792 pesos y el de las mujeres de 15.241. Esto significa, por ejemplo, que las mujeres trabajan 1 año y 3 meses para obtener lo mismo que los varones en 1 año. Y si bien en la Ciudad de Buenos Aires la brecha desciende al 23,3 por ciento, según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Estadísticas y Censos, la diferencia de ingresos sigue siendo significativa sobre todo si tenemos en cuenta que las mujeres son mayoría en los trabajos “no calificados”, donde representan el 63,1 por ciento, mientras que los varones son el 36,9 por ciento. Esta desigualdad expone a las mujeres a una situación de mayor precariedad también a la hora de discutir un contrato de alquiler y se profundiza aún más si se combina con otros factores de exclusión: madres solteras, jubiladas o migrantes.

“El año pasado hicimos una encuesta desde la Federación de Inquilinos Nacional en la que vimos que al 30 por ciento de las inquilinas les preguntaron si había algún varón que pudiera respaldar el pago del alquiler. Es decir, hay una situación de discriminación, de no aceptar a la mujer como responsable y una mirada de cierta desconfianza, sobre todo hacia aquellas mujeres que tienen hijos. Incluso, un 28 por ciento de las inquilinas con hijos manifestaron haber tenido dificultades para alquilar teniendo hijos”, señaló Presta.

Del relevamiento surge también que las mujeres sufren mayor abuso por parte de las inmobiliarias. Y si bien los reclamos se redujeron notablemente tras la sanción de la ley de alquileres en la Ciudad, en agosto de 2017, el 84 por ciento de las denuncias realizadas previamente por abusos de inmobiliarias fueron hechas por mujeres. Además, si se analiza cómo se componen esas denuncias, se observa que si el 5,55 por ciento de los trámites iniciados son por problemas con el intermediario, en las mujeres ese porcentaje asciende al 7,11 por ciento, mientras que en los hombres desciende al 2,58 por ciento. “El mercado inmobiliario es mucho más agresivo con la mujer que con el hombre. La mujer inquilina es más perjudicada al momento de firmar el contrato de alquiler. Comisiones indebidas, o gastos administrativos, así como la amenaza de no devolver la seña, son más habituales frente a la mujer que alquila vivienda”, concluyó Muñoz.